Analizamos el panorama a tres meses de las elecciones regionales, mientras las necesidades sociales son mayores. La procesión va por dentro en el PSUV donde persiste el descontento por las imposiciones luego de las primarias. Pero el escenario no es menos complejo en la oposición.
El proceso electoral del 21 de noviembre ha sacado a relucir una clara división dentro de los extremos políticos del estado Bolívar, no solo evidente en factores de oposición, también dentro del oficialismo, donde se asoma, por ahora, una tímida disidencia.
Las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron el primer elemento divisorio en el denominado chavismo regional, toda vez que las internas del partido de gobierno fueron la vitrina de dos grupos en pugnas: el que apoyaba al actual gobernador Justo Noguera Pietri y el que levantó la mano a Tito Oviedo, actual alcalde del municipio Caroní.
La reñida lucha derivó en imposiciones de la cúpula gubernamental.
El candidato designado por la secretaría nacional de la tolda roja fue Ángel Marcano, quien no participó en el proceso.
Tenemos grupos violentos y grupos irregulares que están prácticamente a lo largo del Arco Minero, ese es un tema que es urgente en términos de que mientras eso no se resuelva, tenemos explotación sexual y laboral”.
Arturo Peraza, vicerrector de la UCAB Guayana, sobre los desafíos urgentes de la región
Aunque Marcano negó que hubiese una decepción en las bases, llamó a “pasar la página” y participar como “un solo equipo” en elecciones, tras la disputa interna.
La imposición de Marcano no solo no caló bien en las bases psuvistas, sino que recuerda su cuestionable gestión al frente de CVG Alcasa, empresa que presidió y que hoy está total declive.
En 2020, la Coalición Anticorrupción en el estado Bolívar recogió evidencias sobre la corrupción en CVG Alcasa, a través de informes y expedientes en los que constan las denuncias por hurtos y robos que ocurrieron durante la presidencia del entonces constituyente Ángel Marcano, y que a la fecha las investigaciones no han establecido responsabilidad.
Mientras tanto, el candidato a la Gobernación de Bolívar por el PSUV habla de producción en todas las empresas básicas, una afirmación totalmente alejada de la realidad.
De igual forma, la disputa interna la ganó la alianza Marcano y Oviedo, quienes inicialmente estaban postulados por las UBCH para Alcaldía y Gobernación, respectivamente. Estos serían candidatos respaldados por Nicolás Maduro, mientras que Noguera Pietri tenía el apadrinamiento de Diosdado Cabello.
Oposición fragmentada
Lejos de aprovechar el descontento en las bases del PSUV en Bolívar, la oposición, que decidió tardíamente su participación en los comicios, nuevamente deja pasar la oportunidad de enfrentarse como bloque al abanderado del gobierno, como lo hizo en 2015 cuando ganaron la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional.
Solo para la Gobernación del estado Bolívar hay por lo menos tres plataformas opositoras: Américo De Grazia con Guayana Libre, postulado por el Movimiento Ecológico; José Manuel Muqueza por la Alianza Democrática; y Raúl Yusef, por los partidos del G4, bajo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Lo mismo ocurre con las alcaldías. En Caroní figuran Carlos Chancellor, criticado por ser dirigente y exalcalde de Sifontes; Luis Aguilar y Francisco Sucre, este último diputado a la AN con notable ausencia en el estado Bolívar, y en especial el municipio Caroní durante su gestión como diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Pero además aparecen otras candidaturas como la del exlegislador César Ramírez, lo que fragmenta aún más los votos en la oposición que está convencida en participar en las elecciones. Un porcentaje considerable todavía evalúa votar o no, otros rechazan por completo ir a estos comicios.
La decisión del G4 en participar fue prácticamente un secreto a voces. Mientras constantemente negaban a la prensa sus candidaturas, las actividades en comunidades no fueron más que precampaña electoral. La militancia y parte de la dirigencia tampoco guardaron las formas y abiertamente se referían a Yusef o Sucre como candidatos.
Solo Primero Justicia y Acción Democrática presentaron abiertamente sus propuestas para la Alcaldía de Caroní, Aliana Estrada y Aida González, respectivamente, puestos que se negociaron para las diputaciones y concejalías.
Negociación vs elecciones
El proceso electoral coincide con un nuevo intento de negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro en México. Si bien parte de la agenda es la exigencia de condiciones electorales e ir elecciones presidenciales, la historiadora y analista político, Margarita López Maya, manifestó recientemente a Correo del Caroní, que las elecciones no deben afectar la mesa de negociación que se da actualmente.
