El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes 22 de junio que Venezuela está legitimada para impugnar el reglamento que establece sanciones de la UE en su contra.
De esta forma, la corte -situada en Luxemburgo- anuló la sentencia del Tribunal General y devolvió el caso para que pueda pronunciarse sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por la administración de Nicolás Maduro.
Esta situación legal se remonta a 2017, cuando la UE estableció una serie de sanciones contra el Ejecutivo venezolano, que incluyeron un embargo de armas y equipos, y así fomentar una solución democrática a la crisis que se profundizó aún más ese año en el marco de las protestas antigubernamentales.
Las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE, y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que la UE considera «responsables de violaciones de los derechos humanos» y de «haber socavado la democracia y el Estado de derecho» en Venezuela.
Para 2019, el Tribunal General de la UE consideró que Venezuela no demostró que esas medidas le afectaban directamente y concluyó que no había suficiente legitimación para sostener su argumento.
Ahora, el Tribunal de Justicia desestima a su vez este dictamen, y recuerda que Venezuela debe ser tratada como persona jurídica, y que por tanto está legitimada para impugnar, sin tener que demostrar que los artículos impugnados le afecten individualmente.
La medida del Tribunal de la Unión Europea se produce luego de la reunión que tuvieran el Alto Representante del organismo para la Política Exterior, Josep Borrell, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante un foro celebrado en Turquía.
Además, se da posterior al anuncio de Borrell de enviar una misión técnica a Venezuela para determinar si es posible organizar y mandar una misión de observación para la realización de las elecciones regionales y municipales pactadas para el 21 de noviembre.
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