Después de veintiún años de gobiernos chavistas se anuncia “una revolución judicial profunda y acelerada” del Poder Judicial. Se trata de una proclama vacía de contenido porque lo que se percibe es más control sobre los jueces y más amenazas contra el ciudadano común. Lo que sí reconoce esta nueva propuesta es el fracaso de la revolución en el manejo del sistema de administración de justicia.
Venezuela aparece en los últimos lugares en los índices de medición del Estado de derecho (Rule of Law), que reporta el World Justice Project. En el estudio correspondiente al año 2020 (p. 157) aparecen cuatro indicadores alarmantes: corrupción, influencias indebidas, retrasos injustificados y debido proceso legal. Un índice que no puede pasar inadvertido es el de influencias indebidas en los procesos judiciales: ¿es posible litigar un asunto judicial contra algún miembro de la nomenklatura revolucionaria en igualdad de condiciones? ¿Cómo queda el principio de igualdad ante la ley cuando el contrincante es miembro de la élite del poder?
Otro aspecto que hay que destacar es el de la predictibilidad de las decisiones judiciales. Una jurisprudencia consolidada no tiene ningún valor si se trata de algún asunto que interese a la revolución. No hay seguridad jurídica y el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho pasa a ser letra muerta. Es posible que dos tribunales distintos dicten decisiones contradictorias sobre un mismo aspecto, pero no lo es cuando es el mismo juez quien dicta sentencias contradictorias, sobre todo si lo hace para favorecer un interés político particular.
Si un tribunal tiene una jurisprudencia consolidada sobre un asunto jurídico concreto, no puede aplicar un criterio diferente y de manera aislada y sobrevenida para resolver el mismo asunto. Esto comporta violación el principio constitucional de la confianza legítima. Esta manera de sentenciar afecta igualmente la seguridad jurídica y contribuye a consolidar la posición de Venezuela en el foso de los indicadores del Estado de derecho. El caso venezolano en este aspecto es asombroso, pues se aplican criterios ad hoc en asuntos que tienen contenido político.
Falta de consistencia jurídica por influencias indebidas, violaciones al debido proceso causadas por favoritismo, jueces sometidos al poder político son asuntos que se han acrecentado en las últimas dos décadas. Quienes contribuyeron con esta crisis no están en capacidad política para resolverla, sobre todo si se tiene en cuenta la vocación autoritaria que los caracteriza.
Sin una reforma judicial que signifique la despolitización de la magistratura, toda la retórica rimbombante no será más que una nueva engañifa. Si lo que se pretende es aparentar ante la comunidad internacional voluntad de apertura política, deben dar pasos concretos que signifiquen liberación del poder judicial de la garra autoritaria. Es una materia que debe estar en el tope de las prioridades políticas.
Un paso fundamental en una reforma judicial es liberar a los jueces de controles políticos partidistas. La figura del juez provisorio ha sido una manera de ejercer control y sometimiento. Para ello se requiere la elaboración de concursos de oposición transparentes, con jurados confiables dirigidos a llevar al Poder Judicial a funcionarios idóneos.
Asimismo, se impone una remuneración acorde con las responsabilidades judiciales, con salarios dignos y con sistema de seguridad social apropiado. Todo ello dentro de un ambiente físico digno: Internet, servicios de agua y electricidad. Cada tribunal provisto de computadoras de última generación y las herramientas tecnológicas necesarias para acometer la justicia digital.
La reforma judicial debe estar dirigida a preparar al Poder Judicial para la era digital. Esto impone un cambio de paradigma para agilizar el proceso con apoyo de las tecnologías. El expediente electrónico, la audiencia virtual, la firma digital, el uso de la inteligencia artificial para agilizar la parte narrativa de las decisiones judiciales son aspectos que deben incluirse.
Se impone un remozamiento completo que involucre mejorar la calidad de las decisiones para que las sentencias puedan ser entendidas por todos. Lenguaje sencillo y preciso, sin necesidad de apelar a alambicadas frases y el uso de innecesarios adjetivos. Este es un aspecto que debe ser revisado. Debe ser superada la práctica de sentencias que se convierten en un menjurje de citas inconexas y latinajos innecesarios. La claridad expresiva da fuerza a las decisiones judiciales.
Una reforma judicial debe contar con el respaldo de los Colegios de Abogados, Universidades, Academias y demás integrantes del sistema de justicia, como los centros de arbitraje. De ahí deben salir los miembros de los jurados para los concursos de oposición que se requieren en la selección de los jueces. Las universidades, por su parte, deben crear líneas de investigación en materia de formación de jueces. No es asunto que solo corresponde a la Escuela de la Judicatura, que está bajo el control político.
Sin la figura del magistrado independiente, libre de ataduras políticas, es imposible rescatar el Poder Judicial. Este paso es de muy difícil cumplimiento en vista de la ideología política y del autoritarismo sectario y excluyente. El marxismo no cree en la separación de poderes ni en la democracia representativa ni en la independencia judicial, sino en el Estado unitario dominado por el ejecutivo.
No sin olvidar que no puede haber democracia ni libertad si los jueces están sometidos al control autoritario del poder político. He aquí uno de los retos para el porvenir.
Ramón Escovar León
