Un Acuerdo en el cual condena el fallo confiscatorio proferido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, en perjuicio del diario El Nacional, así como las medidas destinadas a ejecutar dicho acto, aprobó la Comisión Delgada de la Asamblea Nacional legítima.
El documento aprobado este martes 18 de mayo en la reunión trasmitida a través de la plataforma zoom, solicitó iniciar un procedimiento de investigación a cuyos efectos se encomienda a la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional su trámite, en contra de los intervinientes en los mencionados procesos judiciales por la aparente violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna; contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación del Parlamento Nacional, diputado por el estado Nueva Esparta, Jony Rahal quien presentó el Acuerdo, se comprometió a realizar todas las acciones pertinentes en conjunto con el representante permanente de Venezuela designado por el Gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, para denunciar todos los abusos contra la libertad de expresión que hay en Venezuela.
El parlamentario indicó que el país y el mundo entero fue testigo de como el régimen de Maduro asaltó las instalaciones del diario El Nacional, “se robaron las instalaciones del Nacional, un periódico que tiene más de 77 años al servicio de la libertad de expresión y la democracia en Venezuela”.
Indicó que “esbirros de la dictadura” ejecutaron una supuesta medida cautelar de embargo y una demanda por daños morales, a favor de “un inmoral como lo es Diosdado Cabello”.
Aseveró que con esa acción demostraron una vez más el abuso del poder, contraviniendo además, con el Código Procesal Civil donde establece que los embargos deben ejecutarse desde la 6 de la mañana hasta la 6 de la tarde, “pero ellos fueron en la noche, actuando como lo que son, unos delincuentes procediendo al margen de las leyes”.
Rahal denunció que esa acción de embargo no presentó una orden judicial, ni un decreto de medida, solo pegaron un cartel los organismos de seguridad de la dictadura y desalojaron a todo los que se encontraban en el lugar, tampoco tuvo presencia el juez ni el secretario o cualquier otro funcionario del TSJ.
Advirtió que todo funcionario que se preste para apoyar cualquier violación contra los derechos humanos tendrá que asumir sus responsabilidades y no podrán burlar la justicia internacional.
Sistemas dictatoriales temen a los medios de comunicación
El parlamentario Rafael Veloz, representante del estado Miranda señaló que las dictaduras disparan primero contra la justicia, penetrándola, comprándola y luego la mediatizan a su favor, de igual forma, lo hacen contra los medios de comunicación social.
“Esto lo hacen, porque los sistemas dictatoriales no pueden convivir con los medios de comunicación social, por eso los cierran, porque les tienen mucho miedo”.
Indicó que Diosdado Cabello accionó una ejecución política de confiscación, ante ello la familia del Nacional ha anunciado que ni se compra ni se vende y los trabajadores han demostrado su compromiso con el país.
“El régimen ha ofrecido al Nacional en ofrenda a Diosdado Cabello bajo el uso criminal de las sagradas togas de la justicia, construyendo un terrorismo de Estado”.
Única libertad que permite Maduro es ver morir de hambre el pueblo
El diputado por el estado Mérida, diputado Williams Dávila precisó que la toma militar de las instalaciones del diario El Nacional es una demostración del estado de dictadura que se vive en Venezuela.
“No hay liberad ni democracia, solo existe una máscara que utiliza el régimen para esconder sus intenciones contra la dignidad del pueblo de Venezuela. La única libertad que permite la dictadura de Maduro es la de morirse de hambre, porque en definitiva el que pasa hambre no puede ni hablar ni escribir, por eso elimina la libertad de expresión para que el pueblo siga entumecido”.
A juicio de Dávila, la toma de El Nacional es una acción represiva que viola los derechos de la propiedad, demostrando que el país además de no contar con una seguridad alimentaria, tampoco cuenta con seguridad jurídica.
“Qué inversionista extranjero vendrá a Venezuela si este Estado de dictadura desconoce los derechos de propiedad y el derecho de tener una justicia imparcial”.
Afirmó que solo en democracia se logrará la libertad de comercio, para contar con una economía sana y robusta.
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