El Centro para los Defensores y la Justicia registró 374 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos, que comprenden hechos de estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, judicialización, detenciones arbitrarias, ataques digitales y allanamientos.
Entre los casos más denunciados este 2021 se encuentran la detención de activistas de la ONG Azul Positivo, ocurrida en enero y que fueron liberados posteriormente con medidas cautelares; y la detención de tres directivos de FundaRedes, que incluyen a su director Javier Tarazona.
El Centro Para los Defensores y la Justicia reportó que durante el primer semestre del año 2021 se documentaron 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender DDHH, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones.
Las acciones de persecución y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos (DDHH) en Venezuela se han agudizado durante este año 2021, en un momento en que el país está en la mira de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).
A su vez, en su último informe presentado a inicios de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, manifestó que su oficina registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las acciones que más impacto han causado este año se destacan las detenciones de integrantes de la organización no gubernamental (ONG) Azul Positivo, ocurrida en enero; y la más reciente, con los directivos de FundaRedes, incluyendo a su director, Javier Tarazona.
En el caso de Azul Positivo, los activistas Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebuz fueron detenidos el 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser señalados de “asociación para delinquir”. Fueron liberados con régimen de presentación el 11 de febrero, luego que organizaciones nacionales e internacionales exigieron su liberación.
Agresiones radicales y flexibles
En el mismo informe del Centro para los Defensores y la Justicia, enfatizan que durante un año de pandemia, mientras se profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, “se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria”.
Los 374 ataques e incidentes de seguridad que documentó la ONG durante los primeros seis meses de 2021, se reflejan en varios patrones de agresión:
“En este año, lejos de minimizarse, los ataques contra la sociedad civil crecieron. Las detenciones arbitrarias por manifestaciones por servicios públicos, aumentaron, así como contra periodistas, sindicalistas, contra defensores de DDHH que se han convertido en un patrón de Estado. Pero hay un compromiso tremendo con seguir en el país haciendo la labor”, advirtió Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz.
Derecho a defender DDHH
En conversación con Runrun.es, Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, indicó que los defensores de derechos humanos ejecutan acciones que se enmarcan en el Cuerpo Jurídico Internacional, “tanto del derecho internacional de DDHH, como el derecho internacional humanitario, que promueve y reconoce las distintas actividades que estos grupos realizan”.
Además, Romero detalló que, a través de distintos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establecen una serie de derechos como la “libertad de asociación y reunión pacífica, de expresión y de opinión”.
Recordó además que, en el año 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que se conoce como la “Declaración de Defensores”, que establece una serie de derechos relativos a la defensa de DDHH y que impone obligaciones internacionales para el Estado que deben cumplir.
“El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, garantizar y promover el derecho a la defensa de DDHH”, por ende debe “abstenerse de criminalizar, perseguir, imponer obstáculos y limitaciones arbitrarias o indebidas, al ejercicio de estas actividades”, aclaró.
Un intento de silenciar las voces
De acuerdo con Lexys Rendón, activista y directora del Laboratorio de Paz, el Estado venezolano se ha encargado de ir silenciando las voces de quienes disienten y denuncian las arbitrariedades que se cometen en el país.A juicio de Rendón, el objetivo del estado es “lograr controlar, callar e imponer la política del silencio en las organizaciones de DDHH y los defensores”.
En ese contexto, explicó que el Estado venezolano comenzó con buscar la hegemonía comunicacional, al lograr obtener el control “del espacio público y silenciar voces en todo el espectro radioeléctrico del país”.
Posteriormente, fueron por los partidos políticos, los cuales, según explica Rendón, “están muy diezmados y disminuidos y han abandonado el espacio que tenían copado, por persecución y hostigamiento”.En tal sentido, tras lograr en un gran porcentaje el silencio de partidos políticos, “ahora la mirada se posa sobre la sociedad civil independiente”.
A pesar de esta campaña, la activista asegura que al Estado no le ha funcionado. Comenta que la denuncia y el acompañamiento que han tenido defensores a los que ha tenido acceso, el monitoreo y sistematicidad “ha permitido llegar a las Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo”.“Se logró la mirada de todos los organismos, como la CPI, la oficina de Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos. Hay organismos vigilantes de DDHH en Venezuela (…) Ha sido un logro de la sociedad civil organizada y defensores”, remarcó.
