Aun cuando la actividad económica registrará este año un ligero crecimiento de 2% del PIB y la inflación se mantendrá entre 2.000% y 2.500%, según el Informe de Coyuntura Venezuela junio 2021, se advierte en el reporte que no hay buenas noticias para la mayoría de la población, porque “la naturaleza de la crisis interna y la estructura del proceso productivo que se ha ido reconfigurando” no permiten disminuir “los muy altos niveles de pobreza” y, más bien, “profundizan la desigualdad”.
El documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES UCAB, apunta que, durante este año, se espera una ligera recuperación de la producción petrolera, aunque se deja claro que “será muy difícil retornar en el corto plazo a los niveles de 2019”, cuando se produjeron 796.000 barriles diarios de crudo; esto debido a la poca capacidad de la industria local y la ausencia de capital nacional e internacional para hacer frente a inversiones.
También menciona que los ingresos por exportaciones de este año duplicarán los de 2020 y se ubicarán en $10 mil millones, aunque esta cifra no superará el nivel alcanzado en 2019 (estimado en 17 mil millones de dólares) “y mucho menos el promedio anual de 2015-2018”, de $33 mil millones.
El documento muestra la evolución reciente y proyectada de los principales agregados macroeconómicos del país (nivel de la actividad económica, inflación, situación petrolera, realidad monetaria, situación fiscal), a partir las medidas de política económica aplicadas por el gobierno en los primeros seis meses de 2021 y asumiendo que no habrá cambios significativos durante la segunda mitad de este año.
Como novedad respecto a ediciones anteriores, incorpora secciones que tratan separadamente asuntos de interés referidos a la economía real, la situación del sector industrial y empresarial, la realidad del sistema financiero; estatus del mercado de trabajo, las remuneraciones y el salario mínimo; la pobreza y desigualdad, los indicadores de gobernanza y desarrollo político-institucionales y el impacto de la política de transferencia de ingreso monetario (a través del Sistema Patria).
El informe menciona, por ejemplo, que se espera que los bonos del Sistema Patria absorban más del 50% del gasto público y que estas transferencias monetarias, así como la entrega de bolsas CLAP, se mantengan, “continúen desincentivando el trabajo asalariado tanto en el sector público como el privado” y se sigan utilizando como mecanismo de control social.
También incluye una sección especial dedicada al impacto económico que ha tenido el control de la COVID-19 y advierte que “el rezago en el plan de vacunación” predice que se mantendrá el estancamiento de la economía del país por un buen tiempo.
Entre los datos más resaltantes del informe destacan:
1.- El nivel de actividad económica, en 2021, podría mostrar una tasa de crecimiento cercana al 2% y, en 2022, cercana al 5%, sobre todo si se logra recuperar, al menos parcialmente, la producción interna de hidrocarburos. “Estas tasas de crecimiento, de ser alcanzadas, no permitirían, ni siquiera a finales de 2022, volver al reducido nivel del PIB de 2019”. Desde 2014, el PIB de Venezuela se redujo 76%.
2.- Se detuvo la caída en la producción petrolera, después una reducción de 62,7% en 2020 versus 2018 y de 82.7%, respecto al año 2013. “En el segundo semestre de 2021 podría incrementarse la producción petrolera en unos 60.000 barriles diarios y en 2022 se puede alcanzar un volumen de producción promedio de 700.000 b/d”. Se presume que será muy difícil retornar en el corto plazo a niveles de 2019 (796.000 b/d) y, mucho menos, alcanzar de nuevo, aun en el largo plazo, los volúmenes de producción de 2016. “Volver a una producción de 2,6 millones de barriles diarios podría requerir de una inversión de $ 200.000 millones; y recuperar la producción en 1 millón de barriles diarios requeriría entre $ 25.000 y $ 30.000 millones. Bajo ningún escenario, estos recursos podrían ser aportados por el sector público venezolano y tampoco, en el corto y mediano plazo, por el sector privado nacional e internacional”.
3.- No se espera un boom en las exportaciones petroleras venezolanas, aunque se levanten las sanciones y se recupere la demanda internacional en 2021 y 2022, “debido a las fuertes restricciones de oferta internas (infraestructura obsoleta, reducción del capital humano, incapacidad gerencial, régimen fiscal e institucional muy deficiente, falta de inversión y mantenimiento)” que impiden un incremento significativo de la producción.
4.- La hiperinflación se está desacelerando respecto a años anteriores, para estabilizarse entre 2.000% y 2.500% anual, “una tasa muy elevada pero menor al 3.000% de 2020, 9.600% de 2019 y 130.000% de 2018”.
5.- La economía ha continuado dolarizándose, en un ambiente hiperinflacionario y un escaso control efectivo del Banco Central sobre esas áreas. Aunque las autoridades han logrado impedir la dolarización del crédito bancario y la profundización de la utilización de medios de pago emitidos por el sistema financiero en divisas, no pueden evitar el avance hacia una economía bimonetaria. “La dolarización en Venezuela no es la consecuencia del logro de un objetivo de política económica, sino el resultado inevitable de la permanente alta inflación que ha restado toda significación relevante al signo monetario local”.
