Solo sirven para continuar destruyendo el aparato institucional del país, tanto el Proyecto Ley de Las Ciudades Comunales como la Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro, ambos textos son una aberración jurídica que a través de los cuales la dictadura pretende despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales.
Así lo afirmó la diputada Deyalitza Aray, este martes en la Comisión Delegada, donde se debatió sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el establecimiento de las Comunas que sustituye a los poderes del Estado.
La parlamentaria indico que la ciudad comunal tiene como propósito sustituir el ejercicio del voto, por un proceso ilegítimo de mano alzada, ejecutado por voceros comunitarios que seguirán las órdenes impartidas por el régimen.
“Todo este aparataje o normativa busca regular la transferencia, la gestión y la administración de los servicios de los bienes, de los recursos del poder público nacional y de las entidades políticas territoriales a ese llamado poder popular, que bien sabemos es un poder político de control, es la violación abierta a la autonomía de los estados y municipios, así como la estructura Federal que tiene la Constitución”.
Señaló que la dictadura persigue crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina, quedando las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.
Mientras que la diputada María Beatriz Martínez, advirtió que la concepción del sistema comunal es la negación al derecho de la participación, por lo tanto, el referido sistema pretende eliminar el sufragio universal, directo y secreto.
Asimismo, consideró que otra de las intenciones de la Ley de Las Ciudades Comunales, es eliminar totalmente el pluralismo político, porque responde exclusivamente a una sociedad socialista y condiciona su existencia para una parcialidad política y el control centralizado de su propia existencia.
“Esta pseudo Ley y todo el sistema comunal es absolutamente ilegitimo y constituye la construcción de una mentira sobre mentira que no sirve para nada, a excepción para estafar a los incautos y seguir destruyendo nuestra desecha institucionalidad”, precisó.
En tanto que el diputado Luis Barragán, en representación de la Fracción 16 de Julio, manifestó su rechazo al Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), que a su juicio, tiene como objetivo subastar los recursos que le quedan al país.
“Es una oferta engañosa de Nicolás Maduro, que faltando poco decidirá absolutamente él esas zonas económicas especiales, hasta en los más mínimos detalles, falseando el libre mercado y adulterando la esperanza venezolana por reencontrar los cauces de la libertad, la democracia y la prosperidad de una sociedad de calidad de vida con equidad social y desarrollo económico”, precisó.
Ley de ZEE es un proyecto que fía al país por 10 años
El parlamentario Williams Dávila, quien aseveró que el Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales lo que pretende es encontrar dinero fresco para obviar el tema de las sanciones y todas las restricciones internacionales que se aplica al régimen de Nicolás Maduro por cometer delitos sobre la violación de derechos humanos y de desarrollar una escomía “negra”, trayendo una desestabilización económica mundial a través de la exportación de dinero y de negocios que proviene del narcotráfico.
“Este es un proyecto nocivo que tiene orígenes en otras economías y en otras culturas y no toma en consideración la realidad del pueblo venezolano. Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral y turismo. Es un proyecto que fía al país por 10 años”, afirmó.
Aseguró que no vendrán inversiones extrajeras y los empresarios nacionales no traerán sus recursos desde afuera, a su juicio, este sistema trabajará “como una especie de lavandería económica financiera, con sus matemáticas para beneficiar al narcotráfico y los negocios sucios”, advirtió Dávila.
Por sui parte. el diputado Ismael García indicó que Maduro está tratando de acelerar las cosas porque sabe que en algún momento se tiene que ir, por lo tanto, deben sustituir lo que dice la Constitución como es el voto popular, libre, directo y secreto por un régimen de asambleas, como ya lo hicieron con los diputados indígenas el 06 de diciembre del 2020.
“En Venezuela no se elige a través de un régimen asambleario a los diputados, alcaldes, gobernadores ni al presidente, eso se hace es en Cuba más de 60 años. Ningún cubano pudo votar directamente por Fidel, sino lo que el partido comunista le iba estableciendo hasta llegar al rango superior donde unos delegados deciden la vida de ese país”.
Este sentido, señaló que los venezolanos deben defender la Carta Magna y por ello solicitó realizar un gran debate dentro y fuera de Venezuela sobre la pretensión del régimen en quedarse con el poder a través del establecimiento de asambleas para poder elegir cualquier cargo público.
“El poder del pueblo no puede ser confiscado, sin poder nunca se es ciudadano, una sociedad sin poder nunca será democrática, un pueblo sin poder nunca es protagonista”, indicó.
