La caída en la demanda como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos, continúa siendo el mayor obstáculo al que se enfrenta la industria venezolana según el 86,57 de los encuestados, sector que tiene 36 trimestres de caída consecutiva, reveló este miércoles en conferencia de prensa, Adán Celis Michelena, presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela.
Destaca asimismo, durante la presentación de la industria de coyuntura correspondiente al primer trimestre, que un segundo factor de perturbación con un 76 % a la escasez de los combustibles; el 61,19% señala en tercer término los problemas fiscales y tributarios: el 53,73 % la precariedad de los servicios públicos, mientras que en quinto lugar con 50,75 % la competencia desleal de los productos importados.
Advierte que durante el primer trimestre , el 70% de las industrias expresaron estar trabajando por debajo del 20 % de su capacidad instalada, señalando que las más afectadas son las pequeñas y medianas industrias. Por razones obvias, solo los subsectores industriales como alimentos, químico-farmacéutico y envases plásticos, priorizados en el contexto de emergencia de la pandemia de la COVID-19, presentaron una utilización de su capacidad instalada por encima del 20 %.
Sin embargo, a pesar de la crítica situación por la que hoy atraviesa el sector manufacturero nacional, hace esfuerzos para mantener la nómina, pagando salarios que en promedio representan US$ 78 dólares; mientras que en el ámbito profesional, este ingreso podría alcanzar a los US$ 172 y a nivel de alta gerencia, US$ 414,35, siendo este uno de los que mejor tratamiento salarial le da a sus colaboradores.
Caen producción e inversiones
De acuerdo con los resultados de la encuesta, solo el 23% de las empresas consultadas experimentaron un aumento en su producción. La pequeña industria es la más afectada en este indicador: 69% reportó que sus niveles de producción disminuyeron.
La industria manufacturera privada promedia un índice de producción de -30,3% en los últimos 8 años, registrando 36 trimestres consecutivos en negativo. Asimismo, durante este período se evidenció que el nivel de las inversiones en la industria privada continúa disminuyendo. El 51% de las empresas reportó una caída en este ámbito. En la pequeña empresa, el 60% no realizó inversiones durante el periodo consultado, lo que evidencia la debilidad financiera de este sector.
El comportamiento de la inversión en lo que resta del año no varía respecto a trimestres anteriores: 69% de las empresas destinará sus gastos a inversiones operativas y de reposición de inventarios.
Celis Michelena señaló que el Índice de Confianza se mantiene en negativo con -21%, señalando que esto es lo que pone en evidencia por qué razón no vienen los inversionistas extranjeros y los nacionales, tampoco están dispuestos exponer sus recursos, sobre todo cuando no existe la palabra mágica “Confianza”, ratificando que mientras esta variable no se revierta, no vendrán las inversiones.
Plan de vacunación complementario
Los industriales insisten en proponer a la administración de Maduro aprobar el esquema de vacunación complementario, para los trabajadores de la empresa privada y sus familiares, propuesto por Fedecámaras, así como la derogación del esquema 7+7, para reactivar parte de la producción nacional.
La Confederación Venezolana de Industriales –Conindustria-, insistió en la necesidad de reactivar el aparato productivo nacional, el cual se encuentra en situación crítica, la cual se ha agudizado como consecuencia de la crisis sanitaria y de la falta de políticas de estímulo que permitan apuntalar al despegue de la industria venezolana.
Coyuntura COVID-19
Con relación a la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19, para inicios del año las empresas encuestadas reportan un promedio de 36% de afectación en su operatividad y productividad.
Ello representa un nuevo incremento con respecto al trimestre anterior, cuando se ubicó en un 32%.
En ese orden, el 77% de las empresas encuestadas afirman que pueden recuperar sus niveles de producción y operatividad, previos a la emergencia sanitaria, en un período entre 3 meses y 2 años, mientras que solo el 23% de las empresas dice que ese período durará menos de 3 meses.
