El Departamento de Estado de EEUU aseguró en su informe de 2021 sobre trata de personas en el mundo, publicado el jueves 1° de julio, que el régimen de Nicolás Maduro «brinda apoyo» y fomenta un «ambiente permisivo» para la práctica de este delito, en donde grupos irregulares reclutan niños para participar en conflictos armados, el trabajo forzado y la trata sexual.
“Las autoridades venezolanas brindaron apoyo y un ambiente permisivo a los grupos armados no estatales, incluidos los grupos armados ilegales colombianos que reclutaron y utilizaron niños soldados para conflictos armados y se dedicaron a la trata sexual y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad“, reza el documento.
A juicio de EEUU, las autoridades venezolanas no han hecho lo suficiente para frenar la acción de grupos armados, como la disidencia de las FARC y el ELN, de reclutar a los menores de edad para todas las actividades descritas anteriormente.
Denunció además que las leyes de nuestro país no tienen una tipificación de delitos para la trata de hombres y niños «cuando los perpetradores no formaban parte de una organización delictiva organizada“.
El documento emanado desde el Departamento de Estado de EEUU se conoció a la par del informe elaborado por la ONG FundaRedes titulado “Arco Minero del Orinoco violación de derechos humanos y esclavitud moderna”, en el que se denuncia que en la actividad de la minería ilegal -controlada por el Estado venezolano y grupos irregulares- han generado violencia y llevado a la población a caer en trabajos forzosos para vivir.
En dicho dossier se revela que dentro del extractivismo ilegal se produce “la vulneración de los derechos de la mujer, de las niñas y adolescentes que han quedado atrapadas en la grave crisis que se vive y acrecienta producto de la presencia de grupos armados irregulares, paralegales, entre otros, aumentando los índices de feminicidios, abuso sexual, tráfico de personas, trabajo forzoso, que conforman nuevas formas de esclavitud, todas frente a la mirada omisiva de unas autoridades que ponen por encima sus intereses particulares en detrimento de los más vulnerables”.
Ya FundaRedes había denunciado que en el estado Apure ha aumentado de forma alarmante la captación y contratación de los jóvenes por parte de los grupos irregulares, a los fines de involucrarlos en los trabajos inherentes al cultivo, siembra y recolección coca y marihuana, todo ilegales dentro del país.
Las redes de trata de personas no son nuevas en las costas venezolanas. TalCual en alianza con la plataforma Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
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