Con un chavismo que intenta restituir su confianza en el marco internacional y acceder a la inversión extranjera, la negociación de México podría ser un factor clave para el devenir de la economía nacional.
La prolongación de la crisis económica de Venezuela sorprende al mundo entero por encadenar siete años de recesión y cuatro de hiperinflación, con un sector industrial destruido y un tejido empresarial disminuido, todo bajo un mismo régimen político.
Los embates de la crisis económica han golpeado a la población. Según los parámetros del Banco Mundial, una gran proporción de venezolanos se encuentra en una situación de pobreza extrema, ya que viven con un salario inferior a los 1,25 dólares diarios. De hecho, en este instante el sueldo mínimo se ubica en 1,71 dólares mensuales.
Para el sector empresarial la situación también alcanzó una cota insostenible que ha llevado al cierre de al menos 370.000 empresas, un 60% de las compañías que operaban antes de la llegada del chavismo, según cifras de Fedecámaras hasta 2019.
Incluso el régimen de Nicolás Maduro ha resultado perjudicado por la crisis económica que desataron sus propias políticas, llevándolo a un clima de inestabilidad e ingobernabilidad que le obligaron a reajustar algunas de las decisiones y posturas tomadas frente a la economía y el empresariado.
En este contexto, desde 2019 Venezuela inició un lento y progresivo proceso de recalibración para frenar la caída económica. Ahora, cerca del final de 2021, podría aproximarse su primer registro de leve recuperación económica.
Así lo asoman las perspectivas y proyecciones de organismos como el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que estima un alza del Producto Interno Bruto en un 0,3%, o el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) que proyecta un crecimiento de 2 % en la actividad económica.
El discurso del chavismo se ha sustentado en este tipo de proyecciones para exhibir la idea de que Venezuela se aproxima a un período de recuperación económica, una supuesta victoria política consagrada por la «revolución» frente a las sanciones y la «guerra económica», factores que habrían originado la crisis, al menos según la versión oficialista.
Maduro incluso se aventuró a afirmar que en Venezuela se producirá un «milagro económico» después de siete años continuos prometiendo una recuperación. Por primera vez sus palabras podrían esconder algo de realidad más allá de la demagogia del chavismo.
Un contexto diferente
La economía venezolana llegó a un punto de no retorno en 2018. La administración de Maduro insistió durante cinco años en un modelo de regulaciones, restricciones y control casi absoluto sobre la economía, mientras que la desinversión y la corrupción hicieron de las suyas para acabar con las empresas estatales de las que dependía la captación de recursos del Gobierno.
Es por eso que se ha evidenciado un cambio de políticas que redireccionaron el rumbo económico del país, con medidas como la liberación del tipo de cambio, la legalización del uso del dólar en el comercio nacional, un cese a la regulación de precios y una leve, pero insuficiente, disminución del encaje legal bancario.
De acuerdo con el economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, José Guerra, este giro en las políticas económicas del chavismo no responde a la convicción de los gobernantes sino más bien a una obligación para dar respuesta a un problema que ellos mismos ocasionaron.
«El cambio de discurso es por razones tácticas, no por convencimiento. Están con el agua al cuello. El modelo fracasó, las empresas estatales están todas quebradas y necesitan inversiones que hace el sector privado, principalmente. El viraje responde a la necesidad de obtener financiamiento y al quiebre del sistema de empresas públicas del Estado», resaltó.
La política es otro frente fundamental para entender la situación económica y el panorama a futuro del país. Las tendencias autoritarias del chavismo han provocado que buena parte de la comunidad internacional le cerrara las puertas, mientras que su tendencia a mantener negocios turbios y desatar escándalos de corrupción en los que miles de millones de dólares han acabado en las cuentas bancarias de unos pocos, fueron razón suficiente para que algunos países impusieran sanciones contra funcionarios del régimen y empresas estatales.
Las sanciones apuntaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal fuente de ingresos del país durante décadas, ya en crisis de producción por la desinversión a la que fue sometida por años. Sin este baluarte, fundamental para mantener sus prácticas de control y financiar sus programas de atención social que cubrían escasamente las carencias desatadas por el modelo económico, el chavismo perdió su independencia financiera.
Ante esta situación, la estrategia actual del Gobierno parece consistir en impulsar la economía lentamente con políticas más liberales y alejadas de su discurso socialista mientras intenta salir del atolladero que representan las sanciones. Es en este punto donde entran en escena las negociaciones con la oposición.
