Nicolás Maduro como cabeza del régimen nombró una comisión para la reformulación del Sistema Judicial venezolano, un verdadero, claro y vergonzoso arrebato institucional que eleva las violaciones constitucionales a niveles galácticos, esta noticia ni siquiera inmutó a la opinión pública, acostumbrada desde hace rato a ver cualquier decisión insólita del régimen como algo habitual en su larga lista de atropellos antidemocráticos.
La comisión presidencial está encabezada por Cilia Flores y Diosdado Cabello y para nada se menciona una posible consulta a las academias, universidades, gremios de abogados, no, solamente se indica que esta reformulación será profunda y ejemplar.
Luego Diosdado Cabello habla que el trabajo de dicha comisión será una autentica revolución judicial que causara estremecimientos y conmociones, no hacía falta decirlo, pero él, fiel a su temple de amenazar y cumplir, dejó registrado lo que le espera al sufrido y atormentado pueblo venezolano, el cual en condición de coma inducido deambula su dolor entre esperanzas fallidas y un calvario de mil carencias agrupadas en pandilla infernal.
Poco se puede agregar al estupor que genera el tornado que abatirá al sistema judicial venezolano, simplemente que a pesar de sus empeños en demoler la legalidad, el régimen no podrá nunca sacar del espíritu colectivo venezolano el sentimiento de apego a las esencias profundas de la Ley, la cual está enraizada en nuestra idiosincrasia con la fuerza y consistencia que nos da el respeto al Derecho Natural contenido en nuestra plataforma moral de ciudadanos dignos, amantes de la democracia y la libertad.
Nuestro sistema judicial requiere una reforma, pero esa transformación no puede estar en manos de quienes usurpan las funciones del Poder Ejecutivo como Maduro Moro, ni de aquellos que igualmente saquean las atribuciones del Poder Legislativo como Cabello y Flores, todos ellos investidos ilegítimamente de una supuesta autoridad en comicios fraudulentos desconocidos por la mayoría del pueblo venezolano y por la comunidad internacional. Es más, la crisis por la cual atraviesa el Poder Judicial es debido a la ideologización de sus funciones. Una cosa es que el juez interprete autónomamente la ley y otra que se le obligue a aplicarla en pro de un supuesto proyecto revolucionario lo cual está cínicamente anunciado como objetivo principal de la sombría reforma.
Ya la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el Bloque Constitucional, diferentes Universidades y Organismos No Gubernamentales han planteado que para restaurar la Justicia en el país es necesario transitar por el hacer de un sistema de Justicia Transicional que tendrá como objeto precisar la verdad de los hechos por la violación de los Derechos Humanos, la determinación de la responsabilidad de los autores de tales hechos y la reparación del daño causado a las víctimas.
Pero para que esto funcione institucionalmente debe pasarse del régimen arbitrario existente a una auténtica democracia y por otra parte el Estado fallido, corrupto y criminal debe dar paso a una república que funcione según el orden jurídico. Esto significa que quienes proponen este perverso torbellino de reformas salgan del poder que ejercen ilegítimamente. La sumisión del Poder Judicial a los designios del oficialismo destruyó la independencia judicial, socavando la base de ello que es la autonomía que debe caracterizar la función de los jueces: los jueces no deben recibir órdenes ni lineamientos alguno en su delicada y solitaria tarea de interpretar la ley. Jueces autónomos son el fundamente indispensable de un Poder Judicial autónomo. No es creíble que aquellos que desdibujaron las verdaderas funciones del Poder Judicial ahora busquen reestructurarlo en pro de una justicia equitativa, democrática.
En verdad se necesita tener un sistema judicial más eficiente, equilibrado y justo pero lo que ofrece el régimen en boca de Diosdado Cabello causará una gran conmoción nacional que hundirá aun más al país en la sinrazón de los desafueros. El primer paso de la reforma ha de ser la reestructuración de los órganos de justicia, renovando la composición del Tribunal Supremo de Justicia integrado por Magistrados que usurpan esas funciones al ser designados ilegalmente, cosa improbable cuando beneficiaron a quien dirigirá “la reforma judicial” con una sentencia vergonzosa que le brindó millones de dólares. En segundo lugar, ha de pasarse a todos los jueces de la república por un proceso disciplinario, a fin de ratificarlos o suspenderlos en sus funciones. Todo ello no debe obstaculizar las funciones propias de la Justicia Transicional, base de la transformación del régimen arbitrario en un Estado de Derecho.
Vendrá un tornado judicial, vamos a dar esta nueva pelea desde el refugio de la Constituciones y del Frente Amplio. Nadie se rinda.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
