Acceso a la Justicia asegura que no hay duda de que Nicolás Maduro utilizó la figura constitucional de los estados de excepción para neutralizar a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y reforzar su control sobre las instituciones, los fondos públicos y la ciudadanía, la manera como se ha deshecho de esta herramienta parece responderla, por cuanto las razones esgrimidas para apelar a estos recursos excepcionales continúan allí y lo único que ha cambiado es que ahora el chavismo tiene el control del Parlamento.
En efecto, en enero de 2016, días después de que el Parlamento controlado por la oposición se instalara, Maduro decretó un estado de emergencia económica, con la excusa de hacerle frente a la “guerra económica”. Sin embargo, todo apunta a que dicha medida habría finalizado, ya que la última prórroga venció el pasado 23 de abril según decreto 4.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.615 extraordinario del 23 de febrero de 2021.
El estado de excepción y emergencia económica formó parte, junto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la estrategia que el régimen puso en marcha para desmantelar y liquidar a la AN. Así, mediante treinta y un decretos que imponían, prologándolo mucho más allá de los 120 días fijados en el artículo 338 de la carta magna, el régimen se fue haciendo con más y más facultades que correspondían a los legisladores.
Gracias a esta figura, en el último lustro Maduro pudo aprobar y disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control y supervisión. También pudo transferir recursos de una partida a otra, firmar contratos de interés públicos y empréstitos, ajustar la unidad tributaria, designar embajadores y ordenar el traslado al Panteón Nacional de los restos de hombres y mujeres ilustres sin necesidad de contar con el visto bueno de los diputados, tal y como manda el texto fundamental.
El presidente tampoco tuvo que preocuparse porque los legisladores citaran a sus ministros y demás funcionarios e incluso pudieran censurarlos por no haber cumplido a cabalidad sus funciones, pues durante la emergencia económica les suspendió esta potestad que les confiere la Constitución.
Todo lo anterior contó con la venia de la Sala Constitucional del TSJ. La instancia que estaba llamada a garantizar el respeto de la Constitución dejó de lado su misión para alinearse con el régimen y se dedicó durante cada una de las declaratorias de los estados de excepción a reforzar las arbitrariedades y abusos por parte de Maduro. La multiplicidad de sentencias que avaló la cadena de prórrogas sin ningún motivo que justificara razonablemente la constitucionalidad de su adopción en el país, se limitó a repetir lo dicho por la administración de Maduro.
No fue uno, sino dos
Los venezolanos no solo vivieron cinco años bajo un estado de emergencia económica, sino que desde marzo de 2020 también estuvieron bajo un estado de alarma, impuesto para evitar la propagación de la COVID-19. Así, durante un año se vivió la inédita situación de estar bajo dos regímenes de excepcionalidad.
Esta segunda figura también ha perdido vigencia luego de que el 28 de marzo concluyera su última prórroga, de acuerdo al decreto 4.448 del 28 de febrero, último estado de alarma que se dio a conocer tras el anuncio de su constitucionalidad por la sentencia 034 del 17 de marzo emitida por la Sala Constitucional, cuyo contenido aún no ha sido publicado.
Prorrogado 12 veces
Bajo la excusa de evitar la propagación del coronavirus detectado en la provincia china de Wuhan, las autoridades prorrogaron en doce ocasiones el estado de alarma, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permiten un decreto con un lapso máximo de treinta días prorrogable por una sola vez.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la medida abrió las puertas para que el régimen pudiera reforzar su control político y policial militar sobre los ciudadanos, además de silenciar cualquier voz disidente.
Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 318 personas, entre ellas dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos, fueron objeto de detenciones arbitrarias e ilegales por parte de los cuerpos de seguridad, según una investigación realizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Laboratorios de Paz. ¿El delito? Protestar o expresar descontento por las fallas de los servicios públicos, informar sobre dichas acciones o sobre la COVID-19.
El estado de alarma fue otro cheque en blanco para evadir los controles por parte del Poder Legislativo en detrimento de los derechos fundamentales, ya que las autoridades del régimen adoptaron cualquier medida para cometer toda serie de ilegalidades y atropellos contra la ciudadanía, sin que la justicia tomara cartas en el asunto, tal como está documentado en el Informe Anual 2020 de Acceso a la Justicia.
Problemas sin resolver
El momento escogido para poner fin a los estados de excepción refuerza las sospechas de que los mismos solamente fueron utilizados para suplantar a la AN de 2015. ¿La razón? En enero pasado se instaló el nuevo Parlamento electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, el cual está completamente controlado por el chavismo. En segundo lugar, los problemas esgrimidos por las autoridades para imponerles continúan allí e incluso se han agravado.
En el caso de la emergencia económica, el panorama económico del país no es mucho mejor que hace un lustro atrás. Desde 2017 el país se encuentra sumido en hiperinflación y de acuerdo a los pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no saldrá de ella ni en 2021 ni en 2022. Asimismo, el Producto Interior Bruto (PIB) seguirá cayendo, 10% en este año y 5% más en el próximo.
Por otro lado, las previsiones para el desempleo de Venezuela del FMI apuntan a un nivel del 58,4% y el 60,1% en 2021 y 2022, respectivamente, frente al 55,5% de 2020.
El estado de alarma tampoco parece haber servido para frenar el coronavirus; prueba de ello es que en esta misma semana Maduro admitió que el país había registrado sus primeros casos de la llamada variante Delta, la cual es más infecciosa y se propaga más rápido.
La finalización de los estados de excepción implica la extinción de los decretos leyes dictados por la administración de Maduro, así como cualquiera otra medida y decisión que haya adoptado bajo los mismos. En este sentido, desapareció el basamento jurídico que sostenía las acciones del régimen de Maduro que restringieron o limitaron las garantías de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que mal puede continuar aplicándose en el país.
De allí entonces que no exista actualmente base jurídica alguna que permita sostener la cuarentena flexible y cuarentena rígida, mejor conocida como «método 7 + 7», aplicada por Maduro desde hace un año. Continuar restringiendo las actividades del Poder Judicial, de los registros y notarías, del sector bancario y el comercio o limitando la movilidad durante una semana y otra sería arbitrario.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Está más que claro para los venezolanos que Maduro recurrió a los estados de excepción para poder ejercer el poder sin control, en el marco de una estrategia de coacción y sometimiento.
El régimen de los estados de excepción demostró durante el tiempo de su vigencia que estuvo lejos de defender la estabilidad del país y de velar por los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, más bien fomentó la ruptura institucional, consolidó el Estado de hecho, y agravó la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país, asegura la ONG Acceso a la Justicia.
