Más de 500 organizaciones sociales y ONG venezolanas suscribieron el documento de Provea sobre los últimos acontecimientos en la Cota 905 en Caracas, así como otros hechos de violencia en Venezuela, en el que enfatizan que la prioridad debe ser la gente.
En el comunicado solicitan el acompañamiento de las instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población.
“Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos. Exigimos procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas. Se deben investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales”, exigen.
En relación con las confrontaciones armadas en Caracas, suscitados desde el 7 de julio de este año, con enfrentamientos entre un grupo delictivo organizado y funcionarios policiales, manifestaron su preocupación por la vida y seguridad de los pobladores de la zona afectada, por lo que instaron a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Recuerdan que los operativos de liberación del pueblo (OLP) solo produjeron cientos de muertes y el fortalecimiento de las bandas delincuenciales.
Estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por partede la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y vocerosde diferentes lados del espectro político”.
«Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía. Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos”, señala el documento.
Allí agregan su solicitud para la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios.
En segundo lugar, insisten en que cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sustentable, por lo que debe haber los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación.
“Estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político”, insisten.
Asimismo reiteran la necesidad de mejorar el proceso de selección y formación del recurso humano de las instituciones encargadas de fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario, así como asignar los recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales, a fin de que puedan brindar un servicio de calidad a la población.
“Urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”, agregan.
Una agenda de trabajo
El director de Provea, Rafael Uzcátegui, planteó la necesidad de un acompañamiento a través de las agencias humanitarias de Naciones Unidas, tanto a las parroquias como a las organizaciones que de una u otra manera tienen espacios de intervención en estas zonas afectadas.
“Necesitamos que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de la alta comisionada Michelle Bachelet. Venezuela necesita tener más y mejores herramientas para enfrentar la crisis multidimensional (…) Se trata de colocar la vida como prioridad, lo que implica una alianza en materia de derechos humanos, derechos humanitarios, alianzas en reducción de conflictos y proceso de pacificación”, agregó.
Ello implica también futuros procesos de justicia. “Es estar conscientes de la magnitud de las violaciones de derechos humanos que requieren un proceso de justicia y reparación de las víctimas”.
Uzcátegui destacó que el comunicado no es solo una demanda, sino una agenda de trabajo, por lo que las reuniones con otras instancias es parte del trabajo, en función de una política integral, en el marco del diálogo, el respeto, la confianza y participación.
“Nuestro mandato como ONG es que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones en diseño de políticas públicas con respeto a la dignidad humana.
Participaremos en los espacios donde exista respeto y confianza para diseñar políticas públicas que mejoren el respeto a los derechos humanos. Si las autoridades nos convocan siempre vamos a estar dispuestos a ir, en el marco del respeto y la confianza”, insistió Uzcátegui.
“Nuestro mandato como ONG es que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones en diseño de políticas públicas con respeto a la dignidad humana. Participaremos en los espacios donde exista respeto y confianza para diseñar políticas públicas que mejoren el respeto a los derechos humanos. Si las autoridades nos convocan siempre vamos a estar dispuestos a ir, en el marco del respeto y la confianza”, insistió Uzcátegui.
Desplazamiento forzado
Las ONG y demás organizaciones firmantes manifiestan igualmente su preocupación por el fenómeno de desplazamiento interno que está ocasionando la violencia en el país.
“En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización”, advierten.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, destacó que si bien no han podido tener una cuantificación de las familias desplazadas, se conoce que muchos de estos desplazamientos han sido hacia otros lugares de la ciudad (en el caso de la Cota 905) donde tienen conexión familiar, o al interior del país, en búsqueda de espacios más seguros.
Sin embargo, preocupa que esos desplazamientos se conviertan en migración forzada o refugiados. “La violencia está generando desplazamientos no solo hacia las fronteras, sino un desplazamiento interno que termina causando más pobreza y desasosiego”.
Por otra parte, la comunidad siente temor de hacer las denuncias y dejar testimonios de los excesos en confrontaciones entre bandas armadas y grupos policiales cuando han ocurrido allanamientos, robos y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Provea difundirá en los próximos meses un informe sobre la masacre en La Vega, en Caracas.
“Exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo”, concluye el documento suscrito por las más de 500 organizaciones sociales.
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