- Karla Velazco, subdirectora de la ONG, indicó que no manejan cifras de personal universitario inmunizado.
Para Karla Velazco, subdirectora de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta, el inicio de clases presenciales en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.
Nicolás Maduro ha asomado en reiteradas oportunidades que las clases presenciales podrían reanudarse en octubre de 2021 “con todas las medidas de bioseguridad”.
A juicio de Velasco, actualmente no hay condiciones favorables para el reinicio de clases.
“No tenemos cifras de personal universitario vacunado, para un eventual retorno a las aulas es necesario que todos tengan la inmunización”, dijo Velazco.
La subdirectora de Aula Abierta indicó que no solo la vacunación conspira para la vuelta a las universidades, también otros factores característicos de un país con una crisis humanitaria compleja.
“La asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la comunidad universitaria ha afectado las condiciones de infraestructura y organizativas mínimas para impartir conocimiento. La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, quienes no cuentan con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad y la deficiencia en la prestación de servicios públicos como agua, electricidad e internet”, indicó Velazco.
La coordinadora de la ONG venezolana sostuvo que este compendio de calamidades ha provocado la deserción no solo de estudiantes, sino también de profesores.
“Durante 2020 y 2021 se documentó nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron y cursaron matrículas estudiantiles en al menos cuatro de las principales universidades autónomas nacionales de Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente”.
De acuerdo con Aula Abierta, desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021 se reportaron al menos 272 incidentes de hurtos y robos en distintas universidades.
“La infraestructura universitaria ha sido desmantelada por todos los incidentes de seguridad. Es muy difícil hablar de un regreso presencial en estas condiciones”.
La educación es indetenible
Para Aula Abierta, la educación no escapa a la crisis generalizada en Venezuela.
“La emergencia humanitaria compleja afecta a todos los niveles educativos y en situación de pandemia es aún más crítica. El estudiantado y profesorado padece la pérdida de su poder adquisitivo, no cuenta con herramientas digitales necesarias, además las constantes fallas de electricidad e internet vulneran el derecho a la educación y con él la libertad académica”, aseveró la subdirectora de la ONG, Karla Velazco.
A juicio de Velazco el proceso educativo debe seguir, no puede detenerse.
“La educación es la luz de la sociedad que permite el avance y el desarrollo. Toda sociedad democrática depende de la educación y la libertad académica. Por eso desde Aula Abierta afirmamos ‘sin universidades no hay democracia’. El futuro se ve poco alentador, pero es imprescindible que la comunidad universitaria se mantenga en pie exigiendo el respeto a sus derechos a nivel nacional e internacional y aportar propuestas de soluciones. No podemos permitir que se cierre la cuna del conocimiento científico, eso sería acabar con el desarrollo y el progreso. Las generaciones presentes y las futuras merecen una formación de calidad que les permita alcanzar sus metas y sueños”, manifestó Velazco.
Para Velazco el principal desafío de las organizaciones en Venezuela es hacerle frente a las amenazas y acciones del gobierno como la providencia administrativa 002-2021, que obliga a establecer un registro de ONG para intervenir en sus funciones y financiamiento.
“Afrontamos un riesgo de seguridad personal de nuestros miembros como lo padecen todas las ONG en Venezuela debido a las represalias por parte del régimen y en ese sentido está la detención de miembros de Azul Positivo y Fundaredes por nombrar algunos. En nuestro caso, que defendemos derechos universitarios, el grado de riesgo es mayor; es público y notorio la persecución a líderes estudiantiles, profesores y autoridades universitarias que denuncian las violaciones a sus derechos como la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación o transgresión a la autonomía universitaria”, concluyó.
Para más información: Runrun.es
