Rafael Narváez, abogado defensor de Derechos Humanos, sentenció este martes, 18 de mayo, que transferir presos políticos a cárceles comunes no “borra huellas de tratos crueles”.
A través de su cuenta de Twitter, el abogado se refirió al decreto que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.
“Ordenar al Dgcim y Sebin transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario, no exonera de responsabilidad ni borran huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como el de Fernando Alban y Acosta Arévalo”, dijo el abogado.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, advirtió que la medida implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes.
El gobierno de Nicolás Maduro, mediante el Decreto 4.610, publicado en la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, ordena a la Dgcim y el Sebin transferir la custodia de los privados de libertad al referido ministerio, en un lapso de 30 a partir de la publicación del decreto.
La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.
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