Como “una nueva etapa en la política sistemática de ataque a la propiedad privada iniciada desde el año 2005”, puede calificarse el régimen de privatizaciones recientemente impulsado en el marco de la llamada popularmente “Ley Antibloqueo”, que no implica, en modo alguno, un cambio en cuanto al respeto hacia los derechos de propiedad en Venezuela.
Así lo estima la doctora Andrea Rondón, miembro del Comité Académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) en su más reciente investigación, titulada La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad. El documento da cuenta de las alertas del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad y de las iniciativas que desde esta institución se han impulsado para divulgar la idea de la justicia transicional que restituya los derechos de propiedad de los afectados por expoliaciones desde el año 2005, a través de un Anteproyecto de Ley de Restitución de Activos.
Además, recuerda la existencia en Venezuela de una Ley de Privatizaciones vigente desde 1992 que, entre otros aspectos, busca garantizar el carácter público de estos procesos, además de otros principios garantes como igualdad y concurrencia, dado que “la privatización permite racionalizar la actividad económica del Estado; optimizar los servicios públicos y reestructurar la Administración Pública”.
Privatizaciones que no son tales
Por esta razón, en su investigación, Rondón insiste en que las medidas tomadas entre 2020 y 2021 en materia de empresas expoliadas y “devueltas” a manos privadas no puede considerarse un proceso de “privatizaciones” como el enunciado arriba. Al respecto, resalta características de la Ley Antibloqueo, tales como la posibilidad de “desaplicar” leyes y las amplias facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”.
Rondón cuestiona la posibilidad de “mecanismos excepcionales de contratación”, así como la posibilidad de decretar el secreto y la reserva sobre las actuaciones realizadas en el marco de estas privatizaciones.
“Donde se han llevado a cabo las privatizaciones en países con procesos similares al de Venezuela, estas se han caracterizado por la transparencia de la información y claridad en las reglas aplicadas. Por el contrario, donde los procesos evidenciaron problemas fue porque se llevaron a cabo de manera caótica y no sistemática”, precisa la abogada.
