Nicolás Maduro dijo este 14 de marzo que está pensando en “flexibilizar ampliamente, casi totalmente todas las medidas de restricción y abrir las compuertas”. Afirmó que con las medidas de protección que los ciudadanos cumplen, se ha llegado a 22 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes. Sin embargo, los expertos en salud consideran que el país no está listo para un relajamiento de las medidas de cuarentena.
Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, opina que Venezuela no está mínimamente preparada para ello, máxime cuando se trata del país de América Latina que menos personas ha vacunado, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Opinión similar sostiene Jaime Lorenzo, presidente de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, para quien esta es una decisión tomada más por lo ideológico-político que por lo político-sanitario. Recuerda que en diciembre y en carnaval se flexibilizaron las medidas de cuarentena y “la cantidad de pacientes contagiados aumentó, así como el número de muertes”.
El infectólogo Figuera asegura que el número de contagiados y fallecidos en el país por COVID-19 puede ser entre cinco y diez veces superior al mostrado por las autoridades, pues dice que el gobierno perdió la capacidad que tuvo en 2020 para hacer pruebas de diagnóstico de contagio (rápidas o PCR), razón por la cual no se tienen cifras reales de la población contaminada. Lorenzo también asegura que la “realidad es mucho más grande”.
En efecto, desde hace varios meses los balances diarios que ofrecen las autoridades no incluyen el número de pruebas realizadas, lo que corrobora lo expuesto por los galenos.
A pesar que desde que el régimen ideó el plan 7×7, que consistía en permitir que unos establecimientos trabajen una semana corrida y otra no, los especialistas insistían en que no estaba basado en ningún método científico, ahora sostienen que eliminarlo significará que la gente se relaje más, lo que traería un aumento de casos que colapsaría el precario sistema público de salud.
«La mayoría de las pruebas se hacen de forma privada y esas no cuentan para los registros oficiales, así que no se puede asegurar que la pandemia está controlada”, dijo Manuel Figuera en entrevista a Unión Radio, al tiempo de asegurar que por el contrario se está en un pico cuyo alcance se desconoce por el subregistro que existe.
Por su parte, Jaime Lorenzo dice que en el país se ve lejos la posibilidad de controlar la COVID-19 porque el sistema de vacunación no es efectivo, pues al país han llegado poco más de 3.000.000 de dosis de vacunas. Aclara que si los números de inmunización fueran diferentes, se pudieran tomar decisiones efectivas con respecto a la flexibilización como han hecho otros países.
Ante este panorama, el cirujano Lorenzo se interroga: “¿Cómo vas a tomar una decisión en una población que tú no has educado para que se cuide, para que cumpla con los medios de protección, respete el distanciamiento social y más aún con el problema socioeconómico que hay en el país?”
El representante de Médicos Unidos asegura que las medidas tomadas no se han enfocado en la necesidad de prevención de COVID-19, sino “en función del esparcimiento de la gente u otras visiones políticas”.
Cree que si el mensaje que se envía a la población es que todo está controlado y esa no es la realidad, “nuestros ciudadanos no se van a proteger, no se cuidan y viene la posibilidad de que aumenten los contagios”.
Jaime Lorenzo también se muestra preocupado por la posibilidad de que en cualquier momento lleguen al país las otras variantes que están circulando por el mundo, incluyendo Delta, o aparezcan variantes autóctonas en Venezuela. “Eso nos dice que debemos pensar más en los ciudadanos y no tomar decisiones desde el punto de vista ideológico-político”, reflexiona.
Sobre la posibilidad de una tercera ola de coronavirus en el país, Lorenzo dice que se contará con lo mismo de febrero del año pasado en cuanto a infraestructura y servicios hospitalarios: “Los servicios de laboratorio, servicios de rayos X y las unidades de terapia intensiva no han tenido ninguna acción de mantenimiento correctivo para ponerlos operativos a un porcentaje adecuado”, lamenta y añade que esta vez, el agravante será la disminución de personal sanitario.
“Desde noviembre hemos observado una migración del personal sanitario que está buscando mejores condiciones de salario y de vida (a centros privados), pues con el sueldo y las condiciones con la cuales está trabajando en los diferentes centros públicos no puede tener una vida decente”, sostiene el médico.
El llamado del personal médico a la población es a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, a lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible, a respetar el distanciamiento y a usar el tapabocas de forma correcta.
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