El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.
El Caso Venezuela I se encuentra actualmente en la fase III, y fue en diciembre de 2020 que Bensouda informó que tras llevar a cabo un examen preliminar, se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos”.
El avance del caso hacia la fase IV, está ahora en manos del nuevo Fiscal de la CPI, el británico Karim Khan y para ello, no hay límites temporales establecidos, esto puede tardar días, meses y hasta años.
Gonzalo Himiob Santomé, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), afirmó que la situación del Caso Venezuela I, está exactamente igual a como estaba hace dos semanas.
“El examen preliminar sobre el caso Venezuela I sigue en curso. No hay plazos establecidos para que los exámenes preliminares terminen, así que lo que le toca hacer al nuevo fiscal es recoger toda la información, todas las evidencias que se han aportado y tomar la decisión, pero para la toma de esta decisión no hay plazo, estamos en la misma situación. No hay cambio de escenario”, afirmó Himiob.
Sobre el pronunciamiento del nuevo Fiscal Karim Khan, Himiob aseguró que sí debe pronunciarse en cualquier momento. “En principio uno pudiera anticipar que ya hay suficientes elementos para que se solicite a la sala de cuestiones preliminares la apertura formal de una investigación, pero estas evidencias, documentos e investigaciones entregados previamente, deben ser evaluados por el fiscal para tomar una decisión, pero para esto, no hay límites temporales”
A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, “viene una etapa donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”.
Gonzalo Himiob afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro seguirá esforzándose en demostrar que en Venezuela están dadas las condiciones para investigar hechos como si se tratasen de crímenes de lesa humanidad lo cual es totalmente falso.
“No es cierto que en Venezuela haya la independencia y la imparcialidad judicial que se necesita para establecer este tipo de responsabilidades, tampoco existe un marco legal completo que permita que se investiguen los hechos como crímenes de lesa humanidad y eso impide que definitivamente la jurisdicción venezolana pueda conocer de estos sucesos”, aseguró el abogado del Foro Penal.
Piden el pronunciamiento de Khan
Luego de que el mundo se quedara esperando por el pronunciamiento que realizaría Fatou Bensouda sobre el Caso Venezuela I, varios organismos, instituciones y personalidades políticas se pronunciaron para pedirle a Karin Khan, que lo antes posible anuncie la decisión del caso.
Es el caso de la organización mundial pro derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), quien a través de una carta instó al nuevo Fiscal de la CPI a tomar una decisión lo antes posible sobre el examen preliminar por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
La secretaria general de AI, Agnés Callamard, le pidió a Kahn que no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable.
“En Venezuela, AI ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para hoy -15 de junio- una decisión de su oficina que concluya su examen”, afirmaba la misiva.
Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Venezuela como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a través de un comunicado expresaron que están expectantes sobre cualquier anuncio de Karim Khan sobre el caso.
“Estamos expectantes al anuncio y continuaremos adelante con la labor que nos caracteriza que no es más que un compromiso indeclinable de apoyo a todas las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, como son los presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentran bajo examen preliminar”, se lee en el comunicado.
“Esperamos que el nuevo fiscal asuma con responsabilidad esta tarea, la de investigar qué es lo que está pasando en el caso Venezuela I y tomar su resolución a la brevedad posible”, expresó Gonzalo Himiob.
El comisionado para las Relaciones Exteriores del equipo de Juan Guaidó, Julio Borges, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el silencio de Bensouda y dijo que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan acelere el proceso en el caso de Venezuela.
Parece fácil, pero no es
Que la exfiscal Fatou Bensouda no se haya pronunciado sobre el Caso Venezuela I, no significa que el trabajo que ya lleva adelantado la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad se haya perdido. Aún queda un largo y engorroso camino por recorrer que, como afirmaba Himiob y Briceño, puede tardar años.
La decisión está ahora en manos de Karim Khan, quien según un análisis de EFE, tiene en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.
La situación, ahora, depende de la Sala de Cuestiones Preliminares, pues los elementos obtenidos hasta el momento deben ser presentados ante la misma y esta debe decidir si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal, lo que sería la fase IV.
De Khan avanzar en el Caso Venezuela I, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.
Pese a esto, el Caso Venezuela I también podría enfrentarse a otras limitaciones propias de la CPI. Una de ellas es que la Corte no tiene fuerza propia policial y depende de la cooperación de los Estados para implementar las órdenes de arresto que emite. Otra limitación es que la cooperación de los Estados es de suma importancia para las investigaciones. Si los Estados no facilitan el proceso de investigación a la Corte, esta no puede realizar su trabajo.
Son los Estados Partes los que aprueban el presupuesto de la CPI. Los mismos tienen la responsabilidad de decidir el aumento o no del presupuesto, esto interfiere principalmente en que la Fiscalía debe decidir qué casos son prioritarios.
Desde su creación y puesta en funcionamiento en el año 2002, la CPI ha iniciado 14 investigaciones, mantiene seis exámenes preliminares abiertos: Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y dos en Venezuela, y ha dictado 36 órdenes de arresto.
Una de las últimas sentencias que ha emitido la CPI fue en el año 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia (dos órdenes de arresto en una década).
A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudán y forzar el juicio en el país africano.
Otro caso donde la CPI se ha tardado para ejercer es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.
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