Considera el doctor Abraham Cantillo, representante del Foro Penal en el estado Lara, que dentro del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, doctora Michelle Bechalet, está el problema que tienen los defensores de los Derechos Humanos en Venezuela.
Evidentemente, dijo, hay una situación que habla por si sola: la detención del doctor Javier Tarazona y otros dos activistas de FundaRedes, a quienes todavía no se les ha liberado. Eso hace presumir que se haya empañado la situación real de su caso en cuanto al Derecho se refiere.
Aunque no lo mencionó el doctor Cantillo, la detención del doctor Tarazona, quien se encontraba a principios de junio de este año en Coro, precisamente denunciando en la Fiscalía del Ministerio Público, el acoso de que él y sus acompañantes eran víctimas de funcionarios de los cuerpos de seguridad, ocurrió un día después que había hecho del conocimiento público las presuntas vinculaciones del ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, con jefes de grupos armados irregulares en la frontera con Colombia.
El director de FundaRedes, así como Rafael Tarazona y-omar García, fueron apresados por el Sebin y traslados a Punto Fijo para ser encausados, según informó posteriormente Tarek William Saab, por varios delitos.
Tarazona fue sumado a los 97 casos que tiene la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de nada han valido las gestiones hechas por Amnistía Internacional, ni tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en junio de 2020 le había otorgado a él y su familia medidas cauteleras para su protección de integridad física.
Dijo el doctor Cantillo que ha habido continuidad en entorpecer la función que ejercen los defensores de los Derechos Humanos en nuestro país.»Nosotros hemos dejado muy en claro que la labor de nosotros no tiene nada que ver con las gestiones de tipo político», enfatizó. Nuestra labor es de tipo social.
En este sentido manifestó que no se entiende cuál es el fin de las detenciones, que se han venido practicando contra los defensores de los Derechos Humanos.
La defensa se hace con criterio jurídico y, por tanto, no tiene carácter político, remachó el profesional del Derecho en sus declaraciones.
