Si el Estado, cuyas funciones actualmente son usurpadas por el régimen criminal de Nicolás Maduro, tiene el monopolio de las armas y administración de la violencia letal; ¿Cómo se explica tan aberrante afirmación de que líderes políticos, de la sociedad civil y ONG patrocinan a las mega bandas en Caracas y grupos narcoterroristas en nuestras fronteras?
El pronunciamiento lo hizo la diputada a la Asamblea Nacional legítima, Olivia Lozano, miembro de la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, a propósito de las recientes declaraciones de personeros de régimen en las que acusan al presidente encargado Juan Guaidó, a líderes políticos, miembros de ONG y a la sociedad civil organizada, de financiar y promover las bandas armadas en Caracas y a grupos narcoguerrilleros en la frontera venezolana, al manifestar su preocupación por estas acusaciones infundadas
“No me gusta hablar de que al régimen se le salieron de control las bandas armadas; todo lo contrario, las promueve, financia y estimula”, afirma la parlamentaría.
Advierte que aquí nadie se llame a mentiras; las bandas criminales forman parte del conglomerado de grupos delincuenciales junto a las FARC y el ELN, a quienes se les cede control territorial tanto rural como urbano, para la explotación de recursos minerales y la comisión de delitos de trata de blancas, tráfico de drogas, extorsión, robo, secuestro y asesinato; constituyéndose en un emporio criminal del mercado negro y la delincuencia organizada, cuyo socio mayoritario es el régimen de Nicolás Maduro, afirmó la legisladora.
Agregó la parlamentaría, que “las bandas armadas son los mecanismos de control y coerción de las bases sociales. Lo que inicialmente fueron organizaciones sociales de base que se atribuyeron las competencias de la seguridad ciudadana y la garantía de convivencia pacífica en nuestras barriadas, mutaron posteriormente a colectivos paramilitares y bandas delincuenciales al servicio del régimen opresor de Nicolás Maduro, ejerciendo control político y social de las comunidades y mantienen en zozobra a sus habitantes”
Advierte que al régimen le conviene el estado de caos que generan estos Paraestados, que “norman”, “legislan” y contribuyen a mantener el control social y la inacción de la población a través del miedo y la coerción, evitando la protesta por las paupérrimas condiciones de vida
“El régimen también utiliza esos falsos argumentos para criminalizar la disidencia política y continuar con la sistemática persecución de los liderazgos políticos y sociales que puedan promover la lucha democrática, y las ONG que facilitan la denuncia sobre el drama que viven los venezolanos, a la vez que ayudan a aliviarlo brindándoles asistencia; todo eso al régimen le es incómodo”
De igual manera, la Diputada Lozano hizo un llamado a estar alerta, recordando que siempre en vísperas de un proceso de negociación para buscarle una salida pacífica a la grave crisis venezolana, se han exponenciado este tipo de acciones por parte del régimen, permitiéndoles aumentar su inventario de “fichas de canje político”, buscando opacar los procesos de negociación y facilitándoles no tener que ceder en los puntos medulares.
“En el Estado represivo, policial y parapolicial en que vivimos, estas acusaciones no son cosas menores. Se hace necesario extremar las precauciones y alertar a las instituciones, organismos multilaterales, organizaciones sociales, a la opinión pública y a la comunidad internacional, sobre nuevos actos represivos y persecutorios de dirigentes políticos y sociales, que en esta oportunidad pudieran tener nuevos agravantes”, precisó Diputada Lozano.
“Temo por la construcción de otra narrativa en el consciente colectivo, otro acto ejemplificante y de escarmiento como lo han sido, en el ámbito judicial, el encarcelamiento de la jueza María De Lourdes Afiuni; el asesinado del concejal Fernando Albán, emblema de la organización de base de los partidos; el secuestro y asesinado de Pipo Rada, símbolo de las organizaciones sociales de base; el asesinado del Capitán Acosta Arévalo, símbolo de la disidencia militar. Temo que estén buscando la creación de otro escabroso referente”, Afirmó la parlamentaria.
“Sería un error subestimar las capacidades de un régimen atroz que sigue actuando y cometiendo tantos agravios y atropellos, porque actúa al margen de la ley y porque se cree impune”, advirtió.
Destaca que la salida a tantos agravios y atropellos, la alternativa para la reinstitucionalización del Estado y el rescate de nuestra libertad y nuestra democracia pasa por la convocatoria de elecciones justas, libres y verificables, contempladas en el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el presidente Juan Guaidó y avalado por la legitima Asamblea Nacional, las organizaciones de base, sociedad civil, gremios y la Comunidad Internacional.
