Factores políticos que hacen vida en el estado Lara y diputados ante la Asamblea Nacional electa en el 2015 realizaron un parcantazo para exigir la liberación del periodista Roland Carreño y rechazar la toma ilegal de la sede de El Nacional por parte de la administración de Nicolás Maduro.
La actividad se desarrolló aproximadamente las 10:00 de la mañana de este lunes 17 de mayo en la avenida Lara con Leones, situada al este de Barquisimeto.
“Estamos exigiendo el cese del secuestro de Roland Carreño y su detención arbitraria simplemente por levantar su voz reclamando justicia, libertad y democracia para Venezuela. Igualmente estamos condenando el atropello que se ha instaurado en la sede de El Nacional violando desde todo punto de vista la garantías constitucionales y la libertad de expresión de la sociedad venezolana”, expresó Edgar Zambrano, vicepresidente nacional del partido Acción Democrática.
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Por su parte, Guillermo Palacios, diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Lara, recordó que el periodista lleva más de 200 días detenido injustamente.
“Es importante que estimulemos la lucha por la libertad de los presos políticos, civiles y militares para que puedan expresarse libremente sin restricciones. Nosotros creemos que lo que ha venido sucediendo en estos últimos años con los presos políticos es simplemente un intercambio que el régimen ha generado con el propósito de tener detenidas a personas reconocidas y así poder negociar concesiones”, manifestó Palacios.
Su colega Macario González coincide con la opinión de Palacios y agregó que en Venezuela “no existen presos políticos sino presos de conciencia”.
“En Venezuela hay 400 presos de conciencia; unos civiles como es el caso de Roland Carreño y más de 100 militares” detalló González.
Es importante recordar que Roland Carreño fue acusado el pasado 27 de octubre de 2020 por el régimen de Maduro supuestamente de participar en “planes conspirativos” contra la paz de Venezuela.
Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, vinculó a Carreño con la supuesta “entrega de armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.
