La liberación de los ocho millares venezolanos a manos de la disidencia de las FARC, exigió la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional, a la vez que abogó por la intermediación de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos para salvaguardar la vida de estos venezolanos.
La Comisión responsabiliza a Nicolás Maduro y Vladimir Padrino de los hechos, a consecuencia de las alianzas que tienen con grupos criminales “binacionales” que sostienen al régimen y controlan las rutas del narcotráfico que originaron el conflicto bélico en el estado fronterizo de Apure con Colombia.
El presidente encargado de la República de Venezuela, y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó alertó que estos militares venezolanos son prisioneros de guerra por parte de los socios –grupos irregulares extranjeros- de la dictadura de Nicolás Maduro y se solidarizó con los familiares de los funcionarios.
La diputada Gaby Arellano, presidente de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, denunció que producto del pacto y las mafias que tienen Nicolás Maduro con los cabecillas de la guerrilla colombiana de las FARC, bajo su complacencia permite que “el terrorista Iván Márquez, buscado por la justicia internacional, ejecute órdenes estratégicas a militares venezolanos que están en Apure, en defensa de sus negocios ilícitos y aseveró que por esta razón, el frente disidente de la Farc, de “Gentil Duarte” secuestró a los soldados connacionales.
Arellano alertó que la escala de violencia podría incrementarse y traspasar otras regiones. A su vez, advirtió que los funcionarios de las unidades de tropas militares medias y bajas que envíen a esa zona, están en riesgo de ser secuestrados, desaparecidos y asesinados por los grupos terroristas que se diputan el control de las mafias narcotraficantes, a causa del conflicto armado entre la Fuerzas Armadas y la guerrilla colombiana que se registrada desde el pasado 21 de marzo en el estado fronterizo de Apure.
Bajo mirada de la CPI
Mientras que la parlamentaria María Gabriela Hernández, ratificó que los derechos humanos de los venezolanos y el territorio venezolano se encuentran en absoluta vulnerabilidad y peligro, a consecuencia “de la acción continuada de un sistema criminal amparado en el sistema de justicia, donde impera la impunidad y viola flagrantemente la Constitución”.
A su juicio, estas acciones perpetradas por Nicolás Maduro, y toda la línea de mando se encuentra bajo investigación y observancia de la Corte Penal Internacional.
Hernández exigió en nombre de la Cámara legislativa, la liberación y respeto por sus vidas de los ocho militares venezolanos: Jhan Bemón, Jonny Jaguay, Álvaro Flores, José Ramos, Estiben Aular, Luis Coba, Paul Hernández, y José Torres.
Fe de Vida
El diputado Juan Carlos Bolívar, denunció el abandono de las tropas militares venezolanas enviadas al estado Apure y exigió al Alto mando de las Fuerzas Armadas encabezado por Vladimir Padrino, que en las próximas horas ofrezcan información a sus familiares y al país, sobre el estado de salud de los funcionarios castrenses.
Acusó al ministro usurpador Padrino por la grave crisis institucional que padece las Fuerzas Armadas, y aseguró que él “debe responder ante el pueblo y la justicia”.
Nación desprotegida
El diputado Freddy Superlano, afirmó que desde la “Asamblea Nacional hacemos votos para que los militares regresen sanos y salvos con sus familias en Venezuela”.
Añadió que “los soldados venezolanos no pueden seguir siendo carne de cañón por la disputa de un corredor fronterizo que deja ganancias suculentas a una pequeña cúpula del régimen, mientras muchos mueren de mengua”.
“El régimen no puede proteger a sus ciudadanos ni tampoco a sus militares. Demuestra una total ineficiencia a la hora de manejar conflictos de este índole, su capacidad operativa refleja cómo está un país que aun siendo de características totalitarias y militaristas, no está preparado para defender sus fronteras”, fustigó el parlamentario.
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