Venezolanos que retornan al país por la frontera con Brasil denuncian que son recibidos con nulos protocolos sanitarios para la prevención del contagio por COVID-19, y reportan retrasos en los traslados.
Los viajeros que se encuentran en el albergue ubicado en la Aduana Santa Elena, estado Bolívar, informaron que una vez se les hace la prueba PCR para confirmar si tiene COVID-19 o no, deben permanecer en el sitio por hasta seis días más, sin contar con protocolos de limpieza o alimentación digna. Además de eso, deben pagar hasta 30 dólares para ser llevados al albergue Mundo Sonrisas de Puerto Ordaz, aunque el servicio en teoría es gratuito.
El fin de semana los retornados protestaron sacando las maletas a la calle, para exigir a la autoridad militar encargada que coordinara un autobús que les permitiese llegar a Puerto Ordaz, para después poder ir a sus hogares, en distintos estados del país.
“Hay mucha gente que se viene sin recursos, se vienen porque les fue mal en otros países, aparte de que muchos teníamos hasta nueve días de viaje… y cuando llegas tienes que pagar 30 dólares el traslado, hay muchos que no tienen ese dinero”, manifestó uno de los afectados que solicitó mantener su nombre en reserva.
Los viajeros señalaron que en la frontera dependen únicamente de la alimentación que pueda brindar el Estado porque no hay sitios cercanos para comprar comida, conforme se alarga la estadía en el sitio, la situación se vuelve más precaria.
De acuerdo con el reporte, en la mañana y en la noche los retornados reciben solo una arepa pequeña rellena de salsa rosada, a veces con sabor – porque la carne no se ve- a sardina. Y de almuerzo reciben una porción de arroz solo, o con sardina.
“Es muy difícil estar aquí, por eso nuestro llamado es a que por lo menos ayuden a los venezolanos que están llegando, les preste el apoyo del transporte desde acá Pacaraima-Santa Elena a Puerto Ordaz lo más pronto posible”, reiteró.
Desde la frontera cerrada, el siguiente destino de los migrantes es el albergue ubicado en Mundo Sonrisas, en Puerto Ordaz. De ahí se emite la orden para hacer los traslados desde la frontera hasta allá, donde deben permanecer por 15 días más.
En el proceso, aparte de ser criminalizados por el Gobierno nacional y tildados de armas biológicas, son sometidos a las arbitrariedades de los funcionarios del Estado, pues denuncian que durante la estadía les quitan sus documentos de identidad y no se les entrega hasta tener órdenes de salida del albergue. “¿Por qué si estamos acá cuatro o cinco días con PCR negativo, nos mantienen 14 días encerrados? No entendemos por qué nos tienen que encerrar ahí”, denunció el vocero.
A un año de la pandemia por COVID-19 las condiciones precarias de los albergues y paradas temporales continúan. Desde que la pandemia golpeó toda Latinoamérica y otros países, muchos venezolanos que migraron hacia otras naciones huyendo de la emergencia humanitaria se quedaron sin fuentes de ingreso seguras, fueron desalojados de las viviendas en las que se hospedaban temporalmente, o aumentaron las limitaciones en los países de acogida y por lo tanto tenían todavía menos garantías de prosperar.
Al regresar al país se encontraron con albergues sin garantías de agua, saneamiento, higiene o alimentación digna. Aunque el Ejecutivo nacional prometió lo contrario, la vulneración de los derechos de los migrantes retornados se mantiene.
De acuerdo con el informe Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la COVID-19 de la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta septiembre de 2020, al menos 6 mil personas han retornado a Venezuela desde Brasil a través de los corredores humanitarios del país amazónico.
De acuerdo con el informe Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la COVID-19 de la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta septiembre de 2020, al menos 6 mil personas han retornado a Venezuela desde Brasil a través de los corredores humanitarios del país amazónico.
Sin embargo, al llegar a Venezuela los retornados deben enfrentarse a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), para que los retornos cumplan con estándares dignos, los venezolanos deben contar con la restitución plena de sus derechos, y tener garantía de seguridad personal sin discriminación, deben tener acceso a fuentes de ingreso, seguridad física y material.
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