Llegamos nuevamente a una estación de dialogo. Lo hemos probado todo durante más de 20 años para solucionar nuestras diferencia políticas y lo único que ha resultado es la vía electoral. Claro que se han intentado negociaciones y casi todas han fracasado, pero más pérdidas hemos tenido en las confrontaciones de calle y en los fallidos golpes militares, porque además del saldo de personas muertas y fugadas a otros países, han creado un sentimiento de fracaso que pesa en el alma y nos hace caminar encorvados por la carga de odios que puso sobre nuestras espaldas.
Ahora el reto de encontrar un acuerdo para participar en las elecciones regionales de este año es en Méjico. Hagamos un balance sobre esta coyuntura. El régimen presenta graves problemas económicos, sociales y de seguridad interna. No tiene recursos para pagar la nomina oficial, con todo y que el salario mínimo no llega a los tres dólares mensuales, su base de sustentación clientelar se desmorona porque tampoco tiene recursos para suministro de alimentos a los grupos que tiene bajo control social y además el colapso de servicios públicos afecta por igual a toda la población. Por otra parte perdió el monopolio de la violencia y en las fronteras hay dominio territorial de grupos guerrilleros y en los barrios y otras zonas populares el control lo ejercen bandas armadas que imponen sus propias reglas a las comunidades, algunas con convenimiento de las autoridades, como es el caso del colectivo La Piedrita en el 23 de Enero y otras en ambiente de beligerancia, como son los casos de las bandas del Willy en Petare y el Coqui en la Cota 905. A diferentes escalas esto sucede en todo el territorio nacional.
Esta crisis se agudiza cada día que pasa y debido a lo extremo de las carencias, el régimen teme que los brotes de protestas ciudadanas, hasta ahora focalizados y dispersos, se sumen y conviertan en una ola anárquica que en su virulencia arrase también con ellos. No le teme a la oposición, más bien la desprecia, pero si teme a un estallido social de imprevisibles consecuencias. Por ello necesita con urgencia la suspensión de sanciones internacionales que permitan la entrada de nuevas inversiones y así mejorar, aunque sea un poco, la situación de hambruna que está padeciendo el país.
Para el levantamiento de estas sanciones tiene obligatoriamente que entenderse con Juan Guaidó, lo cual es un trago amargo que les causa repulsión pero que deben asumir como requisito. Insultan, patalean, amenazan, pero si quieren un entendimiento que mejore su precariedad como mandones de un país deshilachado, tienen que estar presentes en esta cita con la oposición representada por Juan Guaidó.
Por vía contraria el sector democrático liderado por Guaidó acude a esta cita en Méjico con el recelo mayoritario de quienes por más de dos años apostaron a un cese a la usurpación por vía de intervención militar extranjera y públicamente negaban cualquier acuerdo con el régimen por considerarlo ilegitimo. Y por supuesto, está fuera de toda duda y consideración: no tiene legitimidad de origen pues su supuesta elección es consecuencia de unas elecciones fraudulentas de tal evidencia que no son reconocidas por la comunidad internacional, como tampoco legitimidad de ejercicio pues es patética la situación del venezolano desasistido de servicios básicos, con un salario mínimo más bajo del planeta, lo cual se evidencia con la huida del país de más de tres millones de compatriotas en una dramática diáspora.
Pero lo cierto es que este régimen está sustentado por las Fuerzas Militares, maneja el presupuesto, cobra impuestos, emite papeles oficiales y en fin, tiene manejo del país aunque compartido con grupos irregulares armados, algunos con finalidad política y otros simplemente con propósito delictivo.
Esta realidad obliga a buscar salidas practicas dentro de opciones políticas, pero ojo y esto debemos repetirlo, opciones que estén animadas por el espíritu transcendente que inspiro las leyes, aunque estas en su letra actualmente sean desconocidas y violadas. Es en fin de cuentas, asumir que se pueden negociar opciones políticas, siempre y cuando no transgredan los límites morales que subyacen en el espíritu de la ley. En pocas palabras, que cualquier acuerdo responda al interés nacional y no al de los grupos o partidos políticos involucrados en la negociación.
Lo anterior se ve comprometido por la posición asumida por uno de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que supuestamente representaba las fuerzas democráticas. Los dos Rectores recientemente designados prendían una débil esperanza en el anhelo de la realización de unas elecciones libres y democráticas, pero unas recientes declaraciones de uno de ellos, en las cuales no se refiere al actual padrón electoral dejando por fuera al diez por ciento de votantes que compone la diáspora, que aceptó en el seno del CNE la exclusión de la elección directa del voto indígena como lo prevé la Constitución y que además insta a votar en un proceso electoral en condiciones que creíamos iban a cambiar de formato ofreciendo rehabilitaciones a los inhabilitado ilegalmente, si conforman el grupo de candidatos, cuan recompensa ante la sumisión al régimen, nos pone en alerta extrema.
A la angustia que genera la decepción aludida, que nos hace ver aun más lejos la solución de este martirio social, constatamos que Venezuela está en coma. Muere de hambre, desnutrición, falta de medicinas, muere por la pandemia y muere por carencias básicas de civilización. Por ello es urgente una solución y hay que buscarla por vía pacifica. La reunión en Méjico puede ser parte de esta solución, nadie lo garantiza, pero es una esperanza. A pesar del cuadro descrito seguimos apostando a la esperanza en contra de los malos augurios. Nuestra fe en el futuro democrático y próspero del país no tiene límite, como debe ser.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