La clave podría estar en México
Chavismo y oposición se ven las caras nuevamente en un diálogo político. Por una parte, dirigentes opositores exigen garantías electorales y el cese de la persecución política, una ruta que les ofrezca posibilidades de avanzar hacia un cambio de gobierno por vías democráticas. En el otro frente, el chavismo pone sobre la mesa el levantamiento de sanciones, la devolución de activos en el extranjero y el reconocimiento a las instituciones que controla, el fin del gobierno interino y todas sus dependencias.
Pese a considerar que una verdadera recuperación económica acelerada y sostenida pasa por un cambio de Gobierno, analistas coinciden en que un levantamiento de las sanciones podría otorgar alivio financiero al país, al menos en el corto plazo.
«Es posible crecer un poco. Se pudiese si hay una flexibilización de las sanciones. En las negociaciones se puede lograr. Estabilizar al gobierno le puede servir a algunos actores económicos, pero a largo plazo nos afecta a todos los venezolanos», advierte el director de Econométrica, Henkel García.
No hay dudas sobre las implicaciones positivas que generaría un levantamiento de sanciones y la apertura comercial que eso conllevaría, con la posibilidad de reestablecer negocios con empresas de todo el mundo sin que se vean amenazadas por Estados Unidos, pero los expertos recalcan que las medidas impuestas por la comunidad internacional no son la causa del problema de fondo.
«Las sanciones condicionan el desempeño de la economía porque restringen el acceso al financiamiento. La solución de la crisis económica pasa por un acuerdo político en el que se contempla un levantamiento de sanciones. Tenemos que tener claro que las sanciones no son la causa de la crisis, pero efectivamente, parte de la solución implica levantamiento de sanciones que restringen el financiamiento y mercadeo, además de la comercialización del petróleo», complementa José Guerra.
Tras un primer encuentro entre las delegaciones del chavismo y la oposición en México, se firmó un memorándum de entendimiento en el que se acuerda debatir sobre el levantamiento de sanciones y la protección de la economía nacional. La segunda reunión concluyó con un acuerdo parcial para designar una comisión que revise los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones.
Este acercamiento inicial, aunque incompleto e insuficiente, es un buen primer paso en una dirección correcta que apunte a la recuperación económica del país.
De acuerdo con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, la firma de acuerdos tempranos es una buena noticia para Venezuela, ya que el entendimiento político y la negociación serán fundamentales para acabar con la crisis.
«El hecho de haber llegado al memorándum es, a todas luces, un asunto positivo y favorable que hay que estudiar. Cualquiera que analice el devenir político y económico sabe que no es garantía, pero también que cualquier país que ha salido de una crisis política siempre lo ha hecho con una mesa de negociación», destacó.
Añade que el objetivo superior de la negociación es salir de la crisis política, ya que reduciría el escepticismo que genera el régimen actualmente debido a su inestabilidad y nula claridad jurídica.
Por su parte, el economista jefe de Anova Policy Research, Omar Zambrano, cree que la mesa de negociación en México debe utilizarse para recuperar la institucionalidad del sector económico del país, con un Banco Central de Venezuela (BCV) más independiente.
«Si la oposición y el Gobierno negocian algo en México, deberían aprovechar para entablar una discusión más amplia sobre la institucionalidad económica venezolana. Facilitar el acceso a fondos a cambio del compromiso de algunas reformas, volver a publicar el presupuesto nacional, discutir la Ley del BCV y establecer un nuevo director. Una discusión no debería ir divorciada de la otra», subrayó.
El chavismo apunta al FMI
Fuentes cercanas a las negociaciones han asomado durante los últimos días que una de las principales preocupaciones del oficialismo es recuperar la legitimidad ante el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante la disputa por la legitimidad que aún mantienen la presidencia de Nicolás Maduro, señalada por la oposición de inconstitucional, y el gobierno interino de Juan Guaidó, el Directorio Ejecutivo del FMI decidió no admitir la legitimidad de ninguno y dejar a Venezuela al margen del ente hasta que se aclare su situación institucional.
En este sentido, la delegación chavista buscaría negociar que los aliados del gobierno interino con poder de voto en el Directorio Ejecutivo, como Estados Unidos y la Unión Europea, den su visto bueno a la reincorporación de Venezuela bajo el mandato de Maduro.
De esta manera, Venezuela tendría acceso a la emisión de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo creado para complementar las reservas internacionales de los países miembros.
Esta suma forma parte de una asignación especial de 456.500 millones de DEG, equivalentes a unos 650.000 millones de dólares, entregados a sus países miembros para aliviar la necesidad de reservas a escala mundial, afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Voceros del chavismo se han quejado de la posición del FMI con respecto a su legitimidad y han insinuado que la reincorporación de Venezuela ayudaría al país a atajar la pandemia, como reflejó una carta dirigida la directora del organismo, Kristalina Georgieva, por el entonces canciller Jorge Arreaza, después de que el ente rechazara una solicitud de financiamiento por 5.000 millones de dólares.
