Las conversaciones para poner fin a las protestas en Colombia se suspendieron el domingo por decisión del Comité Nacional del Paro (CNP), conformado por organizaciones sindicales y sociales, tras acusar al gobierno del presidente Iván Duque de “dilatar” la negociación de reformas estructurales en ese país.
“El máximo responsable de lo acaecido es, sin duda, el presidente (Iván) Duque y el gobierno que preside. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el CNP, trazada por su partido y los partidos que lo acompañan, muestra así sus resultados”, indicó el Comité en un comunicado.
Las infructuosas negociaciones entre las partes se dan cuando el país completa 40 días de protestas contra las reformas y políticas del gobierno, tiempo en el que se han registrado al menos 48 fallecidos, más de 2.300 heridos -entre civiles y policías-, desapariciones y denuncias de presunto abuso sexual.
El gobierno negó las acusaciones y se mostró listo para reanudar el diálogo con el CNP que representa a una parte de los miles de manifestantes que han salido a las calles de todo el país. Sin embargo, recalcó como su principal exigencia el fin de los bloqueos viales que han impedido el paso de insumos médicos y alimentos generando escasez en algunas zonas del país.
Una parte de los bloqueos viales, que han sumado más de 3.000 durante las protestas, se han levantado tras la intervención de la fuerza pública y ante el llamado del Comité.
“No estamos dilatando, hemos actuado con toda la diligencia del mundo. El equipo que conformó el presidente le responde directamente a él… la prueba está en que el día que seguimos la metodología que habíamos acordado avanzamos en 16 puntos y fue al otro día cuando sorprendentemente dijeron que esto no iba suficientemente rápido”, dijo a The Associated Press el consejero presidencial Emilio Archila, portavoz del gobierno en las negociaciones.
El CNP anunció que evaluará la continuidad de las negociaciones adelantadas con el gobierno, después de dos semanas de extensas jornadas de trabajo en las que buscaban llegar a acuerdos mínimos que permitieran iniciar una negociación formal de los temas de fondo como salud, educación y economía.
Para avanzar, el Comité pide que el gobierno firme un documento con garantías mínimas para el ejercicio de la protesta acordado el 24 de mayo y que además derogue el decreto que autorizó el despliegue militar en algunas zonas del país para contener focos de violencia derivadas de las protestas. Sin embargo, Archila aseguró que el decreto corresponde a una medida de orden público y “no tiene que ver con las garantías para quienes protestan pacíficamente”, debido a que cuando “hay violencia las protestas ya no son pacíficas”.
Con respecto al documento, el gobierno considera que se trató de un “borrador” que siempre estaba sujeto a la revisión por ambas partes. «En particular, necesitaba incluir que los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos”, destacó en un comunicado.
Según Archila, el gobierno continuará con las mesas de negociación territoriales con las que ha avanzado en los últimos días como una forma de desescalar la crisis. “El gobierno ya venía trabajando, se han venido escuchando las distintas voces, escuché a las plataformas de las víctimas y con ellos llegamos a un acuerdo y ya se está implementando”, agregó.
La presión ciudadana ejercida en las calles ha logrado que el gobierno retire una reforma fiscal señalada de afectar a la clase media y baja del país con mayores gravámenes, el fracaso de una reforma a la salud en el Congreso y la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno.
Ante el reclamo constante de los manifestantes para reformar la policía e incluso eliminar los agentes antimotines, el presidente Iván Duque presentará ante el Congreso un proyecto que pretende lograr una “transformación integral de la Policía”, el cual no fue acordado con el Comité.
La policía se encuentra en el centro de las denuncias: hay 13 investigaciones disciplinarias abiertas en la Procuraduría por presunto homicidio, 88 por abuso de autoridad y 2 por presunto acoso sexual. La ONG Temblores, que hace seguimiento al abuso policial, denunció más de 3.700 casos de violencia contra manifestantes.
El proyecto propone la creación de una Dirección de Derechos Humanos y la “regulación muy estricta” para limitar la comercialización, porte y uso de armas traumáticas, después de varios episodios en los que civiles armados dispararon contra los manifestantes a la vista de la policía sin ser capturados. Por estos hechos la Justicia Penal Militar vinculó a una investigación a siete policías.
La suspensión de las conversaciones se da en la víspera del inicio de la visita formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia en la que verificará las denuncias de violaciones de derechos humanos, recibirá testimonios de las víctimas, reportes del gobierno y atenderá a sectores representativos de la sociedad civil.
