Entre varios temas, Bachelet destacó su preocupación por los bajos recursos que tienen los venezolanos para tener una condición de vida adecuada. Además, subrayó que la vacunación contra la COVID-19 «es un derecho humano», ya que considera que los procesos de inmunización en Venezuela son «insuficientes».
Ante esto, el sociólogo y defensor de los Derechos Humanos Nelson Fréitez, comentó a Elimpulso.com que haciendo un balance de esta actualización del informe por parte de la Alta Comisionada, «habría que decir que fueron más los incumplimientos y los agravamientos en la situación de los derechos humanos que dejó de mencionar Michelle Bachelet que los que realmente aborda y especifica«.
Fréitez mencionó que «su discurso es de una moderación y de un tipo de tratamiento que pareciera que está queriendo favorecer el establecimiento del convenio para que continúe en Venezuela la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Caracas».
Con respecto al «convenio«, el sociólogo explicó que durante casi 20 años, el oficialismo no permitía que relatores de las Naciones Unidas o miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ingresaran al país, sin embargo, a partir del año 2019 se creó una oficina en Venezuela con muy pocos funcionarios, los cuales dependen de la Alta Comisionada. «Uno percibe que la actuación de estos oficiales se realiza bajo una gran restricción por parte del gobierno venezolano, ellos son sometidos a seguimientos (…) se cuidan mucho de que sus teléfonos puedan estar intervenidos», añadió.
Por ende, aseveró que aunque la oficina cuenta con 6 oficiales de los Derechos Humanos en Venezuela, estos le hacen frente a diversas restricciones para seguir operando en el país. «Anualmente se firma un memorándum de entendimiento para el funcionamiento de estas personas (…) se terminó de firmar este documento del 2021 el viernes pasado, pero al no tener el memorándum de este convenio firmado, uno supone que eso condiciona el discurso y el informe de la Alta Comisionada (…) y en eso el gobierno venezolano se maneja con estrategia, para evitar que la Bachelet haga un informe crítico con respecto a la situación que se vive en el país por la violación a los derechos humanos«, acotó.
Sobre la declaración de Michelle Bachelet en la actualización de este informe, quien mencionó que antes de las sanciones se venía generando una situación de crisis multifactorial que afectaba a la población venezolana, Nelson Fréitez considera que «no hace el énfasis suficiente que todo el efecto de deterioro es una responsabilidad gubernamental«. Además, recordó que el deterioro en la industria petrolera -por ejemplo- se viene presentando «mucho antes de las primeras sanciones que empezó a recibir PDVSA en el año 2017 y ya teníamos problemas en las refinerías con derrames petroleros«.
Nelson Fréitez puntualizó que tras las sanciones, y con el paso de los meses, las condiciones precarias se fueron agravando, pero estas «ya estaban presentes anteriormente«.
