Como personas civilizadas uno tiene derecho a preguntarse dónde estuvo la justicia internacional al momento de suceder crímenes espantosos contra la humanidad, en el entendido de que humanidad existe como concepto aplicable a miles de millones de personas, o a grupos sociales o nacionales amparados por leyes mundiales para tener vida, aunque la calidad de esta vida esté sometida a las condicionantes económicas de cada región o país.
Como ejemplo concreto y de fecha no tan lejana puede uno preguntarse dónde estuvo la justicia internacional cuando ocurrió el genocidio de Ruanda en 1994, cuando a fronteras cerradas y custodiadas por el ejército francés, sectores hutus asesinaron a casi la totalidad de la población tutsi. Fueron mas de cien días de una bestial cacería humana donde con palos y machetes fueron masacrados seres inocentes, simplemente por un rencor racial, generado por cierto por los mismos países europeos, al crear privilegios de una etnia minoritaria sobre la etnia mayoritaria.
Pero al margen de consideraciones antropológicas, socioeconómicas y políticas, simplemente poniendo el foco sobre el derecho a la vida que tienen los grupos humanos que conforman las naciones del mundo, uno se pregunta dónde estuvo la justicia internacional ante esta orgia de sangre y odio que prácticamente fulminó a un millón de tutsies, un millón de seres humanos que conformaban un poco más del diez por ciento de la población total de ese país para ese momento.
Las grandes potencias del planeta sabían de esta matanza, aunque el país estuvo cerrado para la prensa. De Ruanda nadie salía ni entraba cuando los enfurecidos y manipulados hutus perpetraban esta atrocidad escatológica. Horror que se mantuvo durante más de tres meses ante el silencio vergonzoso de todas las instancias internacionales, sobre todo del Consejo de Seguridad de la ONU.
Con ese mismo derecho que tenemos para preguntarnos el porqué de la inacción de los mecanismos internacionales de justicia ante el genocidio de Ruanda, los venezolanos tenemos el derecho a preguntarnos porque la inacción o lentitud, que para efectos prácticos es lo mismo, de esta justicia internacional ante el drama que sufrimos, con una hambruna que azota a más del 80 por ciento de la población, por decir una cifra ajustada al salario mínimo mensual, y más de cinco millones de compatriotas en fuga migratoria, en Diáspora desde la miseria mortal en tierra propia a la incertidumbre y la mendicidad en tierras extranjeras.
Con base en este derecho humano a tener una vida libre y autosustentable pedimos a los países que tutelan las negociaciones que se realizarán en México se nos dé la posibilidad de rescatar nuestra democracia según los parámetros legales y políticos que existen en las republicas donde impera este sistema. Se nos ha dicho que como pueblo tenemos el apoyo de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica para que dilucidemos nuestras diferencias y encontremos un camino consensuado por medio del voto. Pues bien, hagan ustedes lo necesario y pertinente para que tengamos unas elecciones libres y supervisadas, donde cada elector sea un voto, donde no haya ventajismo oficial, donde haya una participación colectiva, con partidos y líderes de oposición con todas sus prerrogativas legales y sin prisión política.
Contamos en Venezuela con una idiosincrasia democrática con la cual podemos impulsar de nuevo el progreso y bienestar que una vez tuvimos. Somos gente de trabajo, con unos ciudadanos bien formados académica y profesionalmente, somos parte activa de la cultura y valores del mundo occidental. Con este derecho de pertenencia solicitamos que en las negociaciones se nos respalde para trazar una ruta electoral que incluya las próximas elecciones regionales y municipales pero que contemple como objetivo principal unas elecciones presidenciales, mediante las cuales podamos rescatar la Democracia que perdimos por buscar atajos providenciales.
Y este rescate supone la restauración de la institucionalidad que presupone el final de un poder arbitrario que ignora el Derecho para gobernar basando su mandato en la irregularidad propia del capricho que satisface apetencias ilegítimas. Para ello, se hace necesario restablecer los poderes públicos independientes que se tutelen recíprocamente a fin de evitar excesos perversos. En esta función es indispensable y de primer orden la función del Poder Judicial, órgano que de manera imparcial podrá anular una ley dictada por el Poder Legislativo o una resolución, decreto o reglamente que tenga como origen el Poder Ejecutivo. Esa es la base fundamental de una justicia que armonice con aquella que reina en Estados auténticamente democráticos.
En resumen, solamente pedimos que en Venezuela funcione la justicia interna que existe en todas las repúblicas democráticas del mundo. No queremos más, pero tampoco menos.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