Ahora el chavismo parece estar interesado en otros 5.000 millones de dólares de los DEG, pero este dinero no podría utilizarse, en teoría, como instrumento financiero del Gobierno para atender la pandemia.
Omar Zambrano aclara que los DEG son activos que se depositan y guardan en los bancos centrales de los países. Están diseñados para fortalecer las reservas y no para el gasto público del Ejecutivo. Sin embargo, esta norma aplica para los países con instituciones independientes, pues liberar esos fondos al BCV es una garantía de que Maduro disponga de ellos.
«En cualquier país del mundo esto iría a fortalecer reservas y el Gobierno no lo podría tocar tan fácilmente. En Venezuela, dada la poca institucionalidad que hay desde el punto de vista económico, darle esa plata al BCV es prácticamente dársela al gobierno», recalcó Zambrano antes de destacar que el Ejecutivo desmanteló las reservas internacionales del país entre 2007 y 2013.
Por este motivo, propone que una misión técnica del FMI visite el país antes de cerrar cualquier acuerdo en México, con la finalidad de que representantes del ente estudien la situación y establezcan condiciones en materia de institucionalidad, que servirían como hoja de ruta tanto para el oficialismo como para la oposición.
«Esto debería ocurrir antes, y no después, de la discusión sobre el acceso a los DEG. Así se evitaría que, una vez que el gobierno sea admitido en el Fondo, pueda hacer un retiro de estos fondos», razonó.
Incluso si pudiesen ser utilizados a plenitud por Maduro, no harían demasiada diferencia ante las necesidades gigantescas de captación de capital que requiere el chavismo. Los 5.000 millones de dólares no tendrían mayor impacto, asoma José Guerra.
«Con estos recursos, no esperemos mucho. Están (el chavismo) en moratoria de deuda externa, tienen atrasos con pagos a todo el mundo y una economía totalmente disfuncional. El problema no son los recursos sino un modelo que atraiga inversión, que capte nuevos inversionistas, que promueva el ahorro en Venezuela, la recuperación de la moneda y del salario», ratificó.
BCV juega en posición adelantada
Mientras el debate sobre los posibles acuerdos alcanzados mediante el diálogo avanzaba y el interés en los DEG del FMI ganaba terreno, el BCV parece haberse adelantado a los hechos.
El jueves 8 de septiembre actualizó su registro diario de reservas internacionales, que hasta un día antes se establecían en 6.172 millones de dólares. En apenas 24 horas, esta cifra se actualizó a 11.278 millones de dólares, un crecimiento de 5.106 millones que coincide con los fondos disponibles para Venezuela en el FMI.
De inmediato se encendieron las alarmas ante esta repentina inyección de dinero a las reservas, que prácticamente se duplicaron en cuestión de horas. Economistas hicieron acto de presencia en redes sociales para cuestionar si el cambio en los datos guardaba relación con el FMI y coincidieron en que no hay escenario posible en el que ya el BCV posea los fondos en sus arcas.
José Guerra calificó esta acción del BCV como un «disparate monumental» que persigue el objetivo de «reflejar más reservas de las que realmente tienen», pues aunque los DEG estén asignados a Venezuela, no están disponibles para su uso por parte de las instituciones del chavismo entre tanto el directorio no decida a qué autoridad reconocer.
Por su parte, el economista Leonardo Vera recalcó que, pese a la sorpresa que puedan causar estas cifras, desde hace semanas está claro que la asignación del FMI se efectuaría, pero se mantendría congelada hasta aclarar el conflicto de legitimidad en el Ejecutivo.
En efecto, la asignación de los DEG a Venezuela figura en los registros del FMI desde el pasado 31 de agosto. Un total de 6.111.296.399 DEG, equivalentes a aproximadamente 5.100 millones de dólares, son los fondos correspondientes para Venezuela según la página web del organismo internacional.
Que la asignación ya figure dentro de los registros del FMI no quiere decir que la transferencia de fondos se efectuara. A pesar de que el BCV aún no posee los DEG en su poder, parece ya sumarlos a sus reservas internacionales.
Compromiso oficialista en «veremos»
El historial del chavismo no avienta buenas perspectivas sobre el cumplimiento de los acuerdos. La oposición es testigo de diversas oportunidades en donde una negociación ha impulsado acciones o decisiones del oficialismo que luego Simplemente echan para atrás.