6. Una reciente encuesta sobre la situación de la industria en Venezuela revela que en el sector manufacturero se estaría hoy utilizando solo el 18% de la capacidad instalada. Paralelamente, se ha producido un incremento en la informalidad, tanto en la actividad empresarial como en el mercado de trabajo. “Desde la perspectiva laboral, las implicaciones recaen principalmente en el desempleo, el incremento del empleo informal y la precarización de los empleos en general, así como la disminución de la productividad y del capital humano, lo que agudiza los elevados niveles de desigualdad y pobreza de la población”.
7.- Se ha registrado un relajamiento en las políticas vigentes de control y regulación. “La desregulación del control cambiario y, no totalmente formalizada, de los precios han permitido cierto florecimiento de la actividad económica en sectores y espacios geográficos muy específicos”. El alcance de esta tímida recuperación está limitado por las severas restricciones que afectan el lado de la oferta de la economía y la actual estrechez del mercado interno.
8.- El tamaño del mercado interno también ha sido afectado por la pérdida de 20% de la población, que es la magnitud que se estima de la emigración reciente y que aún no se ha detenido. “Las remesas de estos emigrantes se han convertido en un factor clave para sostener el nivel de la actividad económica interna”.
9.- El Gobierno ha continuado recurriendo a la emisión monetaria, que se ha convertido en la principal fuente de financiamiento del sector público, “aunque el rendimiento de este canal se ha reducido en la medida que la demanda de dinero local ha disminuido significativamente”.
10.- Se prevé que los egresos por bonos del Sistema Patria absorban más del 50% del gasto público consolidado, quedando la proporción restante para cubrir salarios y compra de bienes y servicios de la Administración Pública Central y Descentralizada. Las transferencias monetarias y en especie (cajas CLAP) vía Carnet de la Patria continúan desincentivando el trabajo asalariado tanto en el sector público como el privado. “La crisis y la precariedad del empleo han convertido a estas transferencias en un poderoso instrumento de control social, razón por la cual se espera que este mecanismo se mantenga, e incluso se incremente, sobre todo si el país entra en un ciclo político-electoral”.
11.- La crisis por la que ha venido atravesando el país también ha generado aumentos en la desigualdad del ingreso. El avance de la desigualdad de ingresos en el país se observa en el examen de los resultados de las ENCOVI. “En 2014, el 10% de los hogares más pobres captaba el 2,1% de los ingresos totales, mientras que, en 2019, el mismo reduce su participación a menos de la mitad (0,8%). En contraste, la participación del 10% más rico pasa de 30% del ingreso total en 2014 a 33,9% en 2019”.
12.- El ingreso promedio per cápita del decil 10, el de mayores ingresos, no solo duplica el del decil inmediatamente anterior (decil 9), sino que representa 41 veces el que corresponde al decil más pobre.
13.- La caída en las exportaciones petroleras ha sido contrarrestada muy parcialmente por las exportaciones de otros minerales -especialmente el oro que se ha estado explotando con enormes costos ambientales-. Para este año, se estima que la caída del valor total de los ingresos externos se detenga, por causa de una leve recuperación de las ventas de crudo y del flujo de las remesas de los venezolanos en el exterior. “Sin embargo, aunque el nivel estimado para 2021 de los ingresos externos por exportaciones (10 mil millones de dólares) duplicaría el de 2020, no superaría el alcanzado en 2019 (estimado en 17 mil millones de dólares) y mucho menos el promedio anual de 2015-2018 (33 mil millones de dólares)”.
14.- De acuerdo con el Indicador de Gobernanza Mundial elaborado por el Banco Mundial, Venezuela destaca en América Latina como el país de peor comportamiento en el ámbito político-institucional, debido a su pobre desempeño en áreas como Estado de derecho, calidad regulatoria, estabilidad política y control de la corrupción. “En el análisis comparativo con otros países latinoamericanos, Venezuela también ocupa una posición desfavorable y bastante rezagada, especialmente, en relación con países como Perú y Colombia. La magnitud de las diferencias da a entender lo poco atractivo que resulta Venezuela como destino de inversión doméstica y extranjera, debido a su pobre marco institucional”.
15.- La ausencia de información oficial sobre los resultados de las políticas implementadas por Venezuela para controlar la pandemia por la COVID-19 oscurece las posibilidades de obtener diagnósticos precisos y determinar el mejor curso para la erradicación del virus en Venezuela y/o, en su defecto, lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible. “El rezago en el plan de vacunación anti COVID-19, para lograr la meta de 70% de inmunidad de rebaño planteada para este año, predice un horizonte temporal más largo del estancamiento económico padecido en los últimos seis años”, revela el informe de la UCAB.
