La decisión tomada por la administración de Maduro de transferir la custodia de presos políticos militares -hoy ubicados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, fue cuestionada por Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana.
En efecto, sobre el Decreto 4.610 publicado en Gaceta Oficial 42.125, la profesional del derecho subrayó que en el caso de los castrense detenidos por razones políticas, además de violar que la justicia militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento en reclusorios comunes, cifra que hoy supera 171% de la capacidad instalada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Como organización que encabeza la defensa privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos», precisó la jurista.
La defensora de varios oficiales hoy detenidos o con procesos penales en su contra, agregó que el alto índice de propagación de la COVID-19 en el país es una razón de peso para otorgar medidas de arrestos domiciliarios con el firme propósito de preservar la vida de los privados.
En este sentido, la experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que el equipo de su oficina que ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles, so pretexto del descongestionamiento de los calabozos de las mencionadas instituciones policiales.
Ratifica que el traslado de presos políticos a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y mental, Camejo reiteró que en Venezuela no se cumplen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Mandela, en razón de lo que hizo un llamado a los organismos competentes a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos.
