La justicia peruana evaluará el martes una apelación fiscal para encarcelar de forma preventiva a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por un caso de lavado ligado a la constructora Odebrecht.
El poder judicial anunció el lunes que los jueces de una sala de apelaciones de Lima revisarán el caso que en junio otro magistrado rechazó y en el que la fiscalía pidió prisión porque afirma que Fujimori incumplió las normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020. Aquella decisión judicial se produjo dos semanas después de los comicios presidenciales del 6 de junio, cuando Fujimori perdió las elecciones ante el ahora mandatario Pedro Castillo.
Si bien el magistrado de primera instancia confirmó que Fujimori habló con algunos testigos con los cuáles estaba prohibida de conversar, rechazó el pedido de encarcelarla porque el fiscal no advirtió a Fujimori de que estaba incumpliendo las reglas de conducta, un requisito clave para llevarla a prisión. La fiscalía apeló la decisión que se revisará el martes antes del mediodía vía virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
La excandidata presidencial está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos ricos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que ella perdió de forma consecutiva.
El fiscal José Domingo Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, de lavado de activos, de obstrucción de la justicia y de falsa declaración en procedimiento administrativo.
En la actualidad Fujimori, de 46 años y madre de dos niñas, es jefa de un partido de oposición llamado Fuerza Popular. Tiene 24 legisladores en el congreso unicameral peruano de 130 miembros.
