Las estadísticas no informan del daño antropológico que ha generado en Venezuela el pasar de estar entre los cuarenta países mas prósperos del planeta a ocupar el numero 180. El de ser la cuarta economía latinoamericana y pasar a ser un país de migración forzosa que es maltratada y humillada en las republicas que antes nos recibían como invitados de honor.
No dicen los números la tragedia educativa que significa la destrucción de sus universidades, el desmantelamiento del plantel físico de escuelas y liceos, el estado de pobreza extrema en que están sumidos los maestros y profesores de todos los niveles, hundidos en la miseria al igual que el noventa por ciento de la población venezolana.
Todos estos guarismos que se convierten en informes dramáticos sobre la postración inédita en la historia de un país pujante y ahora en ruinas, no arrojan luces sobre los diferentes dramas que se encuentran en todas las áreas que conforman el tejido republicano de nuestra nación. Una de estas áreas, esencial porque de ella depende la existencia de la plataforma democrática, es el Sistema Judicial, garante del Estado de Derecho, el cual actualmente se ha convertido en cenizas. Desde sus altas esferas constituidas por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia baja la iniquidad a través de decisiones que apuntalan al tiránico régimen. Por su parte en la judicatura subalterna constituida por los tribunales del país, domina la ignorancia de jueces improvisados y la tarifa ignominiosa a la cual debe someterse el ciudadano y su abogado. El rebusque ilícito se comprueba con el hecho que nadie puede vivir en Venezuela con un estipendio de menos de 20 dólares al mes, que es lo que perciben jueces, fiscales y defensores.
Nada significan las leyes si no hay manera de aplicarlas, de nada sirve el tener una Constitución y leyes que cubren el espectro de las diferentes actividades que componen el tejido social de una republica sino existe el mecanismo para que se conviertan en componentes de la realidad. Las leyes son mandatos abstractos que requieren un mecanismo para hacerse realidad y de ese mecanismo ha de ocuparse el Poder Judicial, pero si éste es una sombra ilusoria, el justiciable no haya a donde recurrir. De una instancia legal, legítima, propia de un Estado civilizado y organizado jurídicamente, se baja al reclamo de hecho, a la instancia que queda la cual es la manifestación callejera, propia de un conglomerado anómico desprovisto de justicia, en donde entonces le espera la feroz represión del régimen.
En conclusión, el no contar con un Estado de Derecho que regule de manera civilizada la acción cotidiana de la sociedad representa una involución letal, que nos retrocede a la época de los clanes, a una realidad tribal donde el poder no reside en los acuerdos éticos que se forjaron durante un largo proceso civilizatorio, sino en la fuerza bruta, tal y como vemos que pasa en nuestras fronteras, en nuestros barrios, en todas partes de nuestro territorio. “Prefiero que me maten por protestar a que mis hijos mueran de hambre en el silencio de la resignación”, así dijeron, gritaron dos madres a las puertas de una Alcaldía…y fueron asesinadas. Esta es la norma que hoy se aplica en Venezuela, luchar por vivir se paga con la vida.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
