La falta de independencia del poder judicial y la consolidación del quiebre institucional y del Estado de derecho, han provocado un sistema de justicia que no responde a las víctimas ante las denuncias de violación de sus derechos humanos, quedando en evidencia que el acceso a la justicia en Venezuela presenta profundas brechas estructurales, asegura el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
En efecto, el deterioro del sistema de justicia venezolano deniega la posibilidad de que los perpetradores de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en un contexto de persecución y criminalización, rindan cuentas ante los tribunales nacionales. Y finalmente que las víctimas y sus familiares encuentren justicia.
Cierre del espacio cívico
Aunado a los obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, debemos resaltar el cierre progresivo del espacio cívico en Venezuela. Incluyendo el ejercicio de patrones que criminalizan y limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos de la población.
Este contexto de desamparo judicial en el que se encuentran las víctimas y sus familiares, y el entorno de múltiples restricciones y represalias para denunciar la violación de derechos humanos ante los órganos internos, ha forzado la necesidad de acudir, sin la posibilidad de cumplir con el requisito de agotamiento de recursos internos, al sistema de protección de derechos regional y universal. Específicamente la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como ante la Corte Penal Internacional (CPI), en donde las organizaciones de la sociedad civil han cumplido un rol fundamental en la búsqueda de la justicia para las víctimas.
Esfuerzo de la sociedad civil
El rol de las organizaciones de la sociedad civil venezolana en términos de documentación e incidencia internacional ha sido fundamental para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional de la crisis en derechos humanos que hoy atraviesa el país. A partir de este reconocimiento, se han implementado acciones contundentes por parte de los organismos de protección de derechos humanos regionales y universales, en donde la sociedad civil no se ha detenido en la búsqueda de la justicia para las víctimas y de los familiares.
En primer lugar, debemos reconocer la importancia que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el monitoreo de años de violaciones a los derechos humanos en el país, y en el que las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de lo que significó la denuncia de la Convención Americana, no han dejado de unir esfuerzos y continuar su labor de incidencia ante este órgano.
Cepaz, destaca el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde al menos el año 2002, de la masivas, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, el otorgamiento de al menos 100 medidas cautelares a favor de las víctimas, la emisión de tres informes país, la priorización de los casos sobre Venezuela a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), y la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE).
Por su parte, y luego de la denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Americana de Derechos Humanos, la sociedad civil reforzó su trabajo de incidencia ante las Naciones Unidas, en los que destacamos, entre otros aspectos, la participación de incidencia, el suministro de información y cabildeo de las organizaciones de la sociedad civil en el Examen Periódico Universal del año 2011, 2016 y 2021, la presentación de informes ante los Órganos de tratado, y la remisión constante de información ante los dos mecanismos vigentes, el seguimiento de la situación de derechos humanos que desde el año 2018 lleva a cabo la Alta Comisionada, y el monitoreo que desde el año 2019 lleva a cabo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos en Venezuela a partir del año 2014.
Justicia y reparación
Afirman que desde la esfera de la búsqueda de la justicia y la promoción y defensa de los derechos humanos de la población venezolana, las organizaciones de la sociedad civil han unido sus esfuerzos para documentar y denunciar las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. Exigiendo el cese de la violación de derechos y manifestando la necesidad de un proceso de reinstitucionalización y transición política, así como un proceso nacional de justicia.
Advierte Cepaz, que el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil organizada en instancias internacionales, no solo ha servido para visibilizar la crisis en derechos que existe en Venezuela, así como el reconocimiento de esta crisis por parte de la comunidad internacional y la activación de mecanismos especiales de seguimiento, sino que además la documentación de años de violaciones de derechos reflejados en los distintos informes emanados de los órganos internacionales de protección de derechos, cobra especial importancia en un posible proceso de justicia transicional en Venezuela, tanto en el esclarecimiento de la verdad de los hechos, como en un proceso de justicia y reparación a favor de las víctimas.
