Un acuerdo mediante el cual condena y rechaza la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro, al transferir 49 por ciento de las acciones de la refinería “Dominicana de Petróleo PDVSA.” (Refidomsa), propiedad de PDV Caribe, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, al gobierno dominicano, como parte de un canje por bonos no cancelados, aprobó la Asamblea Nacional legítima a través de la Comisión Delegada.
En la sesión de este martes, celebrada vía online se abordó el tema sobre la venta de las acciones de PDV Caribe al gobierno de República Dominicana por parte del régimen de Maduro, sin tomar en cuenta la restricciones constitucionales y legales para hacer este tipo de negociaciones.
El acuerdo aprobado expresa claramente que se desconoce el cambio de propietario en la participación accionaria de cualquiera de las empresas que se encuentren en el extranjero, que hayan sido de legítima propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., o sus filiales.
Así mismo, responsabiliza a Nicolás Maduro, a su régimen, así como a aquellos funcionarios públicos y a los miembros que usurpan la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela S.A., por la consolidación de este tipo de transacciones oscuras que permiten el despojo de los bienes y propiedades de los venezolanos en el exterior, recordando que, según la Constitución de la República y la norma legal venezolana, los actos de corrupción no prescriben.
El acuerdo establece que se debe advertir a todos los gobiernos del mundo, que no tienen validez ni serán reconocidos aquellos acuerdo que sea suscrito por el gobierno usurpador de Nicolás Maduro y sus funcionarios que implique el cambio de propietario de las acciones que posee la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y empresas, así como cualquier otro acto que no haya sido autorizado expresamente por la legítima Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución de la República y en la Ley del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.
Igualmente se aprobó que la Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones legales, contra los funcionarios cómplices del régimen de Nicolás Maduro que sean responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en las leyes que regulen la materia sobre corrupción y sobre la protección de los bienes propiedad de la República y de los acuerdos emanados de este Poder Legislativo.
Transacción oscura no hay transparencia
Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN el diputado por el estado Zulia Elías Matta, al iniciar el debate presentó el acuerdo de rechazo a la operación realizada por el régimen de Maduro, quien a través de una permuta entre PDVSA y una sociedad comercial PATSA del grupo económico Rizek,, recibió 49 por ciento de las acciones que tenía Venezuela en la refinería de República Dominicana, a cambio de unos bonos emitidos por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela.
“Gracias al mal manejo de los recursos de la República por parte del régimen, desde el año 2017 esos bonos hoy, prácticamente son llamados bonos basura porque estos irresponsables no cumplen con los pagos correspondientes”.
Matta calificó esta transacción de oscura porque se hizo en circunstancias extrañas, pues PATSA recibió las acciones a cambio de los bonos incumplidos y esta misma empresa le vendió las acciones al gobierno dominicano por más de 88 millones de dólares.
“Esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la Constitución de la República, porque este es un contrato de interés público, en segundo lugar, hay demasiada oscuridad en esta operación: no sabemos cuánto es el valor nominal de estos bonos, no hay transparencia, ¿Por qué se escogió específicamente esta sociedad PATSA? Por lo tanto, desde esta AN aprobamos este acuerdo, para informarle a la opinión pública de esta operación que es totalmente oscura y que nosotros no vamos a avalar esta pérdida de los bienes de la nación”.
Macabro sistema
Mientras que la diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, manifestó que se demuestra el nivel de devastación y de desprecio que han mantenido sobre los bienes de la nación, quienes representan el socialismo del siglo XXI.
“Se hizo una venta por debajo del precio real, para cancelar deuda externa de bonos asumidos por corrupción y que pretenden achacar a las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra representantes del régimen de Maduro, precisamente por vínculos y actos de corrupción”.
Agregó que el régimen una vez más comete un hecho en detrimento del patrimonio de la nación, afectando la industria petrolera de Venezuela. “Respaldamos este acuerdo y ratificamos el compromiso de velar y avanzar para lograr recuperar no sólo la democracia, sino también las industrias del país, los bienes de la nación que han sido golpeados, desbastados y aniquilados por este macabro sistema”.
Una mutilación a las nuevas generaciones
El diputado por el estado Zulia, José Luis Pirela, en nombre de la Fracción Parlamentaria 16 e Julio, condena la venta de la refinería de Venezuela en República Dominicana, al igual que cualquier manejo irregular de los activos de la nación.
Subrayó que este régimen está mutilando la estrategia de internacionalización petrolera de Venezuela, “no les bastó con quebrar y arruinar a PDVSA”. Afirmó que la venta irresponsable de activos del país, como la refinería de República Dominicana, es un atentado a los intereses del futuro de la patria.
“Esto es una mutilación y agresión contra las nuevas generaciones. Por ello los venezolanos estamos obligados a cuidar y defender los activos de Venezuela en el exterior. Debemos rechazar cualquier manipulación y por eso ratificamos la condena al régimen de Nicolás Maduro, no solo por esta venta, sino por otros bienes que han sido dilapidados irresponsablemente”.
La estafa del siglo
Para el diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli, el régimen una vez más le propinó un “zarpazo” a los bienes patrimoniales de los venezolanos, particularmente aquellos que por razones posiblemente diplomáticas no pudieron ser asegurados y quedaron en manos del gobierno usurpador. “Este es un golpe durísimo a los intereses de PDVSA y de los venezolanos”.
Alertó que lo más grave es que la nación recibe por este canje unos bonos que no se sabe, por la opacidad y falta de transparencia en la operación, si al valor facial o del mercado, si es lo primero, a su juicio sería la estafa del siglo, se estaría pagando en un valor de 10 al 15 por ciento, más los 42 millones netos que se pierden de la resta directa de 130 millones de dólares que se pagaron hace 10 años, contra los 88 que se reciben por esta negociación.
“Si además se están recibiendo bonos por el valor facial, que es lo que presumimos que está ocurriendo, debemos denunciar esto como una estafa, como un saqueo del siglo en contra de los intereses de los venezolanos”, acotó el diputado falconiano.
El festín de la corrupción
Jorge Millán, diputado por Caracas, sostuvo que el régimen entrega las riquezas del país para poder recibir recursos y seguir con “la fiesta de la corrupción” que es en lo único que ha sido eficiente.
A su juicio la Refinería Dominicana propiedad del PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela, fue vendida a precio de gallina flaca por el régimen de Maduro, para recibir recursos y seguir dándose la gran vida, a costa de la miseria en que viven los venezolanos.
“Nosotros cuestionamos, denunciamos y alertamos la ilegalidad de esta venta de estos activos venezolanos en República Dominicana, esta estafa a la nación e insistimos que esta destrucción de la riqueza de Venezuela debe ser sancionada cuando el país vuelva a tener justicia y estado de derecho. Los venezolanos exigimos que se dé cuenta del destino de esos recursos recibidos por esta negociación fraudulenta”.
