La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), informó este miércoles 25 de agosto, que entre enero de 2015 y diciembre de 2020 se contabilizaron 1.933 homicidios de migrantes y refugiados venezolanos.
La institución que promueve el respeto de los derechos de las víctimas en Colombia, agregó que 360 venezolanos han sido asesinados en lo que va del año 2021.
Añade que entre enero de 2015 y agosto de 2020, 2.300 ciudadanos venezolanos fueron víctimas de violencia sexual y 836 personas fueron dadas por desaparecidas.
Contabilizan además que entre 2017 y 2020, 33 niños provenientes de Venezuela fueron reclutados forzosamente por parte de grupos armados y 1.650 personas fueron desplazadas.
La información fue dada a conocer durante un foro virtual denominado «Afectaciones y derechos de la población venezolana», el cual contó con la participación de diversos expertos en el tema.
«Es preocupante la situación de los militares y policías que migraron de Venezuela porque son los más deseados para el reclutamiento de las bandas delincuenciales en Bolívar», expresó Annabelle Briñez, de la fundación Un Solo Pueblo.
“Uno de los principales factores que expone a la población refugiada y migrante es el desconocimiento cómo sujetos de derechos. Las personas desconocen los mecanismos para exigir sus derechos”, indicó Laura Zambrano, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte, Eugene Cooper, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que la adopción del Estatuto de Temporal de Protección para venezolanos en Colombia «da a los migrantes una oportunidad para la integración. La regularización permitirá que estas personas puedan visibilizar lo que les ha ocurrido».
«Esperamos que esta sea una conversación que continúe más allá de este encuentro y nos permita continuar juntos», acotó.
En este sentido, Cooper afirmó que «la Oficina de Respuesta e Integración de Venezuela de USAID en Colombia, apoya los esfuerzos de ese país en la promoción del respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población migrante venezolana».
