La ONG Provea y el Centro Gumilla presentaron la página web Lupa por la Vida, en la que reflejan los resultados de su monitoreo de violencia policial y militar, investigación que arroja un registro de 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de 2021.
Resaltan que esta cifra deja en evidencia el alto nivel de letalidad policial en el país, pues los cuerpos de seguridad del Estado no practican el uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo. En su lugar, «persiste la práctica del disparen a matar», destacan Provea y Centro Gumilla.
A pesar de la preocupación que desata registrar más de 800 ejecuciones extrajudiciales en seis meses, significa en realidad una disminución del 48% frente al primer semestre de 2020, cuando se contabilizaron 1.611 asesinatos de este tipo.
Por otra parte, celebran que por primera vez desde que se lleva el conteo, a mediados de 2015, hubo estados en los que no se registró ningún asesinato a manos de militares o policías en algún mes del año.
Según Lupa por la Vida, esta disminución podría guardar relación con el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, presentado en septiembre de 2020, en el que Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol fueron señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.
«Del monitoreo realizado a nivel nacional pudimos constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite, las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)», explican.
La disminución, aunque positiva, otorga peso a la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado y que, cuando existe voluntad política, se puede orientar a los cuerpos policiales para que sus actuaciones sean menos letales.
Menos intervención policial
Uno de los principales hallazgos del monitoreo fue la disminución radical en la cantidad de veces que los cuerpos policiales intervinieron en sus ejecuciones. En este semestre acumularon 64 operaciones que acabaron con asesinatos, a diferencia de las casi 417 que acumularon en el mismo período del año pasado.
Resaltan que esta menor operatividad podría tener que ver con un proceso de disolución progresiva de las FAES, ya que este año han trasladado personal hacia la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que fue responsable de cuatro casos de presuntas ejecuciones de este registro.
Con menor presencia de las FAES en este aspecto, otros organismos han ganado protagonismo en materia de ejecuciones extrajudiciales. El monitoreo indica que 180 de los casos se adjudicaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), un 21,7% de las 825 muertes.
Sin embargo, las policías estadales, como conjunto, siguen liderando el registro como los organismos más letales.
Entre todos, fueron señalados como responsables de 309 personas asesinadas en estos seis meses. Solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Dentro de este grupo, destacan las policías de Zulia y Carabobo, con 83 y 75 muertes, respectivamente, en este registro. Concretamente en Carabobo, se presenció un endurecimiento de la letalidad, mientras que en el resto del país se observaba un apaciguamiento.
Los puntos rojos de las ejecuciones extrajudiciales
El informe también destaca a los estados en los que se observó mayor letalidad. En este sentido, figuraron Zulia (171), Carabobo (136), Aragua (88), Lara (71), Anzoátegui (66), Miranda (48), Bolívar (44) y Distrito Capital (40).
Provea y Centro Gumilla enfatizan que gracias a testimonios de familiares, se determinó que existían elementos suficientes como para presumir que se trata de ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, destacan las tácticas que utilizan los organismos de seguridad, como el manejo de falsos enfrentamientos, montajes de escenas del crimen en los que los funcionarios hacen ver que el uso de la fuerza fue justificado ya que las víctimas habrían utilizado armas, cuando en realidad, muchas veces las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
«Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona», aclaran.
Víctimas jóvenes y pobres
Lupa por la Vida subraya que se detectó otro patrón en el accionar policial durante este semestre, referente a la edad de las víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Entre las 825 víctimas, 226 muertes correspondieron a jóvenes en este grupo de edad, un 27,29% de los casos.En su mayoría, los asesinados bajo el pretexto de «seguridad ciudadana» se comprenden entre las edades de 18 y 30 años.
Además, viven en zonas pobres, las «zonas populares» que en un momento fueron considerados un bastión del chavismo y a quien Hugo Chávez otrora dirigiera sus discursos políticos.
Algunos de los ejemplos de esta práctica en las zonas pobres son los operativos policiales ejecutados en La Vega, que culminó con al menos 23 muertes. En sectores humildes de Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy y Zulia se registraron casos similares.
Ejecuciones extrajudiciales destacadas
El informe también destaca casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de Edinsson Fernando Mijares Duque, de 29 años, y Luis Alfredo García Marín, de 32.Sus familiares denunciaron que los funcionarios policiales ingresaron en sus hogares sin orden judicial, les sembraron armamento, los golpearon, torturaron y luego los asesinaron.
También figura en el monitoreo la masacre de El Ripial, un hecho en el que fueron ejecutadas extrajudicialmente cinco personas, presumiblemente a manos de efectivos de las FAES, que «inexplicablemente» participaban en el conflicto armado entre fuerzas militares venezolanas y grupos irregulares en la parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Páez de Apure.
En esta operación murieron Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez; los cuatro primeros, miembros de una misma familia. El parte oficial les tildó de «guerrilleros» sin presentar pruebas contundentes.
Según testigos y conocidos, los cinco fueron sacadas de sus casas con vida del barrio 5 de julio, en La Victoria. Posteriormente, aparecieron sus cadáveres en El Ripial, a unos 25 kilómetros.El fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, envió una comisión del Ministerio Público para investigar los hechos.
Dos semanas después, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, anunciaba que la comisión se mantenía en la parroquia investigando.in embargo, 113 días después, aún no existe respuesta de los funcionarios del Ministerio Público. Ningún organismo ha recibido un informe sobre la investigación ni se han determinado responsabilidades.
El fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, envió una comisión del Ministerio Público para investigar los hechos.
Dos semanas después, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, anunciaba que la comisión se mantenía en la parroquia investigando.in embargo, 113 días después, aún no existe respuesta de los funcionarios del Ministerio Público. Ningún organismo ha recibido un informe sobre la investigación ni se han determinado responsabilidades.
Recomendaciones
En este contexto, Lupa por la Vida presenta una serie de recomendaciones para disminuir las ejecuciones extrajudiciales y otros hechos que «vulneren el derecho a la vida de los ciudadanos».
Proponen que las fuerzas de seguridad apliquen uso diferenciado y progresivo de la fuerza, en lugar de ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.
De igual manera, que las autoridades gubernamentales ofrezcan instrucciones precisas para actuar en conformidad con los derechos humanos; en caso de que esto no ocurra, deben investigar y sancionar a los autores materiales y cadenas de mando presuntamente implicadas en ejecuciones extrajudiciales.
Además, monitorear desplazamientos internos que han ocurrido como consecuencia de situaciones de violencia en comunidades, y brindar apoyo a estas familias.Recomiendan también disolver las FAES, suscribiéndose a la petición de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
También indican que debe promoverse un proceso de desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana. Los mandos de las policías deben ser civiles y se deben fortalecer los controles internos y externos.
Finalmente, exigen el cese a la criminalización de jóvenes en sectores populares. «Exhortamos a las autoridades a desarrollar planes que les ofrezcan oportunidades y atender también los graves problemas de servicios públicos que afectan la calidad de vida de sus familias», sostienen.
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