El Derecho es un producto social que conforma la superestructura valorativa y programática de cada país. A esta aproximación conceptual de tipo sociológico pudiéramos agregar que este regulador social se inspira en paradigmas universales de justicia, pero toma las particularidades de cada nación en tanto sus legisladores formalizan en leyes costumbres y conductas sociales que consideran elementos constitutivos de su idiosincrasia y funcionan como instrumentos del bienestar colectivo.
Creímos necesaria esta introducción para explicar la manera como el régimen comunista, de manera gradual y progresiva, creó un sistema jurídico adecuado a sus intereses hegemónicos, con base en una plataforma legal que subordinó los principios esenciales de la ética a normas negadoras de la justicia, pero con anclaje en la forma como una mayoría ciudadana percibe la interrelación del Estado con el individuo.
El que el Estado venezolano haya asumido una responsabilidad de protección social hacia el pueblo se establece en la Constitución de 1936, bajo la Presidencia de Eleazar López Contreras, quien según el escritor Mariano Picón Salas, es quien hace entrar a nuestro país al siglo 20, luego del militarismo del siglo 19 que se extendió hasta la muerte de Juan Vicente Gómez.
Instaurada así una Democracia que tenía como fundamento una Constitución Social de Derecho, se inician procesos políticos signados por elevar el nivel de vida ciudadano a partir de las cosmovisiones ideológicas desarrolladas en Europa, a través del Estado del Bienestar y que a partir de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en ejes doctrinarios sobre los cuales nacieron, se organizaron y prosperaron los partidos políticos que marcaron la historia desde 1928 hasta el advenimiento de Hugo Chávez al poder.
Durante los tres primeros periodos de la Democracia instalada en 1958 el país vivió un crecimiento discreto pero sostenido de su Producto Interno Bruto, con una inflación moderada y un gasto publico ajustado a una contabilidad responsable, pero no obstante se comienza a incubar la practica partidista de convertir el ejercicio del poder en un instrumento para mantener logísticamente a estas organizaciones políticas y con este mecanismo clientelar, apuntalar un sistema de intermediación entre el Estado y el ciudadano que se convirtió en un vicio criticado, pero colectivamente aceptado.
Con base a estas costumbres ilegales pero asumidas como norma operativa de consentimiento popular, llegamos a 1998, luego de una crisis económica grave que llevó a restricciones fuertes y que puso al populismo en cuarentena. En ese año se inicia un proceso de formalización legal de todas esas costumbres que hicieron colapsar al Estado Paternalista. Allí comienza el calvario que tenía y tiene como propósito controlar al país mediante una legalidad contraria a la libertad, a la creación de riqueza y a la posibilidad de tener instituciones democráticas que garanticen el cumplimiento de los dogmas constitucionales que aún siguen vigentes, a pesar de su cotidiana transgresión por parte del oficialismo.
No otra explicación tiene la irracional e inconstitucional iniciativa de crear un Estado Comunal a través de leyes espurias que socaban la idea del Estado democrático y la concepción de la organización social que indica la mesura, el buen juicio, de cómo administrar y dirigir las instituciones públicas. La destrucción de la estructura estatal moderna, con la devastación de gobernaciones, alcaldías y otras instancias intermedias, con la excusa del ejercicio “directo de la democracia”, pretendiendo que la masa popular ejerza el poder rectamente, sin intermediarios, era posible en agrupaciones humanas primitivas de los comienzos de la evolución social. Ofrecer demagógicamente, a través de un populismo trasnochado resolver las muchas y graves carencias del sufrido pueblo venezolano con esta demente transformación de la estructura estatal es un acto criminal, es una chifladura que adquiere ribetes dramáticos al concretarse en una ley propia de legisladores insensatos.
Esta es la idea superlativa, creada por la dictadura venezolana, basada en el populismo destructor de las organizaciones estatales contemporáneas, que se completa con el carnet de la patria, el sistema Clap y el resto de deformaciones orgánicas con los cuales el régimen aplica el control social. Todo ello nació del vicio populista, el cual, de hijito bandido que los partidos políticos quisieron ocultar del escrutinio público, se convirtió en un monstruo implacable que devoró nuestra Democracia hasta sus cimientos-
Roguemos porque todo esto no sea más que un nuevo amago del oficialismo con su absurda idea del Estado Comunal y que su concreción no se realice por la oposición que frente a ella ejerza el sufrido pueblo del país.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
