- De acuerdo con la abogada Karla Franco, que una institución pública como el Metro de Caracas no cumpla las condiciones óptimas para el desplazamiento de personas con discapacidad “representa una violación a sus derechos humanos”
- Caroline Ruiz, directora de la asociación civil Buena Voluntad, señaló que es necesario hacer un trabajo de accesibilidad, indicando que se han llevado a cabo algunas iniciativas, pero que es “tarea de todos”.
Que a una joven le negaran la entrada a una tienda de ropa por estar en silla de ruedas trajo como consecuencia la viralización de la discriminación y limitaciones a las personas con discapacidad en Venezuela. Algo que no solo se evidencia en el ámbito social, sino también en lo legal.
El caso al que se hace referencia es el de Kelly Ayary y repercutió en las redes sociales. La joven denunció vía Twitter el pasado 29 de agosto que en una tienda de la compañía Balú, ubicada en el Centro Comercial Propatria de Caracas, le impidieron el ingreso solo por estar en silla de ruedas.
“Yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, dijo la joven en un video que rápidamente fue compartido por miles de personas que condenaron este hecho.
Un día después, la empresa emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido con Kelly Ayary, donde rechazaron “categóricamente cualquier acto discriminatorio, fundado en la raza, el sexo, el credo, la condición social o cualquier otra que menoscabe el derecho a la igualdad, dentro y fuera de sus tiendas”.
Más allá de un comunicado
Runrun.es contactó a la empresa Balú a través de un correo electrónico que pusieron a disposición del público para realizar sugerencias. A la compañía se le consultó si tienen alguna política que impida el ingreso de personas en silla de ruedas a sus tiendas, a lo que respondieron:
“En efecto, se está conversando el brindarle a Kelly una experiencia grata en nuestras tiendas, sin embargo, todos debemos realizarlo por los canales regulares. Por otra parte, comentamos que no, dentro de nuestras políticas no hay discriminación alguna, ni de raza, ni de sexo ni por discapacidad, estos son casos puntuales de acciones arbitrarias e individuales que lamentablemente nos afectan a todos como empresa y debes dar la cara y asumir los errores del personal tanto interno como externo”.
Además, aseguraron que evaluarían las medidas correctas que deberían tomar en este caso puntual y que, también, trabajarán en la capacitación a su personal para que brinden el servicio adecuado a sus clientes.
Consecuencias del hecho
El Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) fiscalizó la tienda de la cadena comercial Balú ubicada en el Centro Comercial Propatria, en Caracas, tras la denuncia de la joven Kelly Ayary.
La institución informó vía Twitter que hizo acto de presencia “como ente encargado de velar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, logrando de parte de la empresa el acatamiento a las leyes que amparan este sector de la sociedad, y el reconocimiento a sus derechos”.
Un día después, aunque no fue anunciado a través de los canales oficiales, se conoció por medio de fotografías publicadas en redes sociales que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) clausuró la tienda.
Según la etiqueta del Seniat, pegada a las puertas del local de Balú ubicado en Propatria, el establecimiento fue cerrado durante 10 días.
Llama la atención que el Seniat, una institución que no tienes competencias en materia de discriminación, visitó y clausuró el local justo después de la denuncia y lo cerró con la excusa de incumplimiento de deberes tributarios.
Más quejas de actos similares
Una joven que se identifica en Instagram como Bianca Tatiana compartió el video de Kelly y comentó que también vivió una situación similar en la cadena de tiendas Traki.
“Exactamente sé lo que se siente y se llama discriminación, el año pasado me lo quisieron hacer a mí en una tienda de Traki. Somos seres humanos igual que tú también tenemos necesidades y derechos”, escribió la joven.
Un problema mucho más grande
Días después del incidente ocurrido con Balú, a través de las redes sociales se viralizó otro video de una persona en silla de ruedas bajando por las escaleras fijas del Metro de Caracas, debido a que las mecánicas no están en funcionamiento.
Este video generó críticas en las redes sociales. Incluso, organizaciones defensoras de los derechos humanos se manifestaron ante el hecho. Una de ellas fue la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), que publicó un comunicado rechazando tal situación.
“Es importante recordar que el Estado venezolano, en el año 2013, suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone en su artículo 9 la aplicación de medidas pertinentes a los fines de asegurar la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público de las personas con discapacidad”, señala el comunicado.
Leyes que protegen a las personas con discapacidad
En conversación con Runrun.es, Karla Franco, abogada y representante jurídica de Consorven, explicó que en Venezuela existe la Ley Para Personas con Discapacidad, que establece una serie de derechos como el acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda.
