Un nuevo episodio de extrema violencia sacudió a Colombia la noche del martes cuando un grupo de manifestantes tomó el Palacio de Justicia en el municipio de Tuluá a 100 kilómetros de Cali, para quemar la sede en protesta por el despeje de bloqueos por parte de la policía.
Según información de medios locales, encapuchados incendiaron el edificio y bloquearon el paso de bomberos, según se observa en diferentes videos difundidos en redes sociales.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, condenó en Twitter los «actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo», mientras que el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, denunció en la misma red social a «los vándalos» que «quieren obstruir la justicia» con este ataque.
Desde que se iniciaron las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca ha sido epicentro de violentas protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública.
La mayoría de los 43 homicidios registrados a la fecha ocurrieron en esa región, donde convergen pobreza, racismo, narcotráfico y el conflicto que repunta tras la firma de la paz con la guerrilla FARC, en 2016.
Los cierres de vías, que se multiplican en el oeste del país y causan desabastecimiento, amenazan con restarle apoyo popular a las manifestaciones antigubernamentales. El presidente del país, Iván Duque, exige su levantamiento como condición para negociar una salida a la crisis.
