Con un total de 140 ataques e incidentes de seguridad, el mes de julio se convierte así en el período en el cual se registraron más ataques en contra de los defensores de los derechos humanos, en lo que va del año de acuerdo con el registro del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
En efecto, el derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos se encuentra bajo un constante ataque por parte del Estado. El entorno para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la Política de Criminalización.
Se advierte que el Estado venezolano recrudece la Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La Lógica del Enemigo Interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan.
La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidas como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país.
Las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. La cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe criminalizar a quienes las ejercen.
Los 140 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
Estigmatizacion, 112; Intimidación y hostigamiento, 14; Detenciones arbitrarias, 5; Judicialización, 4; Otros, 3 y Allanamientos, 2.
Lógica aplicada en contra de la defensa y exigencia de DD. HH.
Estiman que la violencia ejercida por el Estado sigue manifestándose en distintas formas en contra de la sociedad civil venezolana. La represión, el control social y la Política de Criminalización sigue afectando de forma particular a las personas y organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.
Por medio de agresiones y limitaciones legales y obstaculizaciones administrativas, el Estado afecta las labores legítimas de las personas y organizaciones. La sistematicidad de los patrones represivos evidencia la vulneración, el derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela.
Durante julio se intensificaron las campañas de estigmatización y los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado acusando a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencistas”, “terroristas”, entre otros.
Asimismo, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado como parte de su estrategia para disminuir el espacio cívico y democrático, aumentaron las detenciones y acusaciones en contra de personas y organizaciones consideradas por este como enemigas, por ser incómodas a los intereses del Estado.
Se materializan las amenazas de judicialización, investigación y detención de personas defensoras de derechos humanos conforme a la aplicación de instrumentos normativos que han sido creados con el fin de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.
El uso de legislación y tribunales con competencia en contra del terrorismo y la delincuencia organizada para criminalizar la defensa y exigencia de derechos se intensifica, mientras permanece vigente la Providencia Administrativa N° ONCDOFT-002-2021 como amenaza al pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación.
A medida que se profundiza el cierre del espacio cívico y democrático en el país, los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización agravan la situación de riesgo de quienes promueven, defienden y exigen el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Quedando además en una situación de desprotección ante la falta de institucionalidad democrática y la inexistencia de independencia de poderes que eviten la impunidad ante las violaciones cometidas.
Movimiento de DD. HH. unido rechaza criminalización del estado
Ante el aumento de las agresiones, limitaciones y obstaculizaciones en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitarias en Venezuela, la sociedad civil ha permanecido unida demostrando que sus actividades por la promoción y defensa de derechos es necesaria ante la emergencia humanitaria compleja existente en el país.
A pesar del agravamiento de los patrones de agresión y del aumento de la violencia que se suma a las distintas dificultades y limitantes producto de la crisis socio-económica debe destacarse que el movimiento de derechos humanos en el país se mantiene firme en el ejercicio de sus actividades en beneficio de la población, y a pesar de los riesgos, se mantienen en primera línea de acción realizando su trabajo a pesar de la Política de Criminalización, demostrando que sus acciones en pro de la paz y la dignidad humana son necesarias para la vigencia de los derechos humanos y la recuperación de un sistema democrático y del Estado de Derecho, asegura el CDJ.
