En Venezuela se vive situaciones inéditas en cuanto al funcionamiento del Estado, con instancias legítimas sin poder real y estructuras usurpadoras que bajo el amparo de las armas tienen control de la republica. Debido a esta parafernalia las leyes no tienen asidero material para ser cumplidas y de esta manera la lógica política se ha sobrepuesto sobre el Derecho y sobre la justicia que esta ciencia procura.
Valga esta introducción para entrarle al tema del nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y la posibilidad que de ello se deriva para la participación de la oposición democrática en las elecciones regionales y municipales previstas para este año. En primer lugar debemos ratificar como convicción ciudadana que desde hace años el país es víctima de la ilegitimidad que nació con la elección de una irrita Asamblea Nacional Constituyente y que contaminó todo lo que ella generó. Pero no obstante esta ilegitimidad, las instituciones de la república toman decisiones que por fuerza de la necesidad son acatadas por el pueblo y aunque califiquemos al régimen de dictadura, lo real es que aparentan ser parte de instituciones democráticas y algunos países, pocos, pero de un gran peso geopolítico reconocen esta impostura.
Así tenemos que estamos viviendo una tragedia en la cual el poder lo tiene un Estado invertebrado, en anomia, y la representación democrática descansa sobre una Asamblea Nacional que con todo y tener su periodo vencido se ha convertido en una trinchera moral donde se resguarda la esperanza democrática, entonces ¿Cómo cabe la Ley en este laberinto de contradicciones? No es fácil responder a la pregunta, pero vamos a intentarlo.
Además de ilegitimo, el nuevo CNE no es equilibrado porque para efectos prácticos tres a dos es lo mismo que cinco cero, para demostrarlo acudamos a la explicación que nos da manera brillante Moisés Troconis. Luego de precisar situaciones que se podrían presentar en el seno del CNE, escribe Troconis que el quórum de asistencia, deliberación y votación es de tres votos, esta mayoría oficialista baja a todos los órganos subordinados de esa institución dirigidos por tres de sus Rectores, en los cuales sólo requiere el voto afirmativo de dos de sus integrantes, de modo que todas las decisiones a cargo del órgano central del CNE y de las diferentes Comisiones podrán ser tomadas con el voto de los representantes de Maduro. Concluye en que la presencia en el Directorio del CNE de dos representantes del grupo de la oposición no altera la estructura de poder implantada por el chavismo. Por su parte Rodrigo Cabeza, en artículo publicado esta semana, además de precisar las condiciones que debería tener unas elecciones libres y democráticas, duda que el autoritario régimen las cumpla, recomendando a los recién designados Rectores del CNE de la oposición tener redactada ya la carta de la dignidad si son burlados o ridiculizados por la actual autocracia.
Estas consideraciones son un cierre letal sobre la polémica, pero resulta que en política la lógica no funciona con base en la ley, como lo hemos descrito más arriba, sino con base en múltiples factores que inciden sobre los escenarios y las coyunturas. Así tenemos que la fuerza opositora no está representada en dos rectores sino en la situación de precariedad del régimen. En lo militar tiene una crisis grave debido a la masacre que está cometiendo la guerrilla colombiana en contra de nuestro ejército, donde soldados imberbes hacen de tiro al blanco de unos guerrilleros adiestrados y mejor armados. En lo internacional el cerco se acentúa gracias a que el Gobierno de Biden, mas ducho que el anterior en lides diplomáticas, aprieta fuerte en fortalecer el liderazgo de Guaidó. En lo económico la situación del país es insostenible porque ni siquiera a sus grupos bajo control social el régimen puede suministrarle lo mínimo indispensable, mientras que policías y guardias intentan sobrevivir mediante el matraqueo. Entonces tenemos que el régimen no es que esté dando concesiones graciosas, sino que tiene el agua al cuello y busca de manera desesperada salir a flote.
Pero el problema es que esta nomenclatura se especializó en tareas de sobrevivencia extrema y cada vez saca alguna carta bajo la manga, siendo su mejor lance la debilidad opositora, desunida y en permanente conflicto y descalificación mutua. Ese es el gran talismán del régimen. Con base en esta desunión usa la interpretación de las leyes de manera que siempre hay un margen de duda sobre la pertinencia de una visión u otra respecto a la forma como debe ser aplicada y como puede ser valorada.
Nos toca entonces hacer un gran esfuerzo para comprimir opciones y ver cuál es la ley que debemos defender con preferencia, cuál es la savia legal que puede colaborar con el propósito de darle fuerza y poder a las verdades democráticas. En ello no debemos tener ninguna duda. La esencia legal que debemos defender es apoyar con todos los hierros a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional (AN) legítima. Si acaso hay alguna negociación no caer en polémicas entre nosotros sino avalar las propuestas que hagan Guaidó y la AN. Con ello estaremos cumpliendo con los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, pues no otra cosa propone Guaidó y la corriente auténticamente democrática: cumplir el deber de restaurar el contenido de nuestra Constitución y desconocer las órdenes que emanan de un régimen que contraría los valores democráticos y menoscaba los derechos humanos.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
