Este 7 de junio se cumplieron dos años de la desaparición de 33 personas que viajaban en una embarcación que zarpó de La Vela de Coro, estado Falcón, migrantes forzados que huían de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela hacia Curazao, en esa misma fecha en el estado Nueva Esparta.
También desaparecieron 5 pescadores que salieron a su faena de trabajo cotidiano y sus familiares presumen que fueron secuestrados, luego de tanto tiempo el Estado venezolano no ha investigado ni ha ofrecido respuestas a las familias, pero tampoco ha actuado para frenar posibles redes de trata de personas que operan en las costas.
La información fue dada a conocer por Omar de Dios García, coordinador de FundaRedes en Falcón, quien recordó que esta organización defensora de derechos humanos ha denunciado las desapariciones que se han dado en las costas venezolanas, y han acudido ante organismos nacionales e internacionales en busca de que se investiguen estos casos, ya que los familiares aseguran tener evidencia de que sus parientes desaparecidos están vivos.
García refirió que, una de las embarcaciones que despareció hace dos años zarpó ilegalmente de La Vela estado Falcón con 33 tripulantes con destino a Curazao, funcionarios del Estado venezolano realizaron operativos de búsqueda a destiempo, sin equipos especializados y solo por unas horas, de tal forma que no consiguieron indicios de lo que pudo haber ocurrido con estas personas que aún están desaparecidas.
La segunda desaparición registrada el 7 de junio de 2019, corresponde a un bote que salió del Muelle de Juan Griego ubicado en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, con los ciudadanos José Orangel Quijada, Álvaro Mata, Wilber Marcano, José Gregorio Ravel, y Daniel Ramos, de quienes no se tuvieron más noticias, pero tampoco se encontraron evidencias de un posible naufragio.
“Son 700 días en donde los familiares de las víctimas no han tenido conocimiento de su ubicación ni de su integridad, pero también debido a la opacidad del Estado venezolano estas personas no pueden avanzar en investigaciones” precisó García quien refirió que, son altísimos los riesgos que implica salir por las costas venezolanas en viajes ilegales, en botes inseguros y expuestos a bandas de trata de personas o redes de grupos armados irregulares que operan libremente en estos sitos.
“Desde FundaRedes se ha apoyado a los familiares de estas víctimas, pero también se han documentado los casos de otras embarcaciones que desaparecieron con destino incierto en busca de mejores oportunidades que en Venezuela no pueden tener, pero lamentablemente sus pasajeros caen en manos de bandas criminales”, reiteró García.
Por su parte, Jhonny Romero, director de Mayday Confavidt, comité integrado por 100 familias que han perdido a sus seres queridos en altamar precisó “son dos años de un duelo sin fin, en donde los organismos del Estado no han hecho lo que les corresponde ante estos casos”.
Jhonny Romero es padre de Jhonny de Jesús Romero Palacios, quien despareció en la embarcación de La Vela de Coro, ha emprendido una lucha para organizar a las víctimas y denunciar la situación, hoy nuevamente exige investigación ante estos casos. «Le queremos informar a la comunidad internacional que en Venezuela no hay justicia, ya que nuestras familiares desparecidos están en manos de bandas criminales”, afirmó
Desde FundaRedes se continua con la labor de documentación y visibilización de estas vulneraciones de derechos humanos a migrantes forzados, y se espera que tanto los organismos internacionales como el propio Estado venezolano atiendan esta grave situación ya que cada día se presentan nuevas desapariciones.
Con información de FundaRedes. Lea más detalles en LaMañanaDigital