Además, indica que esta ley incluye la carnetización de las personas con discapacidad, lo que se conoce como el carnet del Conapdis. Por medio de este registro, y más allá de tener algún tipo de data, “también las personas que cuentan con esta carnetización tienen acceso a ciertos beneficios”.
“Esa ley actualmente está sufriendo un proceso de reforma. Va a pasar de Ley Para Personas con Discapacidad a Ley Orgánica de Protección para Personas con discapacidad”, dijo, añadiendo que actualmente se está analizando un proyecto de ley que considera “poco inclusivo y accesible”, además de que “tampoco está ajustado a las necesidades especiales que ameritan las personas con discapacidad”.
A juicio de Franco, ese proyecto de ley presenta “ciertos vacíos desde el punto de vista jurídico y que no se concatena con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, firmada y suscrita por el Estado venezolano en el 2013”.
Recordó Franco que la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico internacional que garantiza los derechos humanos de las personas con discapacidad, “y el Estado Venezolano se comprometió en hacer cumplir todos los derechos suscritos”.
“En nuestra organización, constantemente recibimos información de personas que acuden informando o denunciando que se han visto afectadas en cuanto a lo que tienen que ver con sus derechos. No se está cumpliendo lo que establece la ley ni lo que establece el convenio”, añadió.
Como algunas problemáticas, comentó la falta de acceso a la salud, terapias de rehabilitación física, terapias psicológicas, accesibilidad a instalaciones públicas y que ese incumplimiento “se está evidenciando mucho antes de la pandemia, y dentro de este contexto pandémico se ha agudizado”.
Sin estadísticas actualizadas
El último censo del cual se tiene información sobre las estadísticas de personas discapacitadas en Venezuela, data del año 2011, hace diez años. Para ese entonces, del total de 27.019.815 personas censadas, al menos el 5,38%, declaró tener al menos una discapacidad (1.454.845), lo cual representa el estudio sociodemográfico de la población con discapacidad en el país, reseñó Provea.
En otros países de la región, como en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó en 2020 que 7,2% de la población dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad.
Además, de acuerdo con el artículo, que fue publicado en el 2017, para ese momento se habían emitido 26.597 certificados a personas con discapacidad; beneficiando a igual números de personas en todo el territorio nacional. Igualmente, se han renovado 1.477 certificados.
Sin embargo, a través de la página web del Conapdis no hay información sobre estadísticas de personas con discapacidad, por lo tanto, se desconoce si estas cifras aumentaron o disminuyeron con el paso de los años.
Instituciones públicas y la obligación del Estado
De acuerdo con Karla Franco, que una institución pública como el Metro de Caracas no cumpla las condiciones óptimas para el desplazamiento de personas con discapacidad “representa una violación a sus derechos humanos”.
“En este caso particular, allí se viola el artículo 9 de la Convención, que habla sobre la accesibilidad de personas con discapacidad a lugares públicos. Y, realmente, la finalidad del artículo es que se pueda identificar y a la vez eliminar todos esos obstáculos y barreras físicas que representan una limitación para tener acceso a edificios, estructuras, transporte, escuelas, viviendas”, expresó.
En tal sentido, insistió en que el Estado tiene que velar “para que las personas con discapacidad tengan acceso a esas instituciones».
“La ley, en el artículo 41, habla de la accesibilidad en los terminales de transporte o estaciones de ferrocarril o Metro. También se está incumpliendo con la ley en lo que respecta a la accesibilidad”, remarcó.
¿Dónde acudir a denunciar?
La abogada Karla Franco señaló que en los casos de discriminación hacia personas con discapacidad, o la vulneración de sus derechos, se puede acudir a denunciar a instituciones como el Conapdis.
“Es un ente garante de los derechos de personas con discapacidad y atiende este tipo de situaciones. Es el ente responsable de hacer cumplir los derechos establecidos”, explicó.
Por otra parte, dijo que las personas también pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. “Si una persona con discapacidad está siendo víctima de violaciones a sus DDHH, puede acudir a la Defensoría del Pueblo”, señaló.
Problemas que no hacen ruido
Franco señaló que desde Consorven conocen de muchos casos de personas con diferentes tipos de discapacidad que no tienen acceso a lugares públicos, haciendo énfasis en que el Metro de Caracas no es el único caso.
“Tenemos casos de personas con discapacidad auditiva que acuden a un centro hospitalario y no son atendidas porque no cuentan con intérprete de lengua de señas. Muchas veces la persona se encuentra un poco privada porque no entienden lo que está manifestando y eso trae como consecuencia muchas veces que no la atienden, o incluso, se le aplica una mala praxis porque no comprenden lo que está tratando de manifestar”, advirtió.
