Durante los primeros 6 meses del año fueron documentados 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento del 243 % en comparación con el mismo período del año 2020, en el cual se registraron 109 situaciones, reveló el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
En el marco de la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria.
Revela el CDJ que el Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales y agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.
Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.
Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
- Estigmatización 252
- Intimidación y hostigamiento 43
- Amenazas 35
- Judicialización 11
- Detenciones arbitrarias 11
- Ataques digitales 11
- Otros 8
- Allanamientos 3
Cierran espacios a defensa de DD. HH.
Denuncia el CDJ que durante el período que abarca este informe se observó un aumento en las medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la acción humanitaria, a través de la creación y posible imposición de nuevos requisitos para que la sociedad civil pueda operar plenamente en el marco de nuevos controles administrativos impuestos de forma discrecional por el Estado.
La creación de nuevos mecanismos como el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo, la activación del Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG), establecido en las Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela y los avances en torno a la posibilidad de aprobación de una nueva Ley de Cooperación Internacional; son parte del cumulo de instrumentos normativos que han sido establecidos desde el año 2002 y cuyo fin y espíritu están dirigidos a la imposición de mayores limitaciones al espació cívico y democrático, reduciendo los espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricciones arbitrarias y que además representa el establecimiento y formalización de los lineamientos para justificar y propiciar la criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.
La promoción y defensa de Derechos Humanos es esencial para la garantía del Estado de Derecho y es necesario el trabajo para atender y brindar respuestas efectivas ante la crisis social y garantizar la dignidad humana.
Movimiento de DD. HH. desafía política de criminalización
Las organizaciones respondieron de forma unida mediante campañas informativas, en rechazo a las agresiones en contra del movimiento de derechos humanos.
Se instó al Estado el cese de la criminalización y se le instó a respetar y garantizar el trabajo humanitario y de derechos humanos.
Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, destacamos la resiliencia de las personas y organizaciones de derechos humanos y humanitarias, quienes ante las agresiones del Estado siguen, a través de sus procesos de documentación y denuncia y sus actividades en pro del respeto de la dignidad humana, desafiando la Política de Criminalización ejecutada en su contra y demostrando que sus acciones son necesarias y esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales, revela el informe del CDJ.
