La policía de Nicaragua detuvo el martes al aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas, informaron fuentes oficiales y de su equipo de campaña.
Un comunicado de la policía confirmó que el precandidato por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue arrestado en Managua y está “siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera”, entre otros supuestos delitos.
Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, una OBG destinada a evitar y resolver conflictos, dijo que los arrestos de los aspirantes a la presidencia cumplen múltiples propósitos para Ortega.
Primero, envía un mensaje para movilizar a la base sandinista, reforzando su narrativa de que las protestas callejeras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero. En segundo lugar, es una demostración de fuerza destinada a provocar divisiones dentro de la oposición y, finalmente, obligarla a tomar la decisión de respaldar a un candidato menor o no participar en las elecciones. Finalmente, pone a prueba los límites para ver qué tolerará la comunidad internacional dando margen suficiente antes de las elecciones de noviembre como para permitir las negociaciones.
“Ortega está intentando eliminar los que claramente representan posiblemente una un desafío mayor, un riesgo mayor de poder acumular simpatía suficiente para desafiarlo en la elecciones”, dijo Breda.
Las sanciones de Estados Unidos y Europa impuestas a personas cercanas a Ortega y figuras clave de su gobierno claramente lo han molestado, pero no lo han llevado a producir concesiones, agregó el analista. El alcance diplomático de Estados Unidos, que Crisis Group recomendó en un informe el mes pasado, representaría una estrategia alternativa para la administración del presidente Joe Biden. Breda añadió que a Ortega, que podría ser perseguido por crímenes de lesa humanidad una vez que deje el cargo, hasta ahora no se le ha dado un incentivo para renunciar al poder.
El martes más temprano, el equipo de campaña de Maradiaga indicó en una nota de prensa que el político fue interceptado por la policía junto a su chofer y su abogado Róger Reyes, una vez que habían salido del edificio de la Fiscalía, y calificó su detención como “ilegal”.
Antes de ser arrestado, el precandidato presidencial declaró a periodistas que fue interrogado sobre sus actividades como exdirector de una ONG de estudios económicos, si tenía nexos con el narcotráfico y si en sus viajes a Estados Unidos solicitó sanciones contra Nicaragua, a lo que él respondió que las pidió “pero no para castigar al pueblo sino a funcionarios del gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
En su comunicado, la policía señaló que investiga a Maradiaga por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la Nación”.
Estos delitos, según se indicó, están contenidos en la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada por el Parlamento bajo control oficialista.
El vocero de la UNAB, Josué Garay, dijo a la AP que las autoridades iniciaron un allanamiento de la vivienda de Maradiaga, ubicada al sureste de la capital, y que cuando éste fue detenido por la policía, lo golpearon.
Por su parte, en un comunicado, el Ministerio Público informó que investiga las actividades de la “Fundación Libertad o Fundación para la Libertad” y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ONGs que Maradiaga dirigió, ya que “tiene indicios de que se podrían estar desarrollando actividades ilícitas, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado.
La oposición ha rechazado estas detenciones y acusa al gobierno de Daniel Ortega de desatar una “embestida represiva” para impedir la realización de elecciones “libres y competitivas” el 7 de noviembre próximo, cuando el mandatario sandinista, que gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, buscará su tercera reelección para un cuarto mandato presidencial consecutivo.
Para el miércoles 9 fue citado a declarar Juan Sebastián Chamorro, otro de los precandidatos presidenciales opositores y exdirectivo de la Alianza Cívica, una agrupación opositora para dialogar con el gobierno tras la revuelta social de abril de 2018. Según la citatoria de la Fiscalía, fue llamado para declarar en una causa contra de la ONG Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social (FUNIDES), que dirigió hasta 2018. Chamorro, es primo hermano de Cristiana Chamorro y sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “terroristas” y “criminales”.
“Se creen eternamente impunes, (pero) la justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.
