Al menos 27 personas han muerto en Colombia en las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, mientras que aún hay 359 casos reportados como desapariciones que están en «proceso de verificación y ubicación», informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
A través de un informe elaborado en conjunto, los organismos precisaron que del total de homicidios reportados, 11 están ligados directamente a los hechos, 7 están en verificación y 9 no relacionados con los hechos.
Sin embargo, las cifras oficiales distan de lo planteado por organizaciones sociales como Temblores, que denuncia que desde el inicio de las manifestaciones hay «37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía, 936 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública», entre otros datos que han recogido.
Mientras el Gobierno busca encontrar consensos con distintos sectores políticos, económicos y sociales, las protestas, que comenzaron contra la ya retirada reforma tributaria, continúan ahora contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.
La Defensoría y la Fiscalía, entre tanto, señalaron que han recibido 548 reportes de «presuntos desaparecidos» y que ya han sido ubicadas 189 personas, por lo que aún hay 359 «en proceso de verificación y ubicación».
«Se advierte que continuamos permanentemente con la verificación, esto teniendo en cuenta el gran volumen y el corto tiempo que se ha tenido. Dentro de 24 horas se actualizará nuevamente», precisaron en su boletín ambos organismos.
Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, se mantiene como el epicentro de las protestas sociales y de la brutalidad policial en el décimo día de protestas en todo el país, con los bloqueos en las vías ahogando algunos establecimientos y la llegada de mercancías.
La violencia de los últimos días en las calles de varios barrios de la ciudad se ha cobrado la vida de más de una veintena de personas, según organizaciones sociales, en una ciudad a la que las autoridades nacionales enviaron unos 1.200 militares para supuestamente restaurar el orden.