Además, señala que a nivel educativo las personas con discapacidad auditiva no cuentan con intérprete de lengua de señas y personas con discapacidad intelectual o psicosocial no cuentan con un especialista.
“En muchos casos, a los niños les garantizan el cupo, pero no le garantizan un especialista, es decir, no le garantizan un sistema educativo inclusivo y eso trae como consecuencia que no tiene acceso al aprendizaje y no se nutre, no aprende y representa un atraso, la persona no evoluciona desde el punto de vista educativo”, lamentó.
Los que ayudan
Caroline Ruiz, directora de la asociación civil Buena Voluntad que trabaja con jóvenes con discapacidad para ayudarlos a ser incluidos en el ámbito social y laboral, señaló a este medio que algunas empresas o instituciones de recreación y educación no poseen la adecuada adaptación para estas personas.
“Casi siempre tienen escaleras, no hay ascensores para poder subir, o no están prendidos. Todo esto afecta significativamente la accesibilidad de las personas con discapacidad motora”, comentó.
Desde su organización llevan a cabo un arduo trabajo para ayudar a estas personas a que puedan conseguir empleo haciendo una evaluación de integración ocupacional que determina las actividades, destrezas e intereses de los jóvenes para posteriormente acudir a las empresas, levantar perfiles de cargos y hacer un seguimiento luego de la contratación.
Ruiz detalla que en el caso de personas que están en sillas de ruedas, la mayor dificultad que padecen es el transporte. “No hay transportes adaptados para que puedan acceder a distintas zonas de la ciudad. Esto también es uno de los principales problemas para el ámbito laboral y cualquier parte de la vida”, acotó.
También, señaló que es necesario hacer un trabajo de accesibilidad. Precisó que aunque se han llevado a cabo algunas iniciativas, esto es una “tarea de todos”.
“Debe empezar desde los colegios, en los centros educativos, en los hospitales, en las zonas recreativas. Creo que todavía nos falta un gran trabajo para poder mejorar la accesibilidad o desplazamiento que impiden el desarrollo natural de la vida de las personas”, dijo.
A su juicio, con respecto a la Ley de Personas con Discapacidad, es necesario conocer su reglamento “para ver la practicidad”.
Es necesario sensibilizar
Caroline Ruiz consideró que, desde el punto de vista social, queda mucho por resolver en el tema del respeto y la sensibilidad. “Pero creo que es un granito de arena que todos los días debemos contribuir a la sociedad”.
“Hay que entender que todos somos distintos, tenemos capacidades distintas, potencialidades. En Venezuela, el mayor reto es poder tener una accesibilidad, comunicación, sensibilidad. A nivel educativo, tenemos que capacitar a todas las áreas para que puedan, dentro de su ámbito, mejorar no solamente a nuestros jóvenes, sino también a toda la comunidad”, dijo.
Consideró necesario dejar de ver a las personas con discapacidad desde un tema asistencialista, sino desde el ser, “de todas las potencialidades que tienen, que son excelentes seres humanos, que aprendemos muchísimo de ellos y que pueden hacer su vida igual que cualquier otra persona, pero hay que hacer adaptaciones para que ellos puedan brillar dentro de sus ámbitos”.
“Hay que sensibilizar a un mayor número de personas desde el respeto. Creo que el gran problema es la falta de respeto y de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hay ignorancia y desconocemos las cosas que está viviendo una familia o un joven, y entender que ninguno de nosotros está exento de padecer o sufrir una discapacidad”, finalizó.
Por su parte, la abogada Karla Franco indicó que se deben generar más campañas que sensibilicen a la sociedad, que fomenten el respeto y cuál es el trato que debe recibir una persona con discapacidad. “Lamentablemente, una parte de la sociedad aún discrimina a las personas con discapacidad”, señaló.
“Desde Consorven, constantemente realizamos campañas, informando a la sociedad cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad, cuál es el trato digno que debe recibir, de acuerdo con esas necesidades específicas. Lo hacemos como sociedad civil, pero también el Estado tiene la obligación, porque la Convención establece la toma de consciencia. Generar campañas que sensibilicen a la sociedad”, acotó Franco.
En lo legal
Karla Franco, de Consorven, consideró que, en el caso de la Ley Para Personas con Discapacidad, hace falta un reglamento “que garantice el fiel cumplimiento de los derechos allí contenidos”.
“Siento que existe la necesidad de reglamentar, para que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan cumplir cabalmente lo que está ahí puesto”, dijo.
Por último, consideró que también deberían aplicarse sanciones “para aquellas instituciones y personas que incumplan con todos los derechos que están allí contenidos”.
Para más información: Runrun.es
