El Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) indicó que las vitaminas, las consultas médicas, y la alimentación balanceada en tiempos de gestación son vistos como un lujo en un país donde según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia.
La organización no gubernamental señaló que mientras en Venezuela las mujeres embarazadas no poseen garantías, el Presidente de la República «invitó», por medio de una cadena nacional, “a parir seis muchachos cada una para que crezca la patria” al hablar sobre el Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna.
Pero en contraste, la ONG de derechos humanos denunció que el sistema de salud pública y privada se encuentra en precariedad, además de tener “el derecho a la alimentación severamente vulnerado como consecuencia de la crisis económica, una falta de políticas públicas en materia asistencial, y una tasa de mortalidad materna de 112,2 por cada 100.000 nacidos vivos”.
De igual forma Provea puntualizó que la expresión del mandatario nacional “a parir pues, a parir” se encuentra en un contexto donde consideran que las políticas públicas en educación sexual integral y salud sexual y reproductiva han sido un fracaso al verse reflejado en un aumento del 65% de los embarazos adolescentes entre 2015 y 2019.
Igualmente según Avesa, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, el acceso a anticonceptivos se encontraba con un déficit entre 83,3% y un 91,7% en 2019.
Concluyeron también que la combinación de todos estos aspectos influyen directamente en el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los abortos inseguros asociados a embarazos no deseados.
La imposibilidad de programas y modalidades del control prenatal para las embarazadas de escasos recursos económicos es otro de los ingredientes que se suma a este cuadro.
Un ejemplo de ello es lo que sucede en el estado Bolívar, especialmente en San Félix, donde una chica llamada «María» de 16 años tiene 5 meses de embarazo y hasta el momento no ha podido costearse una revisión en el médico y no espera lograrlo hacer.
Según la presidenta del Colegio de Enfermeras del municipio Caroní, Maritza Moreno, las embarazadas en el estado Bolívar enfrentan una situación muy crítica, pues en los hospitales y centros ambulatorios el control prenatal no se está aplicando.
Y para acceder a una consulta privada y los exámenes correspondientes necesitan alrededor de 80$. En cuanto a los medicamentos, entre 40$ y 60$. ¿Cómo podría costearse esto una chica de 16 años que vende pescado en el mercado municipal su control prenatal?
“¡A parir!, dice el representante de un país en un contexto que lleva a las venezolanas, especialmente a aquellas en condiciones de vulnerabilidad, a una planificación familiar pobre, con altos índices de embarazos no deseados, cuyas cifras tienen pocas alternativas: comer o cumplir con los cuidados especiales de su gestación, o la migración, para conseguir un embarazo y un parto digno, así como una vida en condiciones adecuadas para su hija o hijo, en donde pueda proveerlos de vacunas y medicamentos” explicó Provea a través de un reportaje en su página web.
Por otro lado, también señaló que la explotación sexual, la exposición a enfermedades de transmisión sexual y los abortos clandestinos es algo común, especialmente en las poblaciones mineras.
Pero ya en el mercado municipal de San Félix también “abundan las historias de hombres mayores que compran a niñas y mujeres a través de teléfonos modernos, comida, o ropa. Las menores, y sus familias, los ven como una oportunidad de conseguir una mejor calidad de vida. El trasfondo: una necesidad tan agravada, que no distingue entre oportunidad y explotación”.
No hay garantías ni en el noveno mes
El Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) aseveró que a pesar que Venezuela fue el primer país latinoamericano en aprobar una ley para evitar la violencia obstétrica, se conocen testimonios de mujeres venezolanas que tienen que esperar largas jornadas en su trabajo de parto, además de tener que recorrer diferentes centros de salud para poder ser atendidas.
Indicó que para garantizar la atención muchas veces tiene que auto costearse los kits de cesárea que tienen un valor aproximado de $100, y en caso del parto necesitan unos $25. Pero aquellas mujeres que no tienen los recursos para ello, tienen que pasearse por varios centros de salud para ver si logran donde estén los insumos necesarios para ser atendidas.
Relatan casos donde las mujeres han dado a luz esperando a ser atendidas, como sucedió en el 2017, en el Hospital Uyapar de Ciudad Guayana, donde una mujer terminó pariendo en los pasillos, con la ayuda del jefe de Cirugía del hospital, que pasaba por el lugar.
También en el 2019, una mujer al no tener ninguna respuesta, terminó dando a luz en cuclillas junto a un árbol frente al hospital de Guaiparo, el más grande de Bolívar. Al igual que en abril del presente año, cuando a una mujer se le negó la atención en Guaiparo, y “terminó pariendo en toda la entrada del hospital”.
En referente a ello la presidenta del colegio de enfermeras de Caroní expresó que “son situaciones diarias y cada vez empeora”. Indicó en el año 2017 podían conseguir al menos el 15% de los insumos que requeríamos para esos casos, pero desde el 2020, no tienen ningún tipo de insumo.
La organización no gubernamental pide al gobierno nacional aplicar “políticas públicas reales que protejan a las mujeres, les den el poder de decidir sobre sus cuerpos y les permita elegir cuando quieran traer una vida al mundo”. En vez de incentivar a que aumenten los embarazos sin planificación.
Lea más detalles en RadioFeYAlegría
