El segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), autorizando remitir el referido documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, fue respaldado por el Parlamento venezolano este martes.
El diputado Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, exhortó al régimen venezolano a respetar el derecho a la vida, la integridad y la salud de todos los presos políticos y exigió medidas humanitarias “extraordinarias” a favor de los presos políticos para “recibir atención médica oportuna y así poder salvar sus vidas en libertad”.
Abogó por una amnistía general para recobrar el curso democrático e institucional del Estado de Derecho y propuso que en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, se exija una evaluación independiente inmediata con respecto a la atención urgente de casos de gravedad sobre los presos políticos.
“Algunos presos políticos están padeciendo enfermedades graves y no se les permite recibir atención médica especializada. Muchas de esas patologías fueron causadas como consecuencia de los tratos crueles y las torturas recibidas”, denunció Casella, recordando que la excarcelación del general de división Pedro Naranjo, quien padece un tumor cerebral produjo por la presión nacional e internacional.
Testimonios
Con la venía del presidente Juan Guaidó, se otorgó el derecho de palabra a tres familiares de presos políticos. En efecto, primero, intervino Loredana Hernández, hija del general de brigada de la GN, Héctor Hernández Da Costa, quien denunció que su padre está grave y delicado de salud y padece pérdida de la visión; prostatitis tipo 2; arritmia cardiaca; tiene una válvula en su corazón, y es diabético. Subrayó que Da Costa, tiene medidas cautelares de la OEA y de liberación por parte de la ONU, “la cual no ha sido cumplida hasta los momentos”
Kenny Molina, esposa del preso político civil Javier Tarazona, directivo de la ONG Fundaredes, pidió a la ONU, CDH y a la comunidad internacional, que intercedan por los presos políticos y denunció que Tarazona, su hermano Rafael y Omar García, miembros de su equipo presentan un cuadro complejo de salud que se incrementa debido a las condiciones infrahumanas que se encuentra en reclusión.
Para concluir las intervenciones, Molly de la Sotta, hermana del Capitán Navío Luis de la Sotta, recordó que el caso de su hermano es el número 13 del informe de la Misión Independiente sobre la determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, determinó que Luis Sotta había sido detenido arbitrariamente, sufrido desaparición forzosa a corto plazo, tortura, tratos crueles e inhumanos y concluyó solicitando su libertad. Sin embargo, desde hace un año de ese exhortó, el capitán Sotta sigue en confinamiento; le prohíben recibir luz del sol; tiene restricciones de llamadas telefónicas, visitas de familiares, abogados y sin atención médica, afirmó.
