Un total de 46 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela, registró el Centro para los Defensores de la Justicia(CDJ), durante agosto de 2021, de acuerdo con la información dada a conocer este miércoles a los medios de comunicación.
Se advierte que el derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.
Adicionalmente, la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos.
El uso de la Lógica del Enemigo Interno se acentúa bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil.
El enemigo interno desacredita la defensa y exigencia de DD HH
Las campañas de estigmatización se presentan como la principal forma de agresión entre los distintos patrones que conforman la Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.
Los discursos de odio, los llamados a la violencia y las campañas de descredito y desprestigio en contra de quienes conforman el movimiento de derechos humanos en el país, han sido de carácter sistemático y el punto de partida para cometer otras agresiones en detrimento de las personas y organizaciones que realizan acciones en este ámbito, al ser consideradas como Enemigas Internas del Estado. Durante el mes de agosto siguió agudizándose este patrón de ataque, el cual se refleja en 37 nuevos hechos de estigmatización.
Denuncian que funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo diputados y miembros del Poder Ejecutivo, y periodistas afines y comunicadores afiliados al sistema nacional de medios públicos, así como individuos identificados con el chavismo y las estructuras del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), hicieron uso de distintas plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como digitales estadales, así como sus cuentas en redes sociales para atacar, ofender y desacreditar a quienes defienden de derechos humanos en el país.
Desde el CDJ alertamos que a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la Política de Criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo. Un paso inmediato que debe ser tomado por el Estado para garantizar el ejercicio libre y sin represalias del derecho a defender derechos es el cese inmediato de la estigmatización.
Defender DDHH es vital para la democracia y el estado de derecho
Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, resulta primordial reiterar la importancia que tienen las acciones emprendidas por la sociedad civil que se encuentra en primera línea de acción respondiendo y atendiendo las necesidades socio-económicas de la población y procurando el alcance de justicia y respeto a las libertades fundamentales.
En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y las restricciones al espacio cívico y democrático ha destacado la resiliencia con la cual las organizaciones y personas se han mantenido trabajando a pesar de la Política de Criminalización ejercida en su contra. No obstante, las distintas represalias y patrones de agresión que buscan inhibir sus acciones el movimiento de derechos humanos se ha fortalecido y persiste, desde distintas áreas, procurando la protección de la dignidad humana.
Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos que ante el contexto que atraviesa actualmente Venezuela es imprescindible el garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de a defensa de derechos humanos, en el entendido que las acciones desarrolladas por estas personas y organizaciones son fundamentales para la existencia plena de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Todo proceso orientado a solventar la crisis socio-política que atraviesa el país debe partir de la perspectiva de los derechos humanos y debe garantizarse que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias.
