Tras haber esperado 536 días para obtener una respuesta que resolviera el problema ocasionado por las elevadas tarifas del aseo urbano y domiciliario en el municipio, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industriales introdujeron una demanda de nulidad de la resolución 2019-026. emanada de la alcaldía de Iribarren, la cual fue admitida por el Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Centroccidental.
Confirmó la información el licenciado Eldi Montero, presidente de la Cámara de Comercio, quien dijo a Elimpulso.com. que la situación fue ocasionada por la alcaldía, ya que ésta se atribuyó funciones que no le correspondía al establecer un régimen tarifario, reñido totalmente con la realidad del mencionado servicio público, prestado por la empresa Fospuca.
«Las tarifas en cuestión tenían que ser fijadas, previo estudio económico, por el concejo del municipio pero, no fue así», precisó.
Sostuvo que la alcaldía, sin ningún tipo de consideración de la prestación del servicio, estableció varios niveles tarifarios, que para el momento oscilaban entre 5 mil y 10 mil por ciento, que en promedio podía situarse en el 7 mil por ciento.
Montero explicó que dicha resolución está fundamentada sobre metro cuadrado, contrario a lo que establece la ley de la basura, que se refiere concretamente a tipo y cantidad de desechos sólidos.
«Pero, debido a la nueva expresión monetaria que ha anunciado el Banco Central de Venezuela, esas tarifas se han elevado del 20 mil al 30 mil por ciento».
Asimismo, señaló que si el instrumento legal impositivo de la recolección de desechos sólidos era del 2 por ciento, lo que hizo la alcaldía, «arbitraria, ilegal y abusivamente», ha sido el decreto del cierre de los establecimientos del comercio y de la industria, ya que por el concepto del servicio del aseo y de actividad económica se vendría cobrando es desproporcionado totalmente: 48 por ciento de lo que produzca cada sitio de trabajo.
Una vez admitida la demanda de nulidad, cesa la vigencia de la resolución mencionada y tanto la Cámara de Comercio como la Cámara de Industriales esperan que otros gremios y empresas se adhieran a la solicitud introducida en el Juzgado Superior, a fin de que la situación se normalice, toda vez que la decisión sobre las tarifas debe ser del concejo y no de la alcaldía.
Reiteró el dirigente gremial que ningún miembro de esas Cámaras se niegan a pagar, sino todo lo contrario, están dispuestos a cumplir con los pagos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley de la basura y el servicio sea eficiente.
