Un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello, con el objeto de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional, aprobó este martes el pleno de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional (AN).
El documento presentado por la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, exige a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales.
Parcialidad judicial
El diputado Williams Dávila, presidente de la referida instancia legislativa, ratificó la denuncia sobre la parcialidad del sistema judicial y el deterioro de la independencia de los Poderes Públicos, que están sometidos al Poder Ejecutivo usurpador y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de la dictadura, esgrimidas por la oficina de la Alta Comisionada de los DD. HH. de la ONU; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas de América Latina.
A su juicio la reforma judicial y penitenciaria propuesta por el régimen “es una respuesta política” que hace el régimen de Nicolás Maduro ante las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional y como parte de una estrategia que pretende demostrar que funciona el sistema judicial de forma independiente y parcial en Venezuela.
“La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75 mil presos, de los cuales 40 mil están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio”, comentó Dávila quien a su vez, señaló que el régimen no tiene la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal.
Denunció que el régimen convirtió las cárceles venezolanas en “centros de corrupción y negocios ilícitos y precisó que en el año 2020, se registraron 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron de desnutrición y tuberculosis y señaló que actualmente no poseen información precisa sobre los casos de contagios de COVID-19 en las cárceles.
Repartirse cuotas de poder
La parlamentaria María Beatriz Martínez, estima que esta supuesta sexta reforma judicial gestada por el chavismo-madurismo, solo de sirve para “cortar cabezas, a los que no le son cómodos o no se cuadren en sus estructuras corruptas de mercaderes de la justicia” y añadió que con este anunció del régimen pretende “lavarse la cara y tratar de huir de todas las denuncias de delitos de lesa humanidad que se han presentado ante instancias internacionales”.
“¿Cómo es eso, qué es Maduro, el que dispone quién y qué debe ser reformado? en un poder que debe ser llamado a tener autonomía y cuya independencia está garantizada en la Constitución”, inquirió la parlamentaria quien aseguró que esta reforma profundizara la crisis, la persecución de la disidencia y el debacle del sistema judicial y penitenciario del país.
Martínez acusó a Cilia Flores y Diosdado Cabello de repartirse las cuotas y dependencias del poder judicial con este tipo de medida, recordando que ambos personeros de la dictadura han sido señalados de estar involucrados en actos de corrupción y narcotráfico por la justicia internacional.
La legisladora Deyalita Aray, vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, afirmó que el sistema carcelario durante estos 20 años de dictadura se ha caracterizado por “tragedias, desastres, retardo procesal, enfermedades, violación de derechos humanos, hacinamiento, venganza contra la disidencia y muerte”, además afirmó que el anunció de la reforma del Poder Judicial impedirá que los “verdugos de los venezolanos” paguen por sus delitos.
Profesionales del sistema penitenciario han sido sustituidos por pranes
“Se ha hablado durante muchos años de la reforma del sistema carcelario… se llevó a cabo la reforma del COPP para obstaculizar la participación de la sociedad civil organizada como coadyuvante en los sistemas de administración de justicia y la realidad es que esos profesionales del sistema penitenciario han sido sustituidos por pranes», expresó la diputada Tamara Adrian, durante la sesión de la Comisión Delegada.
Sostuvo la legisladora que más de 20 años de dictadura han hecho colapsar al sistema de justicia. “Los signos de ese colapso fueron bastante tempranos, sobre todo en la rama de la competencia penal y civil, para dejar de lado temas como la justicia constitucional y político-administrativo que se convirtieron en mecanismos para que el particular nunca pudiese obtener justicia. En la actualidad, lo que vemos es un sistema de justicia colapsado en todos sus ámbitos”.
Adrian aseguró que, para modificar «la obra de teatro de justicia», se tendría que implementar una comisión de notables juristas que tengan el reto, sin pasiones políticas, de reinstitucionalizar el sistema judicial y el nombramiento y remoción de jueces. «Hay que despolitizar todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Pensar que dos operadores políticos del régimen de larga data, pudiesen tener al menos una idea de lo que se necesitaría para lograr la independencia del poder judicial, es una utopía que podría resultar si no fuese tan trágica».
Retrasos procesales
En cuanto a los retrasos procesales, la diputada indicó que la utilización indebida de privación de libertad, son manifestaciones de un cáncer que no puede ser curado por medidas cosméticas. «Si fuésemos serios en estos temas, tendríamos que entender que es una labor titánica la de reconstruir a partir de las cenizas de lo que queda del sistema de justicia».
«Si vemos que el sistema de lo contencioso administrativo se ha convertido en una especie de obra de teatro de justicia donde el administrado jamás obtiene una victoria frente a los abusos de poder, nos damos cuenta de que realmente modificar el sistema de justicia, que ha sido destrozado en más de 20 años, es una necesidad demasiado seria como para confiarlo a personas que son coadyuvantes de esta debacle del sistema de justicia», precisó Tamara Adrián.