“Se logró la mirada de todos los organismos, como la CPI, la oficina de Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos. Hay organismos vigilantes de DDHH en Venezuela (…) Ha sido un logro de la sociedad civil organizada y defensores”, remarcó.
Se profundiza la criminalización
Marianna Romero señaló que existe una política de criminalización desde hace varios años, lo cual “tiene implicaciones en el marco del derecho internacional, porque existen procedimientos y mecanismos internacionales, que se abocan principalmente a la protección de defensores de DDHH”.
Consideró además, que lo que hace el Estado con el recrudecimiento de la criminalización y la represión a defensores de DDHH, “tiene repercusiones, porque hay una responsabilidad internacional que el Estado no está cumpliendo”.
Por otra parte, Romero resaltó que estas detenciones arbitrarias, como la de los activistas de las ONG Azul Positivo y FundaRedes, “ocurren en el marco de las restricciones al espacio cívico y democrático”, que además comprenden otras acciones como allanamientos, campañas sistemáticas de estigmatización, creación e implementación de leyes como la Ley Antiterrorismo, detallando que hay una serie de instrumentos que se suman a estas agresiones.
En medio de este escenario hostil, Marianna Romero recordó la necesidad de entender que defender DDHH no es un delito, porque se constituye como un derecho humano. “Son acciones necesarias para promover la existencia de sistemas democráticos sólidos”, dijo.
En ese mismo orden de ideas, Lexys Rendón consideró que desde el año 2020 hay un aumento significativo de las detenciones arbitrarias y este año, “está claro que el Estado venezolano quiere ahora lograr el control y el silencio de la sociedad civil, y lo está haciendo a través del miedo, el terror, las mismas prácticas que hizo con el movimiento político, que es tratar de generar fracturas y que personas se inhiban”.
Los defensores de DDHH siguen trabajando
A pesar de las detenciones, allanamientos y el hostigamiento del cual son víctimas activistas y defensores de DDHH, según Romero, “las organizaciones han seguido de forma resiliente trabajando para realizar sus actividades, aunque esto represente una labor de riesgo”.
Por su parte, Lexys Rendón coincide con esto, pues considera que, en el caso de las organizaciones que defienden derechos humanos, “no es a través de las detenciones arbitrarias o el hostigamiento que se va a lograr que se desarticule el acompañamiento y la denuncia en materia de DDHH”.
“Esto es un compromiso que va más allá de reivindicaciones de carácter político, cargos políticos o dinero”, agregó Rendón.
Desmovilizar la sociedad civil
De acuerdo con Lexys Rendón, todas estas acciones del Estado genera que los defensores de DDHH tengan que defenderse a sí mismos, antes que seguir haciendo su labor de documentar y denunciar.
Por otra parte, reconoce que el miedo que generan estas arbitrariedades pudiera causar que muchos piensen en emigrar y hacer su trabajo desde el exterior.
“Se busca desmontar una red muy fuerte de sociedad civil, que es lo que ha hecho que la mirada del mundo esté aquí, por las denuncias de DDHH (…) Sabemos que es un Estado autoritario, que no tiene la voluntad política de respetar el estado cívico, sino de control, que va a seguir tratando de ejercerlo”, apuntó Rendón.
Comenta además que, en lugar de resquebrajarse el movimiento, ha habido una respuesta de solidaridad y que, contrario a muchos sectores políticos, los defensores de derechos humanos se articulan, entendiendo que estos defensores pueden ser periodistas, sindicalistas, trabajadores de la salud, gremialistas, maestros, estudiantes y aquellos cuya labor está dentro de una organización que acompaña víctimas.
“Estamos claros que ahorita la mirada está sobre la sociedad civil no partidista. Estamos en un año de elecciones, donde la CPI podría pasar a una nueva fase. Estamos en un año muy importante en materia de DDHH. Esperamos un próximo informe de la Misión de Determinación de Hechos.
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