“Hay que entender que las elecciones del 21 de noviembre no deben afectar esas negociaciones. En noviembre vendrá una polarización, es inevitable, se va a producir mucha tensión por los cargos que están en competencia regional y municipal. Entonces ese proceso no debería alterar la mesa de negociación, que es de mucho más largo alcance y más sólida para el cambio político”, dijo López Maya.
El reconocimiento de unas elecciones con mayores garantías no se traduce en el desconocimiento de las violaciones a los derechos políticos que aún se evidencian en Venezuela”
Informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
De cara a los comicios del 21 de noviembre, la UE busca enviar una misión de observación electoral con el objetivo de contar con unos comicios plurales, con garantías democráticas y la participación de la oposición y observadores internacionales.
La diplomacia del bloque quiere aprovechar la “ventana de oportunidad” tras algunos gestos de apertura del régimen venezolano. Se espera que en pocas semanas el alto representante, Josep Borrell, tome una decisión sobre la misión de observación en base a los informes de misión exploratoria enviada por la UE en verano.
Retos
Las elecciones del 21 de noviembre también implican retos para los candidatos, más allá de convencer a la gente de votar. Se trata del enfoque que den a la campaña y los problemas en que priorizarán su atención.
En opinión de la politóloga Aiskel Andrade, la campaña debe estar enfocada en resolver la falta de fe, la tristeza, el rencor, en medio de la crisis venezolana. Esto además de la necesidad de la nutrición, salud, el abastecimiento de alimentos, la escuela como centro sobre el cual construir unas transformaciones en la vida de las personas y la organización de las comunidades.
“Tenemos otro problema y es que tenemos un estado absolutamente colapsado, fragmentado en diferentes realidades. No es lo mismo la realidad del sur que la de Caicara del Orinoco o las del municipio Caroní, tienes realidades diversas que tendrían que concertar el esfuerzo de la sociedad para construir una alternativa”, planteó anteriormente Andrade.
El vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, en Guayana, Arturo Peraza, también se ha referido al tema. En su opinión, “parte del porqué el actual régimen tiene fuerza es por la dirección y por la incapacidad estratégica de la oposición”.
Ante la duda y el retraso de la oposición en tomar una decisión, Peraza recalcó que era necesario establecer los consensos, ya que “lo que se resuelve no son las elecciones regionales, lo que empieza resolviendo es la adquisición del músculo político, es un error creer que estas elecciones tienen que ver con un tema de quién es el gobernador o quién es el alcalde”.
Sobre los retos a atender, el también politólogo expresó anteriormente a Correo del Caroní que “Bolívar requiere atender la emergencia humanitaria como todo el país, nosotros tenemos una particular emergencia humanitaria. Tenemos un grupo de personas que busca migrar por el sur hacia Brasil, es un tema urgente poder atender; desnutrición, violencia. Tenemos grupos violentos y grupos irregulares que están prácticamente a lo largo del Arco Minero, ese es un tema que es urgente en términos de que mientras eso no se resuelva, tenemos explotación sexual y laboral”.
A propósito de las críticas sobre si participar en las elecciones significa el reconocimiento a Nicolás Maduro, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) afirma que “el reconocimiento de unas elecciones con mayores garantías no se traduce en el desconocimiento de las violaciones a los derechos políticos que aún se evidencian en Venezuela. Pero si es un paso importante que los actores políticos y sociales organizados han dado en este camino de reconstrucción del voto en el país”.
Las exigencias de la ONG continúan en el sentido de presionar por todos los medios cívicos la creación de un entorno propicio para el ejercicio de los derechos de participación política en el país.
La posición de Cepaz a tres meses de las elecciones regionales y municipales, en sintonía con buena parte del movimiento autónomo de derechos humanos, configura el escenario que diversos actores de la sociedad civil reclaman y, por lo tanto, incide en la valoración del proceso electoral en ciernes.
La mayoría de los venezolanos exige un proceso electoral apegado a lo establecido en los estándares internacionales, a la Constitución Nacional y a las leyes especiales, siendo este uno de los temas paragua de la negociación en México, al menos, para la consideración de la Plataforma Unitaria de Venezuela y la comunidad internacional.
“La reinstitucionalización del país y la independencia de los poderes públicos son indispensables para el respeto del ejercicio de los derechos políticos de la población”, suscribe Cepaz.
¿En qué punto las elecciones regionales caminan hacia esta dirección y contribuyen a dar respuesta a las duras condiciones sociales de la población venezolana? Es la pregunta que muchos dilucidan para participar o no en los comicios del 21 de noviembre.
Para más información: Correo del Caroní
