Japón movilizó este lunes médicos y enfermeras militares para vacunar a personas mayores en Tokio y Osaka, en un desesperado intento del gobierno de acelerar su campaña de vacunación y frenar los contagios de coronavirus apenas dos meses antes de celebrar los Juegos Olímpicos.
El primer ministro, Yoshihide Suga, está decidido a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio tras un aplazamiento de un año, y ha hecho la ambiciosa promesa de terminar de vacunar a los 36 millones de ancianos del país para finales de julio, pese al escepticismo de que sea posible.
Las preocupaciones sobre seguridad hacen que muchos japoneses sigan sin vacunar y han provocado crecientes protestas y peticiones de que se cancelen los Juegos, que comenzarían el 23 de julio.
Desde finales de abril, el gobierno de Suga ha ampliado varias veces la zona y la duración del estado de emergencia para combatir la pandemia y ha endurecido sus medidas de prevención. Tokio y otras nueve regiones en las que vive el 40% de la población del país están incluidas en el estado de emergencia, y prolongarlo parece inevitable.
Las cifras de contagios se resisten a bajar, y Suga dice ahora que las vacunas son claves para controlar la expansión del virus. No ha condicionado los Juegos a la campaña de vacunación, y ha negociado con Pfizer para que done su vacuna a los deportistas a través del Comité Olímpico Internacional, al mismo tiempo que intenta acelerar la campaña en Japón conforme crece el sentimiento antiolímpico.
En los dos centros de vacunación masiva operados por las Fuerzas Japonesas de Autodefensa, el objetivo es inocular a hasta 10.000 personas al día en Tokio y otras 5.000 diarias en Osaka durante los próximos tres meses.
Las personas vacunadas el lunes en los centros eran las primeras en Japón que recibían dosis de Moderna Inc., uno de los dos fármacos desarrollados en el extranjero autorizados el viernes en Japón.
Hasta ahora, el país utilizaba sólo Pfizer Inc., y apenas el 2% de la población de 126 millones de personas ha recibido las dos dosis.
Japón empezó a vacunar al personal sanitario a mediados de febrero cumpliendo un requisito estándar de ensayos clínicos en el país, una decisión que según muchos expertos era irrelevante desde el punto de vista estadístico y sólo provocó demoras.
