Mediante la Gaceta Oficial N° 42.125, publicada el 12 de mayo de 2021, se ordenó que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), deberán transferir al Ministerio del Servicio Penitenciario la custodia de personas privadas de libertad consideradas «presos políticos» por ONG y defensores de derechos humanos.
Asimismo, se exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento de la orden, «incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen» detenidas tanto en la Dgcim como en el Sebin.
Por su parte, Rafael Narváez, abogado defensor de derechos humanos, expresó en su cuenta de Twitter que transferir «presos políticos» a cárceles comunes no «borra huellas de tratos crueles».
La exdiputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, también expresó vía Twitter que la medida implica trasladar a los «presos políticos» a cárceles comunes.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país hay un total de 306 detenidos por causas políticas.
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