La excarcelación de presos políticos es un ejemplo de este patrón. Dirigentes como Gilber Caro o Freddy Guevara han recibido «indultos» que les han permitido caminar libremente por las calles del país, solo para acabar siendo arrestados a los pocos meses.
El miedo en torno al incumplimiento de los acuerdos también es un elemento a tomar en cuenta en el marco de las negociaciones, pero el contexto y las condiciones en las que se da el diálogo invitan a pensar en que se someterán a su palabra.
José Guerra apunta que el proceso de diálogo se efectúa en México y está mediado por Noruega, con acompañamiento de Países Bajos y Rusia. Los acuerdos se concretarán a través de documentos firmados por partes encontradas y por representantes de gobiernos terceros, lo que ofrece ciertas garantías.
«Siempre es una incógnita con el chavismo el cumplimiento de acuerdos. Son especialistas en declarar, pero no en cumplir. La gran ventaja de estos preacuerdos es que están mediados por Noruega y participan como garantes Países Bajos, México y Rusia. Las cosas se firmarán, porque si no se firman, el chavismo desconoce sus acuerdos», destacó.
Además, las necesidades del Gobierno en el plano internacional lo obligan a atenerse a sus compromisos, pues sería poco estratégico quebrantar aún más la confianza de actores internacionales a los que intentan apelar a través de las negociaciones.
Para Omar Zambrano, aunque siempre existe el riesgo de que la cúpula chavista cambie de opinión, en este momento todo apunta a que intentan recuperar prestigio y credibilidad en el panorama internacional, por lo que es poco probable que asuman los costos políticos de «hacer trampa» a instituciones como el FMI.
«No es lo mismo hacerle trampa a la oposición, como ha hecho miles de veces casi sin costo alguno, que involucrar al FMI. Reintegrarse y luego engañarlo tiene un costo mayor para el Gobierno en términos de credibilidad», reflexionó.
Mientras tanto, Henkel García acota que el oficialismo necesitaría normalizar su situación e incrementar su capacidad financiera para volver a recurrir a las políticas de control que practicaba previo a 2019. Por el momento, sin embargo, no cuentan con las herramientas para asumir esta postura.
«No me cabe la menor duda de que, cuando ellos se sientan cómodos a nivel de ingresos, pudieran revertir parte de la flexibilización que han tenido, pero ahora no pueden controlar porque no tienen herramientas. Necesitan el alivio que puede dar el sector privado para continuar en el poder, pero si el sector privado empieza a ser irrelevante porque tienen manera de tener ingresos directamente, impondrán nuevamente esa política de control», advirtió.
¿Posible recuperación sin negociación?
Un panorama en el que México no sea el escenario para acuerdos políticos y las negociaciones se quiebren una vez más pondría serias dudas en la recuperación económica sostenida del país.
Los analistas coinciden en que el levantamiento de las sanciones, junto a una mayor claridad institucional y estabilidad política son factores esenciales para el crecimiento económico.
«La recuperación sería menor y más lejana. Venezuela no está de gratis en la situación actual. Llegó sistemáticamente a una situación de debilitamiento de su economía. El gran elemento que tiene en contra el régimen es su propio legado», considera Tamara Herrera.
Añade que la flexibilización económica que se ha experimentado en los últimos dos años podría ser mucho mayor si no existieran dudas sobre la gestión política, si el Gobierno lograra generar confianza y credibilidad. Por eso insiste en que, mientras no se concrete un cambio político serio, no habrá un cambio económico fuerte y sostenido.
Entretanto, puede haber mejoras, pero a un ritmo demasiado lento para lo que la situación demanda, especialmente en un contexto de crisis sanitaria con un Estado que no está en la capacidad de mantener el sistema de salud pública.
La inversión extranjera, llamada a jugar un rol fundamental en este hipotético proceso de recuperación, está llegando actualmente sin acuerdos políticos, una tendencia que podría mantenerse de la mano con las facilidades que ha otorgado el régimen evidenciable en acciones como la creación de la Ley Antibloqueo.
Sin embargo, para Henkel García la captación de capital sería insuficiente para las enormes cantidades de inversión que necesita Venezuela por los próximos años.
«Hay inversionistas arriesgados que invierten en todo tipo de ambientes. Parte de esa inversión ya ha llegado y eso se refleja en la dinámica económica actual, pero Venezuela necesita decenas de miles de millones de dólares en inversión por lo menos durante unos tres o cinco años. No estamos ni cerca de lo que se va a necesitar en esos años de recuperación si queremos recuperar los niveles que tuvo la economía en 1998», destacó.
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